Piden al Gobierno agilizar ley para atender la obesidad como prioridad de salud pública
Corte solicitó a las EPS diseñar un programa de apoyo psicológico para pacientes con sobrepeso.
Expertos señalan que la obesidad y el consumo de grasas saturadas pueden estar relacionados. Foto: iStock
Periodista JudicialActualizado:
La Corte Constitucional hizo un nuevo llamado a las Entidades Promotoras de Salud y al Gobierno con relación a la obesidad como una enfermedad catalogada como una prioridad en materia de salud pública.
El alto tribunal señaló que la obesidad es “un tema que afecta a los adultos y también a los niños, niñas y adolescentes” y reconoce que si bien se han implementado medidas para prevenir la obesidad, estas “no han sido suficientes” y ahora el padecimiento de la enfermedad permeó a la población en conjunto.
Tal señalamiento se dio tras el estudio de una tutela que presentó una mujer en contra Nueva EPS, toda vez que se negó a realizarle una valoración multidisciplinaria que determinara si ella era apta para la práctica de una cirugía bariátrica.
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“La negativa del servicio médico constituyó una vulneración de los derechos a la salud, la vida digna y el mínimo vital” de la mujer accionante, consideró la Corte.
La medida fue ordenada por la Corte Constitucional. Foto:Cortesía Corte Constitucional
Dicha tutela fue negada en primera y segunda debido a que se consideró que no existían órdenes médicas que permitieran establecer que la accionante presentaba un diagnóstico de salud que pusiera en riesgo su salud y sus condiciones de vida digna.
Sin embargo, la Sala Novena de Revisión, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes, amparó los derechos a la salud en su faceta de diagnóstico y a la vida digna de la mujer, “porque consideró que se pasó por alto que la enfermedad de obesidad le ha generado afectaciones físicas y psicológicas, lo cual además, se traduce en una limitación para vivir en plenitud”.
Obesidad Foto:iStock
Tras su estudio, el alto tribunal llamó la atención al Gobierno nacional, respecto del deber que tiene “de reglamentar y promover políticas públicas sobre alimentación saludable, actividad física y educación de los riesgos asociados a los malos hábitos de consumo. Lo anterior, por cuanto la obesidad es un asunto prioritario de salud pública”.
También, le ordenó a la EPS “implementar políticas de prevención de la obesidad y conformar un programa de apoyo psicológico para los s de su red que presentan la enfermedad de obesidad y/o sobrepeso”.
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