Brecha pensional: las mujeres tienen más trabas para jubilarse

Los cambios en los sistemas pensionales son una realidad global. En todo el mundo, los países están reformándolos para garantizar el de las mujeres a estos, principalmente reconociendo su trabajo de cuidado no remunerado.

En el Reino Unido, las reformas de 2016 simplificaron y aseguraron la sostenibilidad de la pensión estatal, fomentando el ahorro privado como complemento. Durante el presente año fueron adoptados nuevos cambios que benefician especialmente a mujeres, personas cuidadoras e independientes, promoviendo una igualdad de género en el a las pensiones. La implementación de inscripción automática al sistema pensional ha aumentado significativamente la participación femenina en las pensiones, al pasar del 40 % en 2012 al 86 % en 2022.

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También el crédito de pensión proporciona apoyo adicional a personas de bajos ingresos, con ajustes para discapacidades, cuidado y costos de vivienda. Como resultado, las tasas de pobreza entre jubilados ha disminuido, y se esperan aumentos considerables en las tasas de beneficios en 2024-2025.

En Suecia, aunque el sistema de pensiones es neutral en cuanto a edad y semanas de cotización, existe una participación del Estado que financia periodos de interrupción laboral por desempleo, maternidad, paternidad, enfermedad y discapacidad, así como periodos de cuidado infantil hasta los cuatro años. Para esto último, ofrece tres tipos de créditos: uno basado en los ingresos laborales del padre o madre que se retira o reduce su jornada laboral por cuidado, otro basado en el 75 % del ingreso laboral medio del año anterior al nacimiento y un tercero para quienes mantienen su jornada laboral sin cambios, con un monto uniforme de referencia para cuidado infantil.

Las transformaciones a nivel de América Latina muestran que la región también ha avanzado en la adopción de ajustes para el reconocimiento del trabajo de cuidado no remunerado por parte de las mujeres. Desde 2009, en Chile se han implementado cambios importantes en su sistema pensional, incluyendo un bono estatal para mujeres por cada hijo nacido o adoptado (solo hasta cinco hijos), depositado en sus cuentas individuales. También se reconoció el trabajo de cuidado al dividir los saldos en las cuentas individuales de cónyuges en caso de divorcio, beneficiando a quienes se dedican al hogar y la crianza. Además, se introdujo la separación por sexo en la licitación del seguro de invalidez y sobrevivencia, ajustando las primas según la esperanza de vida y la accidentabilidad, lo que incrementó las pensiones autofinanciadas en aproximadamente un 5 %.

Por su parte, en Argentina, el Decreto 475 de 2021 introdujo el programa ‘Beneficio de aportes por tareas de cuidado’, con el objetivo de promover la equidad de género en el sistema de pensiones. La istración Nacional de la Seguridad Social (Anses) destaca que este reconocimiento busca corregir una desigualdad histórica al valorar el tiempo dedicado por las mujeres a la crianza, facilitando el al mercado laboral y a la pensión, especialmente para aquellas que enfrentan dificultades debido a su rol como cuidadoras principales.

En Colombia existe una mayor prevalencia de pobreza extrema en las mujeres, como lo indican las cifras de la incidencia de pobreza monetaria extrema: entre 19 a 28 años es del 23,3 %, del 17,9 % para las mujeres de 29 a 59 años, y del 10,5 % para las mayores de 60 años. La brecha económica de las mujeres con respecto a los hombres se ubica en 9,9, en 6,0 y en 0,5 puntos porcentuales, respectivamente, según datos del Dane (2022). 

Un aspecto estructural identificado como el origen de esta situación es la prevalencia de condiciones precarias de al empleo en las que se destaca la alta participación en el empleo informal, mayores tasas de desempleo, menos participación en el sistema pensional y un ingreso medio más bajo.

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Existen otros dos aspectos donde se presentan brechas: las semanas de cotización promedio y el ingreso base de cotización (IBC) promedio. Según datos del régimen de prima media (RPM) de Colpensiones del 2021, mientras que los hombres presentaron un promedio total de 452 semanas cotizadas, las mujeres cotizaron solamente un total promedio de 374 semanas, es decir, un diferencial promedio de 78 semanas entre hombres y mujeres.

Con respecto al IBC, mientras el promedio de este ingreso en los hombres se ubicó en $ 1’617.009, para las mujeres fue de aproximadamente $ 1’493.318, por lo que se calcularía un diferencial de casi $ 125.000 del IBC.

En la participación de cada sexo dentro del total de pensionados, solamente el 43,2 % del total de personas pensionadas en el RPM en 2021 eran mujeres. De acuerdo con el tipo de riesgo de las personas pensionadas, se puede identificar que las mujeres representan 48 % por vejez, 87 % por sobrevivientes y 38 % por invalidez. Otro dato para resaltar es que mientras que los rangos salariales aumentan, la participación femenina se reduce, por lo que se concluye que las mujeres se encuentran menos representadas en términos pensionales en los niveles más altos de ingresos.

