El motín en cárcel de Tuluá por el cual van a juicio disciplinario guardias del Inpec

La noche del 27 de junio del año pasado, un pabellón completo de la cárcel de Tuluá, en Valle del Cauca, terminó incinerado tras una riña entre dos ‘plumas’ (jefes de patio), al parecer por una deuda de negocios de microtráfico. Al final de la cruenta jornada murieron 51 internos y dos decenas de detenidos terminaron heridos.

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Quince meses después, en un documento de 115 páginas firmado por el delegado Javier Sarmiento y conocido por EL TIEMPO, fueron llamados a juicio disciplinario el director encargado del penal y tres integrantes de la guardia del Inpec por presuntas irregularidades en los procedimientos que desplegaron para contener la situación y que, por el contrario, habrían agravado el saldo trágico de la reyerta.

En el expediente de la Procuraduría hay testimonios de guardias e internos y dictámenes de peritos que dan cuenta de que los funcionarios investigados habrían incurrido en fallas y omisiones en sus deberes, lo que habría permitido que la situación se descontrolara poniendo en riesgo a los internos y a los mismos guardias del penal.

Según el relato de los hechos, dos personas conocidas como ‘Brayitan’ y ‘Millán’ (caciques de patio) tuvieron una discusión en la tarde en un pabellón del penal, pero la cosa no pasó a mayores. Los testigos afirman que no era la primera vez que discutían. Sobre las 7 de la noche se volvieron a enfrentar y llegaron con sus respectivas ‘camionetas’ (grupos de presos que los siguen y cuidan) armadas con elementos cortopunzantes y palos. Luego se empezaron a ubicar a los costados del patio barricadas con colchonetas y otros elementos a los que les prendieron fuego.

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“Casi siendo la una de la mañana ya había fuego, pero la pelea seguía y la candelada se salió de control, fue tanto así que la guardia no pudo o no quiso entrar. Cuando ya había mucha candela y mucho humo y mucho gas, yo perdí el conocimiento, reaccionando a las 10:30 de la mañana en la clínica San Francisco con los pulmones llenos de humo, y entonces comencé a vomitar mucho humo y los médicos me decían que había entrado en paro respiratorio, que gracias a Dios estaba vivo porque en la cárcel habían muerto 51 personas”, relató uno de los internos.

Uno de los guardias que estaba de turno la noche de los hechos señaló que “la conflagración se activó en segundos, en magnitudes impresionantes que no permitían controlarse, llegando a utilizar baldes con agua para intentar sofocar el fuego sin obtener resultados, se procedió a llamar constantemente vía radial al comandante de vigilancia, teniente Orozco Gómez, para que hiciera la solicitud de apoyo de los cuerpos de socorro y de seguridad, ya que el teniente no se encontraba en el lugar, a lo cual la guardia procedió a ingresar por la reja derecha de al pabellón a verificar los heridos, encontrando fuego en este sector, en el ala contraria a la riña, evacuando en ese momento un aproximado de seis privados de la libertad, los cuales presentaban quemaduras y fueron transportados en hombros por el personal de la guardia”.

La Procuraduría señaló que, según los testimonios en el proceso disciplinario adelantado por un grupo para la defensa de los derechos humanos, luego del primer enfrentamiento entre los jefes de los patios no se tomaron las medidas, como el traslado de internos, para evitar un nuevo choque. Además, las declaraciones permitieron evidenciar que la noche de los hechos no había suficiente personal de guardia, pues un solo funcionario del Inpec tenía la misión de custodiar a 590 internos que estaban en los patios 8, 9, 10 y 11.

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Se advirtió que los internos estaban alterados: “tenían toallas en el cuello, piedras en las manos, camisetas cubriendo el rostro” y a pesar de esas señales, el guardia no tomó medidas, “solamente atinó a pedirles que dejaran los actos de indisciplina, ya que él no podía resolverles su inconformismo o sus peticiones, toda vez que se encontraba solo”. Luego se retiró y en ese momento “se recrudece la pelea entre los internos”.

Así mismo, en el expediente se cuestiona que dos de los dragoneantes accionaron granadas lacrimógenas -triple chasis- y las lanzaron hacia los pasillos del pabellón 8. Esos elementos, de acuerdo con las recomendaciones de uso, deben ser utilizados en lugares abiertos y ellos “omitieron dicha recomendación y de los informes técnicos se desprende que el agente químico o gas expulsado por las mismas pudo haber servido como multiplicador del fuego producido por las colchonetas”.

