Seguridad, clave para resguardar el futuro de la lucha contra la deforestación y la realización de la COP 16

En estos dos años de gestión el sector ambiental se ha convertido en el gran bastión del gobierno Petro. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, liderado por la ministra Susana Muhamad, ha sido el responsable de entregar algunos de los más importantes logros del Gobierno Nacional. En tan solo 730 días, se consiguió una disminución histórica de la deforestación, durante dos años continuos, alcanzando en 2023 la cifra más baja desde que se llevan registros; pero además, gracias a la gestión diplomática, el país se convirtió en el anfitrión de la Cumbre de Biodiversidad (COP16), que se realizará en Cali entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre.

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Colombia, que había registrado durante los dos últimos promedios mayores 160.000 hectáreas (ha) anuales de bosque deforestado, perdió en 2022 apenas 123.517 ha y en 2023 llegó a 79.256 ha; un hito que significó mayor apoyo y recursos por parte de la Unión Europea, que el mismo día en que se reveló la histórica cifra, anunció la entrega de 47.000 millones de pesos para la lucha contra la deforestación en el país.

Ese logro, además, será la gran apuesta para defender el discurso ambiental durante la COP16, otro de los grandes hitos. La cumbre, probablemente el mayor evento de carácter diplomático que ha realizado el país en su historia reciente, fue un logro de la ministra Muhamad, quien propuso que nuestro país fuese el anfitrión después de que Turquía -que ya había sido elegida para acoger la conferencia- renunciara a desarrollar la cumbre debido “a una situación de fuerza mayor creada por los tres terremotos destructivos ocurridos en febrero de 2023”.

Sumado a ello, el Gobierno también logró, con apoyos desde el Congreso, la ratificación del Acuerdo de Escazú, cuyo avance estaba estancado y que actualmente está solo a la espera de que termine su revisión por parte de la Corte Constitucional para empezar a regir como instrumento que pueda ayudar a la conservación y a la protección de los liderazgos ambientales.

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Según explica el presidente del Foro Nacional Ambiental y exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, el sector “sin duda” es el que se lleva la mejor calificación de todo el gobierno. “En muchas cosas estoy en desacuerdo con el gobierno. Pero el objetivo de reducir la deforestación y restaurar 745.000 hectáreas son dos compromisos que si se cumplen dejarían uno de los mayores legados para el país en la última década”, resalta el experto.

Si bien Colombia -en su concepto- ha logrado consolidar un liderazgo diplomático a nivel ambiental, “está mal” asegurar que se trata de algo nuevo, debido a que nuestro país ya ha sido la voz relevante en otras discusiones durante gobiernos anteriores, como por ejemplo durante la istración de Juan Manuel Santos en la construcción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que hoy se aplican a nivel mundial.

“Lo que sí veo enredada es la agenda de adaptación. Están trabajando en La Mojana y está por verse si el Gobierno puede recuperar la institucionalidad de la UNGRD tras el escándalo de corrupción. No ha arrancado el tema de la restauración del Canal del Dique, habría que preguntarse qué está pasando, porque la plata existe, están los contratos. Los dos grandes proyectos de adaptación que le correspondería a este gobierno implementar son el Canal del Dique -que implica una inversión de 3,2 billones- y La Mojana que no es simplemente cerrar o poner un dique, sino que es mucho más que eso”, resalta Rodríguez.

Por su parte, Benjamín Quesada, climatólogo y director del pregrado en Ciencias del Sistema Tierra de la Universidad del Rosario, enfatiza en que en materia de energías limpias y combustibles fósiles, ha faltado claridad y un plan contundente de alternativas económicas viables a la no exploración de nuevos yacimientos de combustibles fósiles; mientras que en transición energética, en su concepto, los planes se quedaron bastante cortos.