El 16 de julio, el presidente Gustavo Petro sancionó el nuevo sistema de protección social integral que abarca vejez, invalidez y muerte por causas comunes, basado en cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario. Este sistema marca un cambio respecto al anterior (Ley 100 de 1993), que constaba de dos regímenes: el solidario de prima media y el de ahorro individual con solidaridad.

En 2023, la Corte Constitucional estableció que las mujeres podrían obtener pensión por vejez si cumplen dos requisitos: haber cumplido 55 años y contar con 1.000 semanas cotizadas. Y la nueva reforma establece cuatro cambios:

–Pilar solidario: cobertura para mujeres mayores de 50 años con pérdida de capacidad laboral superior al 50 % y sin ingresos, así como a mujeres de 60 años en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad.

–Pilar semicontributivo: cobertura para mujeres de 60 años o más que han contribuido entre 300 y menos de 1.000 semanas al sistema y tienen derecho a un beneficio económico, financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación y cotizaciones.

–Pilar contributivo: dirigido a los trabajadores dependientes e independientes, servidores públicos y las personas en capacidad de pago para cotización, y compuesto por la prima media y de ahorro individual. En este, las condiciones son 57 años para las mujeres y 1.300 semanas cotizadas, esta última exigencia se empezará a disminuir con 25 semanas cada año hasta llegar a 1.000 semanas en 2036.

–Reconocimiento a la maternidad: se otorga un beneficio de semanas a mujeres con hijos como reconocimiento al trabajo no remunerado, reduciendo en 50 semanas el requisito por cada hijo nacido o adoptado, hasta un mínimo de 850 semanas por un máximo de tres hijos.

Esta reforma no solo abre nuevas oportunidades, sino que también representa un paso crucial hacia la equidad de género. Reconoce el valor del trabajo no remunerado en la crianza de los hijos al reducir el tiempo necesario para acceder a la pensión considerando que las responsabilidades de cuidado son fundamentales.

Además, garantiza el a la pensión para mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad. Estos esfuerzos podrían haber sido implementados anteriormente en el sistema pensional, tomando como ejemplo a Chile y Argentina. Sin embargo, estos pasos iniciales solo comienzan a abordar los desafíos más profundos que afectan el de las mujeres a recursos económicos durante la vejez.

El desafío sigue siendo mayor. Hoy resulta esencial que se promueva una mayor participación femenina en el mercado laboral formal, reemplazando los trabajos informales que conlleva inestabilidad y menos protección laboral.

No podemos terminar sin antes mencionar que el cambio cultural es importante, dado que se siguen presentando dinámicas de discriminación y segregación en diversos sectores de la economía, así como espacios de inseguridad y acoso, que limitan la participación de las mujeres en el empleo formal.

Por esta razón, es necesario trabajar en las normas culturales que limitan las oportunidades de la mujer a nivel laboral, ya que las disparidades mencionadas se pueden exacerbar en mayor o menor grado cuando se suman condiciones como la edad, el autorreconocimiento étnico, el nivel de ingresos, el lugar de residencia, la discapacidad, el estatus de migrante o de desplazada.

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Además, la temprana implicación de las mujeres en el trabajo doméstico y de cuidado limita su participación en el mercado laboral y las expone a interrupciones por desempleo, maternidad, enfermedad y discapacidad. Para avanzar hacia la equidad de género se necesita una mayor contribución de los hombres en el trabajo no remunerado.

Finalmente, es importante mencionar que la integración de un enfoque de género promueve la equidad y justicia social, y también puede contribuir a la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones.

Primero, si se incluyen medidas como licencias parentales, reconocimiento de las labores de cuidado y la provisión de servicios de cuidado, se puede aumentar la participación laboral de las mujeres, que a su vez significa más mujeres contribuyentes al sistema de pensiones. Segundo, al reducir la brecha salarial de género, las mujeres ganan salarios más altos, lo que resulta en contribuciones mayores al sistema de pensiones.

Y tercero, al incentivar la corresponsabilidad en las tareas de cuidado mediante licencias parentales compartidas y no transferibles, ambos padres pueden participar en el cuidado de los hijos, esto resulta en una permanencia más constante de las mujeres en el mercado laboral.

TATIANA GÉLVEZ RUBIO (*) Y PAULA RAMOS JIMÉNEZ (**)

RAZÓN PÚBLICA (***)

(*) Economista, docente e investigadora de la Facultad de Economía, Universidad Externado. Doctora en Gobierno de la Universidad de Essex, magíster en Política Internacional Comparada de la Universidad de Southampton.

(**) Magíster en Economía Aplicada de la Universidad de los Andes, economista de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

(***) Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia. Este texto fue editado por cuestiones de espacio.