Un cable dejó en pausa la gran ampliación de un área protegida para salvar tortugas

A finales de 2022, tres consejos comunitarios de comunidades negras del Chocó celebraron, como si Colombia hubiese ganado un mundial de fútbol, el haber logrado terminar el proceso para ampliar el Santuario de Fauna y Flora Acandí, Playón y Playona. Esta área protegida multiplicaría su tamaño en cinco veces, y sería clave para la protección de distintas especies de tortugas y otras especies marina, además de la generación de empleos sostenibles a partir del turismo. Hoy, más de dos años después, el proceso de ampliación que ya había surtido todos los pasos sigue frenado por culpa de un cable que nadie tuvo en cuenta.

Crear el Santuario, un área protegida frente a las costas del caribe chocoano, tomó al menos 10 años. Allí, en 2013, se declararon 26.327 hectáreas (ha) como un ecosistema estratégico para salvar a varias especies, entre ellas las tortuga caná (Dermochelys coriacea), la carey (Eretmochelys imbricata), la verde (Chelonia mydas) y la cabezona (Caretta caretta). 

Luego, la discusión de su ampliación tomó casi otra década, y gracias al apoyo de organizaciones como WWF Colombia y la gestión de Parques Nacionales Naturales de Colombia, se llegó a un nuevo consenso en el que los consejos comunitarios de Cocomaseco, Cocomanorte y Cocomasur impulsaron el proceso de consulta previa, paso fundamental para el desarrollo de proyectos ambientales o ampliación de áreas protegidas, y dejaron todo listo para que el Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona tuviese en total 102.334,2 ha.

“Lo que está sucediendo acá con los tres consejos comunitarios es el deber ser para la gestión de un área protegida. Acá ha sido fundamental que se hayan hecho acuerdos con los consejos para participar en todo el proceso, se adelantó la consulta previa, se establecieron las medidas de manejo. Eso es fundamental, y debería ser así en todos los sitios. No sucede así en todas las áreas del país y esperaríamos que este fuera un ejemplo, un caso de éxito para replicar la buena gobernanza con participación comunitaria”, le dijo a EL TIEMPO en 2022 el ecólogo Carlos Mauricio Herrera, quien en ese entonces asesoró el proceso desde WWF Colombia.

En ese momento, hace dos años, ya se daba por hecho que esta área protegida se iba a ampliar e iba a ser clave en la creación de un corredor marino en el Caribe, un área libre de pesca industrial donde las especies pudiesen existir en convivencia con las personas. Sin embargo, eso finalmente no pasó. Meses después de que todo estuviese listo, un cable de interconexión eléctrica (planteado también hace más de una década) frenó los planes.

Se trata del cable submarino de Interconexión Eléctrica Colombia – Panamá (I), desarrollado por ISA Interconexión Eléctrica. De acuerdo con la empresa energética, cuando Parques Nacionales Naturales de Colombia, como encargado del proyecto de ampliación, convocó el trámite istrativo de procedencia y oportunidad de la Consulta Previa ante la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DAN) del Ministerio del Interior, ni ISA ni el proyecto de Interconexión Colombia - Panamá fueron convocados a participar en la consulta previa.

En ese sentido, lo que sucedió es que una parte de la ruta planteada para el paso de dicho cable (que aún no existe pero que es clave para la venta de energía de Colombia hacia centroamérica y viceversa) se traslapa con el polígono de ampliación en la zona noroccidental. En total una extensión de 20 kilómetros de cable (de los 130 que conforman la línea) pasarían por donde se amplía el área protegida.

“Realmente el tema del traslape es en la esquinita superior. Es un triangulito en la esquina superior”, asegura Andres Villegas Ramelli, director de Planeación y Evaluación en ISA.

En su concepto, lo que pasó es que no hubo la sinergia necesaria y por eso ambos procesos, claves para el país, ahora están frenados. Por una parte, de acuerdo con ISA, la interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá busca consolidar los proyectos de interconexión y el mercado regional en el marco del Proyecto Mesoamérica y su ejecución permitiría la integración del mercado Andino con el mercado Centroamericano. Por el otro, según explicaron las comunidades, el Santuario debe ser ampliado para mejorar la capacidad de conservación de especies que hay en el área y que hoy se ven afectadas, entre otras cosas, por la pesca ilegal y la sobrepesca.

