Las pesquisas judiciales que enfrenta el exsenador y exembajador en Venezuela Armando Benedetti Villaneda tuvieron ayer un nuevo giro, pues la Fiscalía General decidió remitirle a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia cuatro procesos en investigación, al estimar que ya no tiene competencia para seguir avanzando en esos casos.
De esos procesos, tres estaban inicialmente en la Corte Suprema y habían pasado a la Fiscalía el 7 de septiembre de 2022: uno por presunto enriquecimiento ilícito porque supuestamente tendría por justificar 2.919 millones de pesos que no habrían llegado por su actividad como congresista.
El caso lo tenía la magistrada Cristina Lombana, y estaba para resolverse una recusación que la defensa de Benedetti presentó en su contra, que debía proyectar el magistrado Cesar Reyes. El caso deberá volver a esa misma instancia para resolver ese recurso y seguir la fase de investigación.
Los otros que también se iniciaron en la Corte y, en principio, volverían a los despachos que los tenían, son uno por “posibles actividades ilícitas tales como la financiación de campañas políticas con recursos públicos, clonación de cédulas y financiación de grupos paramilitares”; y otro por presunta “desviación de recursos e irregularidades en la contratación en el Fondo financiero de proyectos de Desarrollo (Fonade)”.
El único caso que es nuevo es el que tiene que ver con la supuesta entrada de 15.000 millones de pesos a la campaña presidencial de Gustavo Petro, hoy Jefe de Estado, que se abrió luego de la revelación de conversaciones entre Benedetti y Laura Sarabia Torres, exjefa del Gabinete de la Presidencia de la República. Ese expediente estaba en indagación en la Fiscalía General de la Nación, y ya la Corte Suprema viene indagando estos hechos.
Los casos que no remitió el ente acusador, pero que el alto tribunal le había enviado, tienen que ver con una denuncia presentada por supuesta interferencia en el escándalo del contrato de Centros Poblados; una denuncia que interpuso el abogado Jaime Lombana por supuesta violación ilícita de comunicaciones, y una más por injuria y calumnia.
Luego de que la Fiscalía hizo el anuncio, el exembajador dijo que esto no tiene mayor implicación para sus procesos: “¿Por qué creen que regresar a la Corte, ante quien siempre he respondido por 20 años y cuyas decisiones siempre he respetado, es sinónimo de algo?”.
Eso sí, los procesos penales en su contra volverán a una etapa avanzada, ya que en la Fiscalía debía empezar de cero su análisis y valoración de evidencias y petición de pruebas. El más avanzado es el de enriquecimiento ilícito, en el cual Benedetti rindió indagatoria y ampliación de la misma, lo mismo que en el de Fonade.
En cuanto al primer caso, el exsenador ha tenido una fuerte estrategia de defensa, en la que ha cuestionado de diversas formas a la magistrada investigadora y, por eso mismo, se tendrá que resolver la recusación que este presentó. Benedetti, además, expuso su propio informe pericial para controvertir el realizado por la Corte Suprema, y ha insistido en que no tiene dineros por justificar.
Cuando se resuelvan estos requerimientos, la Corte deberá determinar si cierra la fase de pruebas y procede a acusar o a archivar el proceso contra el exembajador.
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