Las claves del informe de la ONU sobre cultivos de uso ilícito en Colombia

En el 2020 se consolidó una tendencia que completa tres años de disminución de las hectáreas sembradas con coca, con 143.000 detectadas, en comparación con las 154.000 que hubo en el 2019. No obstante, la afectación continúa estando entre los valores más altos de la serie histórica 2001-2020.

Así lo confirma el informe completo Simci, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), que fue dado a conocer esta semana. Ya en junio pasado se habían revelado los primeros hallazgos de este informe, pero ahora se conocieron detalles de la situación de cultivos de coca que están en 20 de los 32 departamentos del país.

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Por ejemplo, se detectó que el 95 % de los cultivos en el 2020 se localizaron en municipios Pdet. Y de los 20 departamentos afectados, tan solo cinco concentran el 84 % del área total con coca: Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Cauca y Antioquia. Pero también hay ocho departamentos en los que la afectación es inferior a las 1.000 hectáreas, representando cerca del 0,2 % del total nacional, lo que los hace, para la ONU, candidatos a quedar libres de droga en poco tiempo.

Un dato que llama la atención a nivel nacional es que un 33 % del total de área sembrada se concentra en cinco municipios: Tibú (Norte de Santander), Tumaco (Nariño), El Tambo (Cauca), El Tarra (Norte de Santander) y Puerto Asís (Putumayo).

Solamente en Tibú, que ocupó el primer lugar de afectación nacional, había 19.334 hectáreas sembradas, que representan un 13 % del total nacional.

De acuerdo con la caracterización general de los territorios con coca, allí hay coincidencia con vulnerabilidades de conectividad, a servicios, infraestructura, y de orden social y de inserción a economías lícitas, que dificultan aún más el diseño de estrategias integrales de intervención en esas zonas.

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De hecho, en la presentación del informe, Pierre Lapaque, representante de la UNODC en Colombia, destacó que si se superponen los mapas de afectación, “en el 41 % del territorio donde hay evidencias de explotación de oro de aluvión también hay coca. La ilegalidad es un fenómeno complejo con muchas caras que requieren diversas estrategias para enfrentarla”.

El informe Simci también señala que desde hace años hay una tendencia a la concentración de los cultivos en ciertos lugares –lo cual se considera un enclave productivo cuando lleva cuatro años de concentración– que se ubican principalmente en zonas fronterizas (Catatumbo y frontera Putumayo-Nariño), así como en la zona central del país (Bajo Cauca y Bolívar).

Los enclaves productivos ocupan el 16 % del territorio afectado en 2020, pero contienen el 40,5 % de la coca, y el año pasado se identificaron nueve, dos más que en el 2019, estos son: Catatumbo, Valdivia-Tarazá-Cáceres, El Naya, Argelia-El Tambo, El Charco-Olaya Herrera, Frontera Tumaco, Frontera Putumayo, San Pablo-Taracué y Orito-Vides.

De otra parte, esta medición realizada por la UNODC identificó que solo el 18 % de la coca está en zonas de “libre intervención”, mientras que el 82 % restante se encuentra en regiones que requieren acciones y estrategias diferenciadas, como áreas de interés para la conservación de la diversidad biológica y cultural, zonas de interés estratégico en fronteras y proximidades a cabeceras municipales con potencial de integración económica.

Lo anterior plantea un reto para la política de drogas, dijo María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Droga (Cesed), de la Universidad de los Andes, quien indicó que la situación implica buscar estrategias de acuerdo con las condiciones de cada territorio.

Pero, además, se suma un desafío, por ejemplo, para la fumigación aérea, en la que ha insistido el Gobierno, ya que esta no puede hacerse en zonas de manejo especial como parques nacionales naturales o territorios étnicos, y en estas zonas se concentra a hoy el 48 % de la coca del país.

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De otra parte, el informe Simci analizó el impacto que tuvo la pandemia de covid-19 en este negocio ilícito, y señaló que entre marzo y junio del 2020, las restricciones de circulación en el país aumentaron el riesgo de ingresar a las zonas de cultivo, lo que llevó a una disminución de los precios de la pasta base de cocaína y al desincentivo de vender la hoja de coca.