Pero más grave aún, la problemática se ahonda cuando se tiene en cuenta que ambas partes ya desarrollaron estudios previos que tomaron varios años, y cambiarlos podría alargar el proceso de que cualquiera de los dos proyectos llegara a término. Por ejemplo, si Parques Nacionales cambiara el proyecto y los polígonos de ampliación, tendría que volver a repetir todo el proceso con las comunidades, los técnicos y los demás estamentos necesarios, lo que podría fácilmente tomar otra década.

Mientras que si ISA lo hiciera tendría que volver a desarrollar todo un concepto técnico. Según la organización, si bien este proyecto tiene más de 20 años en planeación y estudios de factibilidad, desde el año 2020 comenzaron los estudios ambientales y técnicos con la definición actual del proyecto; lo que tomó más de 4 años. Por lo que un cambio en el trazado actual implicaría iniciar con nuevos estudios ambientales y técnicos con el fin de poder cumplir con la legislación en términos de licenciamiento ambiental, impactando, según la compañía, los compromisos y objetivos del gobierno frente a los acuerdos binacionales con el gobierno de Panamá.

Ahora, ambas organizaciones están en el mismo punto, y al igual que en la Cumbre de Biodiversidad (COP16) la única solución será negociar. Según le explicó a EL TIEMPO Luisz Olmedo Martínez, director General de Parques Nacionales Naturales de Colombia, la declaración de áreas protegidas o su ampliación son procesos complejos que requieren la revisión de múltiples factores ambientales, sociales, políticos e institucionales y en caso del Santuario de Fauna y Flora Acandí, Playón y Playona este es una prioridad nacional, por lo que la iniciativa ha continuado su curso.

De acuerdo con el funcionario, tras un proceso de diálogo entre ambas partes, actualmente se trabaja en llegar a un consenso que permita a ISA establecer el cable de interconexión y a Parques Nacionales ampliar el Santuario, un área protegida que además ha sido ejemplo a seguir en temas de coordinación y apoyo entre las comunidades y la institucionales.

“Se identificó la necesidad de posibilitar la coexistencia de dos proyectos de importancia nacional: la ampliación del Santuario y la interconexión eléctrica con Centroamérica. Ambos procesos se remontan a más de 10 años. Después de un análisis detallado con los sectores involucrados, se ha identificado una ruta que permite avanzar en ambos proyectos para beneficio del país. Ahora, como Parques Nacionales Naturales de Colombia, nos corresponde continuar este proceso desde el punto de vista técnico-científico y, sobre todo, junto con las comunidades, que han acompañado este proceso de conservación con entusiasmo y compromiso”, resaltó Martínez.

La ampliación del área protegida se ha vuelto cada vez más fundamental, según han denunciado de la comunidad como Emigdio Pertuz, representante legal del Consejo Comunitario Cocomanorte. Hace tan solo algunos días, el líder alertaba sobre cómo frente a las costas protegidas de la zona se estaba pescando con trasmallo, una técnica de arrastre altamente nociva para los ecosistemas.

El biólogo marino y director de Sharky Management and Consulting, Carlos Julio Polo, explica que la ampliación de estas áreas es clave no solo para la conservación de especies sombrillas como las tortugas, sino también para la consolidación de un corredor marino en el Caribe, una deuda de los países que se han concentrado en mayor medida en la región Pacífica.

“Una de las ventajas de poder ampliar las áreas protegidas y seguir creando corredores marinos es que este es el mecanismo que tenemos para crear esos caminos, esas vías que tenemos para proteger especies migratorias como los tiburones”, enfatiza el experto.

Por ahora, solo un acuerdo que permita a ambas partes avanzar sin afectar a las especies pero sin impactar en el ecosistema, podrá resultar en la solución que requiere el Caribe para empezar a crear el megacorredor marino en el que las tortugas puedan llegar a las costas de Colombia y el país pueda cumplir también sus objetivos económicos.

EDWIN CAICEDO

Redacción Medioambiente