“No se creó el Instituto Nacional de Energías Limpias, no hubo reforma y nuevo Código de Minas para que fuese ambientalmente más amigable. No hubo fondos adicionales de regalías para la transición energética, y en biogás o aprovechamiento de residuos sólidos se quedó sin mayor avance a pesar de las necesidades y oportunidades. Lo que sí tuvo avances fueron unos proyectos y alguna atracción de financiamiento internacional en materia eólica y solar. Donde sí se presentaron implementaciones y logros fue en detener proyectos de fracking, en el fortalecimiento del plan de despliegue de vehículos eléctricos y de recuperación de transporte férreo”, resalta Quesada.

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Para el experto, de igual manera, la reducción de la deforestación es un logro que sin duda se debe catalogar como histórico, al igual que la ratificación del Acuerdo de Escazú y el intento por frenar la fracturación hidráulica para la explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos. “Sin embargo, como medidas ambientales que faltan por hacer se pueden nombrar por ejemplo: las cadenas de producción de carne cero deforestación, el aumento de inversiones en investigación en ciencias básicas y en instituciones ambientales (como el Instituto Humboldt o el Ideam) en un plan nacional integral de adaptación al cambio climático apoyado con estudios hidroclimáticos de los territorios y de las oportunidades de soluciones basadas en la naturaleza que se pueden ampliar”, destaca.

Finalmente, el investigador en temas ambientales y profesor de la Universidad del Rosario, Manuel Guzmán-Hennessey, resalta que si bien no existe una política directamente enfocada en cambio climático, sí es cierto que el actual gobierno ha integrado en el desarrollo de sus proyectos y normativas esta temática lo que, además, demuestra un cambio en la visión desde el Estado hacia el medioambiente.

“Los avances del Gobierno en el campo ambiental reflejan un cambio de época: se ha empezado a integrar la crisis climática en la política pública y se han dado señales de responsabilidad global al plantear las amenazas a la vida en los foros internacionales. El logro de la COP16 refleja este liderazgo global y representa un desafío para seguir avanzando en la defensa de nuestra biodiversidad. Falta lo que falta en el mundo: más educación y más compromisos sectoriales integrados”, destaca Guzmán-Hennessey.

Sin embargo, el desafío ahora es mantener lo alcanzado. Si bien la deforestación vivió dos años históricos, en 2024 esa tendencia parece estar cambiando a causa del actuar de los actores armados ilegales, quienes, como mecanismo de presión, han vuelto a permitir la tala en algunas zonas del llamado ‘Arco de deforestación amazónico’. De hecho, de acuerdo con el Ideam, durante el primer trimestre de 2024 se registró un aumento de más del 40 por ciento en las alertas tempranas de deforestación.

Eso llevó a que la ministra Muhamad advirtiera en abril de este año que la presión de las disidencias estaba aumentando la deforestación en el país. “El Estado Mayor Central (Emc) no nos está permitiendo entrar al territorio a cumplir el programa del Plan Nacional de Desarrollo. Pero no solamente eso: hemos también presenciado el asesinato de dos líderes ambientales. Así como también el desplazamiento del resguardo indígena Yaguará II, que han sido también amenazados por estos líderes. En este caso se está poniendo a la naturaleza en la mitad del conflicto”, aseguró Muhamad en una rueda de prensa realizada el pasado 8 de abril.

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Sumado a ello, la tensa situación de seguridad en Cauca y Valle del Cauca tiene en alerta a los líderes locales, como el alcalde de Cali, Alejandro Éder, y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quienes han pedido, junto a otras voces relevantes del gobierno nacional como la vicepresidente Francia Márquez y el canciller, Luis Gilberto Murillo, un cese al fuego por parte de los actores armados, para evitar que un recrudecimiento en la violencia en esta región pueda traducirse en una afectación a la COP16, que está a menos de 80 días de iniciar.

Según expertos, tanto la deforestación como la COP 16 y otros varios indicadores ambientales están, por ahora, atravesados por el factor seguridad, que será clave para definir si en dos años se podrá seguir celebrando o el baluarte ambiental caerá ante la violencia.

EDWIN CAICEDO

Periodista de Medioambiente y Salud

@CaicedoUcros