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Odebrecht: Corte ordena libertad de Antonio Guerra de la Espriella

El exsenador, que espera sentencia por el caso Odebrecht, no podrá salir del país.

Antonio Guerra estuvo en la audiencia virtual que realizó la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema.

Antonio Guerra estuvo en la audiencia virtual que realizó la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema. Foto: Captura de video

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La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema sustituyó la medida de aseguramiento que reposaba sobre el exsenador Antonio Guerra de la Espriella, quien está en juicio por su presunta responsabilidad en el entramado corrupto de la multinacional Odebrecht.
Guerra, detenido desde el 21 de mayo de 2019, recuperará su libertad. Como requisitos la Corte le impuso al exsenador presentarse cada vez que sea llamado a instancias judiciales y no salir del país.
Desde el inicio de la indagación preliminar, el acusado ha estado presto a comparecer ante la justicia cuantas veces ha sido citado
Con esta decisión, Guerra de la Espriella esperará en libertad la determinación de la Sala de Primera Instancia en su caso, pues el juicio en su contra ya terminó.
La decisión de la Corte indica que Guerra de la Espriella fue detenido el 21 de marzo de 2019 por orden de la Sala y que esa medida de aseguramiento, que es máximo de un año, fue prorrogada por un año más, que se cumplió no el 21 de marzo de 2021, sino realmente el 13 de julio de 2021, luego de descontar el tiempo que tomó la consecución de que un testigo pudiera ser escuchado en el juicio.
“Es viable sustituir la medida de aseguramiento restrictiva de la libertad personal (…). Lo anterior por cuando ya se dijo, y se reitera, que desde el inicio de la indagación preliminar el acusado ha estado presto a comparecer ante la justicia cuantas veces ha sido citado, al punto de que su aprehensión se hizo efectiva cuando compareció ante la autoridad judicial respectiva”, dice la decisión.
En un auto de 22 páginas, la Sala Especial de Primera Instancia insistió en que el comportamiento de Guerra de la Espriella a lo largo del proceso “permite inferir que con las medidas señaladas podrá cumplirse cualquier determinación que adopte la justicia”.
El caso estaba en manos del magistrado Jorge Emilio Caldas, cuya ponencia fue derrotada en sala, por lo que ahora el magistrado Ariel Torres deberá elaborar la nueva sentencia
Guerra de la Espriella compareció en juicio por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias de servidor público, cohecho propio y enriquecimiento ilícito de servidor público.
Lo anterior, por supuestamente haberse concertado con particulares, lobistas y otros servidores públicos para la asignación de contratos de obras públicas en especiales condiciones de favorabilidad a la compañía extranjera, particularmente el del proyecto Ruta del Sol II mediante el pago de sobornos.
El caso estaba en manos del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, quien presentó su respectiva ponencia ante la sala el 28 de junio de 2021. No obstante, la misma fue derrotada por sus compañeros el 5 de agosto pasado, por lo que ahora el magistrado Ariel Torres deberá elaborar la nueva sentencia.
En el juicio, la Procuraduría General le solicitó al alto tribunal la condena de Guerra al indicar que sí tuvo un rol en la gestión del contrato para la estabilidad jurídica de Ruta del Sol II y se habría comprometido a gestionar también temas en la estructuración de Navelena, en la que la multinacional tuvo interés.
"A Antonio Guerra le fueron entregados 200 millones de pesos por la gestión realizada. Las pruebas recaudadas demuestran con certeza que Antonio Guerra colaboró eficazmente con los objetivos de dicha organización criminal creada para conseguir la adjudicación de contratos de infraestructuras", dijo en marzo pasado el procurador 4 delegado ante la Corte Suprema, Jorge Sanjuán.
Para la Procuraduría es claro que, a través de Elías Vidal, el exsenador Antonio Guerra recibió  ese dinero por la gestión para la firma del contrato de estabilidad jurídica. También argumentó la Procuraduría que hubo un tráfico de influencias, pues Guerra realizó actividades ante funcionarios del Ministerio de Hacienda y de Navelena.
La Procuraduría también dijo que hubo un incremento patrimonial no justificado de Guerra de la Espriella de 1.212 millones de pesos en total entre 2013 y 2017.
La representación de la parte civil, que en este caso es la Agencia Nacional de Infraestructura, también pidió declarar responsable a Guerra de la Espriella, mientras que la defensa del exsenador Guerra y el mismo excongresista le pidieron a la Corte desestimar esos alegatos de cierre y dijeron que él es inocente de lo que se le acusa y no ha cometido dichas irregularidades.
Guerra señaló que es "víctima de un montaje" orquestado por Bernardo Miguel Elías y Otto Bula, ambos condenados por la corrupción de Odebrecht.
En Twitter: JusticiaET

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