Cambio climático: ¿damnificados o desplazados? Un debate necesario

Desde su cambuche improvisado con los escombros que quedaron de su casa, Aminta Robinson cuenta que sus padres salieron de Providencia en un vuelo humanitario porque la isla no era segura para ellos. “Aquí no ha parado de llover y la gente está a la intemperie. Mis padres, uno de ellos con hipertensión y cáncer, no se podían seguir mojando, por eso se fueron a San Andrés a casa de un amigo”, dice Aminta, once días después de que el huracán Iota destruyó casi toda la isla.

Una situación que espera sea temporal, porque está decidida a reconstruir su casa en Providencia y a traer a sus padres de vuelta. “Sé que la isla es muy vulnerable a los huracanes, pero esta es mi casa, aquí es bueno vivir. Lo único que podemos hacer es estar pendientes en la temporada de huracanes”, remata.

Para diferentes expertos, Aminta y su familia son el ejemplo perfecto de un concepto que se está construyendo en el mundo para identificar a las personas que han sido afectadas y han tenido que huir por el cambio climático. Aunque aún no hay consensos sobre cómo llamarlos, hay algunas nociones: desplazados por el clima, migrantes por el clima o desplazados forzados, etc.

Un término que permitiría pasar del asistencialismo, como ocurre generalmente con quienes son llamados damnificados, a ofrecerles una estrategia integral de atención de largo plazo.

¿Por qué es importante que el país, vulnerable a los efectos del cambio climático según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), construya y adopte este término?

EL TIEMPO consultó con varias expertas que están investigando el tema en Colombia y otros países. Y aunque también se consultó a la dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, no hubo respuesta de la cartera.

Desde Inglaterra, Juliana Vélez Echeverri, investigadora del Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales, explica que, si bien es un concepto que se está construyendo, muchos países han empezado a adoptarlo de acuerdo con su contexto sociopolítico.

“En el caso de las islas Fiyi, que están en gran vulnerabilidad por el aumento del nivel del mar, hablan de migrantes climáticos, porque saben que en cualquier momento van a tener que salir y tienen las condiciones para hacerlo. Incluso tienen un programa de gobierno que se llama ‘Migrar con dignidad’”, explicó Vélez.

Pero Colombia, el segundo país con más desplazados internos por violencia y conflicto armado en el mundo, después de Siria, “invisibiliza a quienes son desplazados por el clima, cuando deberían ser tratados igual que los desplazados por el conflicto armado, porque así lo señalan los principios rectores del desplazamiento que creó Naciones Unidas”, señala María Lucía Torres, profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y quien también ha adelantado investigaciones al respecto.

En ese sentido, para Torres, Colombia tiene una deuda legal con estas personas, a las que hoy llamamos damnificadas, “porque resulta que un desplazado es quien se ve forzado a abandonar su lugar habitual de residencia por la violencia, el conflicto armado, las fuertes alteraciones del orden público y las catástrofes naturales. La Corte Constitucional acoge esos principios, pero sesgadamente”, agregó Torres.

Según Torres, Providencia cumple todas las condiciones para llamar a su gente desplazada. “Para ellos debería existir la misma atención que recibe un desplazado por conflicto armado, teniendo en cuenta lo que ya he mencionado”.

Pero, claramente, no solo entrarían a todos aquellos afectados por desastres naturales de aparición espontánea, como los huracanes o inundaciones, también se debe tener en cuenta a quienes sufren por otros eventos de aparición lenta como el deshielo, el aumento de la temperatura, el aumento del nivel del mar.

En este caso, por ejemplo, entrarían los cultivadores de café, quienes debido al aumento de las temperaturas, tienen mayores problemas para producir el café, y se desplazan de sus fincas, porque ya no es rentable.

Para Vélez, quien adelanta una investigación sobre cómo las comunidades afectadas por desastres asociados al cambio climático utilizan mecanismos de movilización legal, hablar solo de desplazados climáticos, es muy problemático porque las migraciones no solo ocurren a causa del clima, y porque no es la única consecuencia.

“Tenemos que tener en cuenta que los desastres no ocurren porque son naturales, sino porque hay muchas condiciones sociales que los generan. Por ejemplo, si hay una inundación en un lugar cercano al río sin infraestructura adecuada, es posible que haya un desastre. Entonces, no solo se debe ver el cambio climático como causal, sino todas esas condiciones sociales que hacen que una comunidad sea vulnerable”, agrega.

Por otro lado, hay otras comunidades más vulnerables que son las que quedan atrapadas, las que no se pueden desplazar. En este caso, como Aminta, que no puede salir de Providencia y tampoco está dispuesta a hacerlo. Para ellas, dice Vélez, también se necesitan mecanismos de protección.

Ahora, ¿también son desplazadas por el clima aquellas personas que salen impulsadas por megaproyectos que contaminan? Para Torres, en estos casos las discusiones no son muy claras, por lo tanto es mejor no relacionarlas.

Sin tener datos oficiales de cuántos desplazados por el clima hay en el país, el reporte del primer trimestre del 2020 del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC) da señales de la magnitud de la situación en Colombia.

“En el primer semestre de 2020 hubo 11.000 nuevos desplazamientos como resultado de desastres”, señala la organización. Ahora, en 2019, dice el IDMC, los desastres, principalmente por inundaciones, “provocaron 35.000 desplazamientos en 2019 y alrededor de 5,6 millones de personas vivían en situación de desplazamiento a finales de año”.

Una cifra que seguirá creciendo, pues, además de que el país tiene un Plan Nacional de Erosión Costera, en el cual se identificaron puntos críticos en donde habrá reubicaciones en un corto plazo, el Ideam tiene muy claras las zonas del país que sufrirán por sequías o incremento del nivel del mar, lo cual provocará nuevos desplazamientos.

Ante ese panorama, estas expertas consideran necesario crear un marco de protección para estas personas, que requieren más que una ayuda humanitaria por determinado tiempo.

“Es muy importante establecer un marco conceptual que adopte la legislación en materia de vulnerabilidad social, en el marco de la adaptación al cambio climático. Hoy eso no es claro, porque hoy tenemos un Estado reactivo que llega con la comida y el albergue por una semana, pero resulta que es un tema de derechos”, señala Erika Castro Buitrago, abogada especialista en Derecho Ambiental y doctora en Ambiente y ordenación del territorio.

Tatiana Rojas Hernández

Redacción Medioambiente