Consejo Gremial alerta por impacto en minería del decreto que delimita áreas de reserva

Como un claro desestimulo a la inversión en las regiones, que golpeará el empleo, y una vulneración del derecho fundamental a la participación, entre otros impactos, calificó el Consejo Gremial Nacional (CGN) la expedición del Decreto 044 de 2024, el cual establece los criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal.

 

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Los 33 gremios de la producción que hacen parte del CGN señalaron que con la medida expedida ningún proyecto, independiente del tamaño y mineral, recibirá autorización para desarrollar actividades en las áreas temporales que se definan, lo que sin duda alejará a los inversionistas. 

"Sorprende que no se considere el impacto en el desarrollo económico y social de las regiones, que causará la creación de estas áreas, pues no solo se verán afectados los proyectos mineros, sino todos los encadenamientos productivos que ellos tienen", advirtió la agremiación, que además señaló, que son muchos los sectores que hoy utilizan minerales como materia prima.

Significa que sectores como la construcción, la infraestructura y el saneamiento básico, entre otros, se verán abocados a traer los minerales de regiones apartadas o importarlos, si quieren continuar con sus actividades en el país, con los costos que esto implica para sus propios desarrollos. 

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Pero el CGN dice, además, que "el potencial del paı́s de usar minerales estratégicos para la transición energética justa se desperdiciarı́a, restando una oportunidad para el desarrollo social y económico regional y haciendo más costosa la descarbonización de la economı́a".

Uno de los principales efectos será por el lado de la generación de empleo, advierten los empresarios colombianos, quienes dicen que los efectos también se sentirán en la adopción de medidas ambientales para una clausura ordenada de la actividad, en el pago de impuestos al gobierno, en la continuidad de programas sociales locales y en el cumplimiento de compromisos contractuales nacionales e internacionales de los proyectos, de suministro de minerales.

Estes es "un escenario que sin duda genera un alto riesgo de demandas para el Estado y una pérdida de cohesión social en las zonas donde los proyectos en curso tengan que suspender sus operaciones", insistió el CGN.

Para la agremiación, la nueva norma desconoce los lineamientos que establecen los artículos 34 y 35 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas) para la exclusión y restricción de zonas de la minería, entre otras, al tiempo que crea una figura que no existe en la normatividad vigente "la reserva de recursos naturales de carácter temporal".

Ese Decreto, insiste el CGN, sumado a las iniciativas legislativas de creación de la empresa colombiana de minería – EcoMinerales y al proyecto de la Nueva Ley Minera, buscan inviabilizar el desarrollo de una actividad constitucionalmente permitida, reglada y que aporta de manera significativa a las finanzas públicas, para pasar a un modelo minero sujeto a amplía reglamentación por parte del Gobierno, centralista, priorizado para el consumo interno, y subsidiado por el Estado.

Los empresarios señalaron, que tienen un total respeto por las instituciones del paı́s, pero no por ello pueden abstenerse de expresa sus inquietudes por las consecuencias de dicha norma sobre el desarrollo del paı́s, por lo que hace un llamado al Gobierno Nacional para que se tengan en consideración esos argumentos y adopte los correctivos y aclaraciones que permitan fortalecer y ratificar los principios de estabilidad jurídica, libertad de empresa, respeto de los derechos adquiridos, al tiempo que promueva la participación real, incidente y efectiva de la ciudadanía.