Con un empate de 4 a 4 entre sus magistrados, este jueves la Sala Plena de la Corte Constitucional no tomó una decisión de fondo frente al impuesto al patrimonio, el cual fue creado en la reforma tributaria del Gobierno Nacional para aquellos ciudadanos con patrimonios superiores a los 3.388 millones de pesos.
Frente a esta medida contemplada en la Ley 2277 de 2022, algunas personas iniciaron acciones judiciales, en concreto con dos demandas sobre las cuales se tenía previsto que se pronunciara el pleno del alto tribunal.
En sus recursos, los demandantes y abogados Guillermo Otálora Lozano y Humberto Sierra Porto anotaron que de prosperar, este será el primer impuesto permanente desde que se creó la Constitución de 1991. Esto debido a que las personas tendrán que tributar cada año por una parte de su patrimonio, lo que haría que a lo largo del tiempo pueda reducirse. Además, argumentaron que este impuesto iba a acumularse a otros que ya tienen algunas personas en Colombia.
En la Corte, la ponencia le correspondió al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien junto a sus compañeros debatió si son o no inconstitucionales los cinco artículos que hablan de este impuesto en la tributaria. Luego de una discusión en la Sala Plena del jueves, la magistratura no llegó a un acuerdo porque cuatro votaron a favor de la ponencia -que tumba el articulado- (Ibáñez, Antonio José Lizarazo, Paola Meneses y José Fernando Reyes); y otras cuatro votaron en contra (Diana Fajardo, Cristina Pardo, Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel Cabo).
Por su parte, el magistrado Vladimir Fernández estuvo al margen de la discusión debido al impedimento relacionado a que para la época del trámite de la reforma en el Congreso -y construcción del impuesto- hacía parte del Gobierno como secretario jurídico de la Presidencia de la República.
Sala Plena de la Corte Constitucional. Foto:Cortesía
Con esto, será la conjuez Clara Cecilia Dueñas quien en los próximos días -si acepta el expediente- entrará a zanjar el debate sobre el futuro constitucional de los cinco artículos demandados por los dos juristas, uno de ellos integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sierra Porto). En este debate, la Procuraduría General de la Nación pidió declarar inconstitucionales los apartes demandados.
Carlos López - Redacción Justicia - @CarlosL49 - carben@eltiempo.com
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