El llamado a juicio a los funcionarios concluye que “las pruebas de campo realizadas nos permitieron evidenciar que el efecto propelente (aerosol) que tienen los componentes o diales de la granada lacrimógena utilizada el día de los hechos sirvió como multiplicador del fuego producido por las colchonetas, que previamente habían sido encendidas presuntamente por el personal privado de la libertad”.

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Incluso los cuestionamientos se extienden a la labor de los bomberos, pues “a pesar de las llamadas insistentes y del desplazamiento que hizo una patrulla de la Policía hasta una de las sedes del organismo de socorro, su reacción y apoyo, al parecer, fue tardío, pues así lo confirman varias declaraciones y el informe de la línea de tiempo presentado por los funcionarios de Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación”. El apoyo de los bomberos habría llegado una hora después de las primeras alertas.

La inspección de los peritos señala que se encontraron irregularidades en los sistemas de emergencia de la cárcel, pues se inspeccionó el sistema de bombeo, tanto la bomba principal como la auxiliar, la cual estaba “fuera de servicio y en condiciones de no uso por daño”, los equipos de detección automática de incendio estaban desconectados y fuera de servicio, al igual que la alarma manual de incendio.

Y se señala que “el edificio antiguo no cuenta con ningún tipo de sistema fijo de protección contra incendio, siendo este el bloque de mayor riesgo a que se produzca una situación de emergencia con fuego, en cuanto a los sistemas portátiles de protección contra incendio, se determina que son insuficientes, además, se encuentran ubicados por fuera de los parámetros que establece la norma”.

El Ministerio Público documentó que días antes del suceso se realizó una requisa en el penal y a pesar de ello el día de los hechos los internos tenían drogas y armas hechizas, “lo cual indica que fallaron los controles para esa fecha”. Incluso, se encontraron oficios en los que se enfatizaba en la necesidad de incrementar la guardia, lo que no sucedió, y también se decía que el penal no tenía una adecuada estructura para enfrentar un incendio.

La decisión de llamado a juicio cobija a los funcionarios Arley Julián Fernández Torres, Javier de Jesús Orozco Gómez, Luis Felipe Cruz Arredondo y Edilson Alberto Marín Marín. Fernández Torres, vinculado a una falta gravísima, es cuestionado “por no haber adoptado las medidas necesarias, orientadas a ejecutar la custodia y vigilancia de las personas privadas de la libertad al interior del establecimiento de reclusión, velando por su integridad, seguridad y respeto de sus derechos, lo cual se habría podido evitar si el orden y la disciplina al interior del establecimiento penitenciario y carcelario estuviera conservado para el día de los hechos investigados”. En su decisión la Procuraduría compulsa copias a la Fiscalía para investigar las actuaciones de los bomberos en el caso.

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El próximo 2 de febrero seguirá la audiencia de juicio contra los guardianes del Inpec Julián Alberto Piñeros Gómez, Yeferson Favián Hueso Escárraga y Víctor Alfonso Cervera Piratova, señalados de actos de tortura durante el motín registrado en la cárcel Modelo, de Bogotá, el 21 de marzo de 2020. Tras la violenta refriega que se dio en el penal, y que se extendió esa misma noche a otros penales del país, murieron 24 internos.

Los guardias se encuentran libres por vencimiento de términos y han insistido en su inocencia. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, en el caso de Piñeros Gómez, él habría golpeado y esposado a un interno señalado de hacer parte de la manifestación en La Modelo, y luego de ello lo habría sometido en cuclillas y lesionado con un arma cortopunzante. En un segundo hecho que le señalan al dragoneante se dice que al parecer él fue quien le pegó varios puños a un preso víctima de un disparo con arma de fuego. Sumado a eso, el funcionario presuntamente le cortó un dedo de la mano izquierda.

En el caso de Cervera Piratova y Hueso Escárraga, ambos habrían atacado con su bastón de mando a dos privados de la libertad que fueron enviados al Hospital La Misericordia para tratarles las heridas que les dejó el motín.

Sair Buitrago

Redacción Justicia

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