Paz total: ¿por qué recusaron al magistrado Jorge Ibáñez, ponente del caso en la Corte?

El jurista presentó una ponencia que alega que hay vicios de forma en la ley de 'paz total'.

Jorge Ibáñez, ponente de la paz total Foto: Corte Constitucional

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Ante la Corte Constitucional fue presentada una recusación que busca separar del caso de la 'paz total' al magistrado Jorge Enrique Ibáñez quien es el ponente en el expediente que se originó por la primera demanda presentada en contra de la Ley 2272 de 2022, que reformó la Ley de Orden Público y que es la que permite hacer acercamientos con el 'clan del Golfo' y otras estructuras narcotraficantes.
La recusación se presentó luego de se filtrara la ponencia que presentó Ibañez a sus colegas de la Sala Plena, cuyo sentido, confirmó EL TIEMPO, busca tumbar la norma al considerar que hubo vicios de trámite en el Congreso.
“La publicación irregular de documentos sometidos a reserva en un estadio del proceso clave para la incidencia en la decisión de los juzgadores, resulta ser un grave riesgo al equilibrio entre las ramas del poder público, dado que se ponen a los jueces constitucionales en un lugar de presiones públicas que afectan la legitimidad de sus decisiones”, dice la recusación.
"Si bien no puede endilgarse una responsabilidad individual al Magistrado que demuestre un interés actual y directo en que se filtrara la decisión para que se presionara a sus compañeros de sala, lo cierto es que en estos días no se ha anunciado el inicio de investigaciones disciplinarias que den cuenta de la gravedad del asunto y que den cuenta de acciones realizadas para investigar y sancionar a los responsables", añade el escrito.
Cabe recordar que en el pasado, la Corte Constitucional ha salvaguardado a medios de comunicación que publican proyectos de fallo en procesos que avanzan en el país.
En todo caso, será la Sala Plena la que empezará a discutir primero esta recusación y luego la ponencia del magistrado Ibáñez que necesita cinco votos de nueve posibles para ser aprobada, en una Corte que hoy es mayoritariamente liberal.
Ibáñez estudia una demanda de Jorge Enrique Pava Quiceno dirigida únicamente contra un apartado del artículo segundo y contra los artículos 12 y 18 de esa ley, y no en contra de la totalidad de la norma.
De lo que se conoce, por ahora, de la ponencia, se indica que habría vicios de trámite en el Congreso que afectarían la totalidad de la Ley como, por ejemplo, la falta de concepto del Consejo de Política Criminal, algo que apoya la Procuraduría General pero que, para algunas universidades, no es suficiente para considerar una ley contraria a la Constitución.
justicia@eltiempo.com
@JusticiaET

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