“En algunas áreas de cultivos de coca, los grupos armados ilegales impusieron restricciones para el ingreso al territorio e incluso obligaron a la población a cumplir los toques de queda para evitar el contagio”, se lee en el documento, y agrega que entre julio y septiembre del 2020 se reactivó paulatinamente el mercado de la coca, y los precios se estabilizaron en las zonas de cultivo entre octubre y diciembre del 2020.

El año pasado, destacó el documento, también hubo un incremento de las incautaciones, pues el cierre de fronteras que rigió durante parte del 2020 llevó a un incremento de los controles en las carreteras fronterizas y, además, causó un incremento del tráfico de cocaína por vía marítima, especialmente con semisumergibles, contaminación de contenedores y lanchas rápidas hacia Centroamérica.

En el segundo semestre del 2020, cuando el Gobierno flexibilizó las condiciones de confinamiento, las autoridades registraron un mayor número de incautaciones de drogas, camufladas en camiones de transporte de alimentos o de implementos de uso medicinal. Además, el mayor control del tráfico marítimo produjo grandes incautaciones que tenían como destino Europa y Norteamérica. Como consecuencia de todo lo anterior, las incautaciones de cocaína en todo el año se incrementaron en 18 %, con respecto al dato del 2019.

Según el informe, en el 62 % del territorio que presentó tendencia a la reducción de cultivos no se registró ningún tipo de intervención, ni de erradicación forzada ni de sustitución voluntaria. Es decir, solo 38 % del territorio con reducción tiene intervención registrada, lo cual indica que existen múltiples factores en juego en la tendencia a la disminución.

Leonardo Correa, coordinador técnico del proyecto Simci, indicó que en el momento no tienen registrado cuáles pueden ser esos otros factores que estén llevando a la reducción de cultivos, lo que para él es un indicador de que “las intervenciones que hace la Fuerza Pública requieren un ejercicio complementario para crear condiciones de paz y desarrollo en esos territorios”.

Frente al tema, la directora del Cesed dijo que desde este centro comenzarán una investigación para saber qué pasó en esas zonas y “si en esos territorios, posacuerdo de paz, se reactivaron emprendimientos u otros programas que llegaron allí y activaron ciertas cosas. Hay una reducción que no es por una intervención de política pública, ojalá sea por una reactivación de otros sectores”, explicó. Vélez añadió que conocer cómo fue que estos territorios llegaron a reducciones sin una intervención directa daría pistas de recomendaciones para otros lugares.

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Un dato que no deja de preocupar del informe es que desde el 2016, el aumento en la capacidad de obtención de cocaína dejó de depender exclusivamente del crecimiento del área cultivada. De hecho, al 2020 había un promedio de 9.500 matas por hectáreas, mientras que en el 2005 eran 11.000 plantas.

Esto tiene que ver, resaltó el Simci, con el mejoramiento de las prácticas empleadas por el cultivador en los lotes, así como la capacidad de extracción del alcaloide en finca.

Además, se ha identificado que los laboratorios de producción de clorhidrato de cocaína son más grandes y tienen más eficiencia en la conversión, uso de sustancias químicas, tiempos de los procesos y empleo del personal. Así mismo, la mayoría de los lotes en los que siembran la planta se encuentran entre los dos y los cuatro años, que son las edades más productivas.

Con todo esto, se estima que la obtención de cocaína por hectárea productiva al año pasó de 6,5 kg/ha en el 2016 a 7,9 kg/ha en el 2020, un crecimiento del 21 % en solo cuatro años.

Además, la producción potencial de clorhidrato de cocaína en total pasó de un promedio de 1.137 toneladas en 2019, a ubicarse en 1.228 toneladas en 2020.

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Tal como lo concluye el informe, para expertos consultados, el hecho de que con menos cultivos se saque más cocaína se explica en una tecnificación de los sembrados.

Para el investigador de política de drogas de Dejusticia Luis Felipe Cruz hay un ejercicio de los actores de la cadena por mantener la productividad, y para ello “se requiere equipar los cultivos y los centros de transformación de la hoja con mejores condiciones técnicas”.

Pero para esto también se requiere un mayor uso de precursores químicos, lo que significa un aumento de la contaminación ambiental. Según estimados del Simci, la demanda total de sustancias químicas para la producción de pasta básica y base de cocaína presentó un aumento del 12 % en el 2020, pasando de 92.000 a 103.000 toneladas de sustancias sólidas y de 469 a 525 millones de litros de sustancias líquidas con respecto al 2019.

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