La pelea judicial por el costoso megalote en el que está el famoso Palo del Ahorcado

El Palo del Ahorcado, famoso por ser uno de los mayores centros de peregrinación de Bogotá, es el epicentro de una pelea por quedarse con ese terreno que supera las 300 hectáreas y que en los estrados judiciales tiene a varias personas salpicadas, entre ellas a un exnarcotraficante extraditado, un funcionario de la SAE y una excorregidora.

(Puede ver: El motín en cárcel de Tuluá por el cual van a juicio disciplinario guardias del Inpec)

El megalote está dividido en varias partes, las cuales tienen una historia judicial que lleva a los años 2012 y 2016, cuando fueron compradas por Eduardo Romano, representante legal de Suever SAS, y sus socios, quienes denuncian que a través de papeles falsos y actuaciones irregulares han intentado quitárselos.

El lugar está ubicado en la parte alta de Ciudad Bolívar, en Bogotá, y parte de él fue adquirido a los hijos del extraditado Horacio Triana luego de un estudio para saber si era legal la tierra, en la que además al lado está la mina para explotar diversos materiales como grabilla.

(Le dejamos: Este es el expediente en Fiscalía que enreda a seis congresistas en trama de corrupción)

EL TIEMPO tuvo a documentos en poder de la Fiscalía General de la Nación, en los cuales aparece que el negocio arrancó bien, sin embargo, empezaron los problemas cuando Rafael Armando Forero, hijo del excongresista Rafael Forero Fetecua, llegó a decirle a Eduardo Romano que el inmueble La Azotea -uno de los que compone el megalote- era de él.

Según consta en una denuncia, lo hizo a través de una querella de policía que puso el 3 de marzo de 2017 ante la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, supuestamente "por conductas que en su sentir perturbaban la posesión que venía ejerciendo sobre un supuesto predio de su propiedad".

El trámite le correspondió a la corregidora de la vereda Mochuelo Alto, Luz Helena Guerra, quien precisamente está en juicio por ese caso. Resulta que tras la querella y pese a los reclamos de los afectados, le dieron el derecho de posesión a Forero Pulido, pero para la Fiscalía ese fallo emitido al parecer es contrario a la ley por varias razones.

Una de ellas porque el predio que pidió el hijo del excongresista no es el de Eduardo Romano y sus socios. Es decir, inmuebles totalmente distintos (el pretendido y el vinculado), dice en el escrito de acusación contra la corregidora.

"El fallo no delimitó, no alinderó lo que se pretendía entregar y es así como se vinculó y sancionó por un folio de matrícula diferente al de las pretensiones del querellante", argumentó la Fiscalía, añadiendo que la corregidora no envió la carpeta a una segunda instancia, como lo habían reclamado los abogados de los verdaderos dueños.

(Puede leer: Fiscalía imputó a Carlos Mario Marín, alcalde de Manizales)

Los delitos que enfrenta la corregidora son prevaricato por acción, prevaricato por omisión y falsedad en documento público, por los cuales está citada este 13 de diciembre para continuar el juicio en contra.

En este supuesto plan para cambiar con papeles alterados a los propietarios del predio, avaluado en cerca de 80.000 millones de pesos, hay otro capítulo. Y es que en 2019 Romano fue ado por Edilberto Herrera, un inversionista conocido suyo que le dijo, según la denuncia, que una persona que recién había llegado de extradición lo necesitaba.

Se trata del exnarcotraficante Ignacio Álvarez Meyendorff, quien supuestamente dijo que era el dueño de la tierra donde está el ‘Palo’. Así reposa en una denuncia por presunta extorsión y amenazas, en la que se lee que Eduardo Romano, al ver que su tierra volvió a estar en problemas, documentó que se fue a ver personalmente con Meyendorff.

Como esa se dieron varias citas en reconocidos hoteles de Bogotá, en las que aparecieron viejos conocidos de los afectados y salieron supuestamente advertencias de Meyendorff de que iban a arreglar a “sangre”. También, la amenaza de que iban a solucionar el tema, incluyendo el predio en un proceso de extinción de dominio en la Fiscalía, a través del ‘Flaco’ Úsuga.

Otra de las reuniones claves se dio en Medellín, y a ella fueron socios de Romano, pero no él. Y de acuerdo a la denuncia contra el extraditado, los socios estuvieron cuando Meyendorff “menciona el nombre de funcionarios de alto nivel como Catalina Noguera, exdirectora de Extinción (procesada por un caso de corrupción)”.

(Le sugerimos: Juez fijó fecha para la audiencia de acusación contra Nicolás Petro en Barranquilla)

Precisamente, después de que decidieron denunciar lo sucedido, 20 días después apareció un proceso de extinción en la Fiscalía que les arrebató a los dueños el manejo de la mina. Según un interrogatorio que entregó Romano a los investigadores, en el que se habla de alguien llamado Carlos Ramón, alias El Médico, “pudo evidenciar que Ignacio Álvarez adelantó acciones civiles por esos predios a través de los tierreros con acciones fraudulentos”.

Al ser decomisada, en 2020 la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tomó el manejo de la mina La Sacan SAS, que queda en parte del megalote. Y de acuerdo a otra denuncia en poder de este diario, desde entonces se hicieron supuestas movidas sospechosas para cambiar a los es del negocio. Tal es así que la denuncia va en contra de funcionarios de la SAE, mencionando especialmente a Ronald Casallas.

“Es innegable que desde que la SAE asumió el control de La Sacan ha existido un aparente entramado corrupto de parte de particulares y servidores públicos por hacerse de la explotación de los derechos mineros”, dice la denuncia interpuesta por la firma Alzate Hernández Abogados.

(Puede ver: ‘Paz total’: los límites que le puso la Corte a política bandera del gobierno Petro)

Según fuentes de la SAE, Casallas tiene un proceso disciplinario abierto por otro escándalo relacionado con hoteles en Chocó, y que respecto a lo que pasa con la mina La Sacan todo está en regla a nivel jurídico y medioambiental, pero han recibido quejas de gente de Ciudad Bolívar relacionadas con contaminación ambiental debido al funcionamiento de la mina.

Con estos papeleos, de acuerdo a la defensa de Romano, se espera que la Fiscalía tome acciones frente a los mencionados en el caso, a la par de que se resuelva el lío por extinción de dominio del predio.

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET