Crimen de profesor que denunció masacres es declarado de lesa humanidad
El homicidio se registró el 3 de mayo del año 2000 en Segovia, Antioquia.
El exfiscal Martínez pidió que, para el peritazgo de la plataforma Esperanza, se tenga el apoyo de gobiernos extranjeros que han contribuido a consolidar el sistema. Foto: Abel Cárdenas / Archivo EL TIEMPO
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El homicidio del profesor y líder sindical Jesús Ramiro Zapata no prescribirá y podrá seguir siendo investigado, tras una decisión de la Fiscalía de declarar el hecho como un delito de lesa humanidad.
La Fiscalía acogió la petición de la abogada Yessica Hoyos Morales para que el caso siga abierto y en investigación.
El homicidio fue perpetrado el 3 de mayo del año 2000, en el municipio de Segovia, Antioquia, cuando el docente y presidente del Comité de Derechos Humanos de Segovia se encontraba en el Billar Monterrey y fue abordado por dos hombres armados que lo amenazaron y le manifiestan que tenían que hablar con él.
La víctima había denunciado las masacres registradas en la zona para que no quedaran impunes y rindió declaración y prestó apoyo a la investigación por el homicidio de 17 personas, lo que llevó a la condena del capitán de la Brigada XIV del Ejército Rodrigo Cañas Forero.
En su decisión de declarar el crimen como de lesa humanidad, la Fiscalía señaló que Zapata era de los pocos del Comité de Derechos Humanos de Nordeste Antioqueño que seguía vivo. Ese comité había sido objeto de amenazas y homicidios "por de los grupos paramilitares que ejercían su actuar violento en esa zona "con el beneplácito en muchas ocasiones de la fuerza pública".
"Su homicidio no fue un hecho aislado sino que hizo parte de un plan perfectamente elaborado por los del grupo de paramilitares que operaban en el municipio de Segovia, conocido bajo la denominación de Bloque Metro de las autodefensas, en cabeza de su máximo líder Carlos Castaño Gil, organización que convirtió en objetivo militar a los defensores de derechos humanos, a quienes estigmatizaban como o auxiliadores de la guerrilla, por ello trazaron un plan debidamente organizado para acabar con los del Comité de Derechos Humanos que ejercían su actividad en el Nordeste Antioqueño", se lee en la decisión del ente acusador.
La Fiscalía cuestionó que la víctimas y sus compañeros fueron etiquetados por los de las fuerzas militares, acantonadas en la zona de Segovia, como “guerrilleros”, “bandoleros” y sumado a eso, fueron acosados judicialmente con procesos "que en su mayoría se basaban en informes de inteligencia del Ejército y en versiones proporcionadas por testigos con reserva de identidad que se prestaban a sostener ante los Fiscales, cantidad de situaciones en las que comprometen la honra y el buen nombre de Jesús Ramiro Zapata, sin que contaran con ningún tipo de prueba que respaldara sus denuncias".
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