Asesinatos de ex-Farc: 2024, con la cifra más baja y dos homicidios en los primeros cinco días de 2025
Las disidencias están detrás de la mayoría de los crímenes. En 2024, según Indepaz, se registraron 31 homicidios. El suroccidente, la región más crítica.
Desde la firma del acuerdo de paz hasta abril de 2021 se registraron más de 290 asesinatos de ex-Farc, según la UIA. Foto: Joaquín Sarmiento. AFP
Wilmer Ruiz Delgado y William Alvarado Guzmán son los nombres de los dos firmantes asesinados en los primeros cinco días de 2025. Un número que contrasta con la tendencia decreciente de este crimen, que en 2024 registró la cifra más baja desde 2016, el año cero de la implementación de los acuerdos. Nuevas dinámicas del conflicto estarían detrás de este trágico inicio de año.
Según las cifras de Indepaz, con el homicidio del excombatiente Ruiz se suman 441 muertes de antiguos guerrilleros de las extintas Farc-EP que apostaron por la paz. De acuerdo con las primeras versiones, en la tarde del 5 de enero, hombres armados llegaron hasta el barrio Cataleya, en San Vicente del Caguán, y abrieron fuego contra el firmante sin mediar palabra.
Este modus operandi parece calcado de varias de las otras muertes, en las que la persecución por motivos políticos y sociales abre la puerta a todo tipo de violencias. No solo el homicidio, también las amenazas, el hostigamiento y el desplazamiento forzado.
Las autoridades también han identificado casos aislados en los que la causa es una riña o motivos personales; sin embargo, en el trasfondo de esta radiografía, de acuerdo a los observatorios de paz, los móviles están relacionados con su figura de excombatientes.
Retrocediendo el cassette, en 2024 se registraron 31 homicidios de firmantes del acuerdo. Fue el año con el saldo más alentador después de los picos de este fenómeno criminal en 2019 y 2020, en los que se registraron 78 y 77 asesinatos, respectivamente. El suroccidente es la región más critica. Cauca ocupa el deshonroso primer lugar en el ranking, con 81, y Nariño el segundo, con 43 hechos.
Excombatientes reintegrados a la vida civil, ahora en Mutatá. Foto:Cortesía ARN
Sin embargo, el descenso contrasta con las dos muertes registradas, que, según analistas y el mismo Rodrigo Londoño, jefe del exsecretariado, responden a nuevas dinámicas del conflicto y a fallas en el proceso de reincorporación que hacen a los excombatientes más vulnerables.
"Presidente Gustavo Petro, el 2025 nos recibió con los mismos problemas y angustias con los que nos despidió el 2024, y que usted prometió resolver el mes pasado. Siguen los asesinatos de firmantes (¡Ya son 444!) y aún no se ha desembolsado la renta básica a los reincorporados", le reclamó al mandatario, a quien además le recordó que "un gobierno progresista, de transición hacia un régimen más democrático, era necesario para blindar la paz y el pueblo lo logró. Le pido que honre el mandato popular."
La renta básica de reincorporados
Uno de los puntos de la queja de Londoño tiene que ver con uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno en La Habana. El Estado colombiano esta obligado a entregar a cada excombatiente una asignación mensual -el 90% del salario mínimo-, que desde el mes de diciembre no ha sido girada.
Este beneficio ha sido uno de los damnificados por la iliquidez presupuestal del Gobierno, que obligó a recortar el presupuesto de la Agencia de Reincorporación, que pasó de 356 mil millones a 91 mil millones para 2025.
"Hoy hay una desfinanciación de las acciones para la implementación del acuerdo de paz. Los firmantes están en crisis debido a que el mes de diciembre no se entregó la asignación mensual o renta básica. Eso puso a la gente en una situación muy compleja dado que muchos se sostienen de ese sueldo debido a que en los temas de empleabilidad no se han avanzado y tampoco en los planes de parte de la ARN", le dijo a este diario Pastor Alape, una de las cabezas de Comunes.
La tendencia a la baja
Una de las razones que Leonardo González, director de Indepaz, atribuye a la disminución de los asesinatos en 2024 es el desplazamiento que los excombatientes tuvieron que afrontar desde sus ETCR hacia zonas urbanas, donde están más 'protegidos'. Sin embargo, esta medida trunca el proceso de reincorporación, cuyo corazón son los proyectos productivos para dar el paso hacia la legalidad.
Más de 2.700 excombatientes de las Farc-Ep y sus familias cuentan con un proyecto productivo. Foto:Agencia Nacional para la Reinco
"Eso representa una dificultad para el cumplimiento de los proyectos productivos, porque estos están pensados de manera colectiva y en la ruralidad. El desplazamiento ha dificultado la implementación de los acuerdos de paz, y ellos se están desplazando debido a la falta de garantías para su seguridad", aseguró González.
Con respecto a las muertes, que volvieron a sacudir el tablero de la violencia que se pensaba mermado, dijo que en los últimos meses ha habido amenazas en Putumayo y Caquetá contra los firmantes, y que incluso se generó un desplazamiento masivo en el sector de Miravalle.
Un grupo de aproximadamente 86 personas, entre ellas 24 niños, salieron en camiones con muebles, electrodomésticos y mascotas rumbo a El Doncello, otro corregimiento al sur del Caquetá. Así lo informó la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.
Los excombatientes que habitaban el antiguo ETCR Santa Lucía, en Ituango se trasladaron a Mutatá. Foto:Agencia para la Reincorporación y la Normalización
Estas amenazas responden a nuevas disputas territoriales entre los grupos residuales de las disidencias, como 'Comandos de la Frontera' del Eln, la 'Coordinadora Guerrillera' de la Segunda Marquetalia y el grupo armado 'Mordisco'. 'Los firmantes están en medio de las tensiones en el territorio. Por eso es que este año iniciamos con dos muertes', precisó el director de Indepaz.
Por su parte, Gerson Arias, de la Fundación Ideas para la Paz vinculó estos crímenes a tres patrones. Primero, a la transición que hicieron los firmantes, quienes estuvieron involucrados en graves violaciones a los derechos humanos y cuyo pasado, en algunos casos, les sigue pasando cuenta de cobro y causando estigmatización. "Este historial les ha pesado a la hora de dar el paso hacia la legalidad", agregó.
Por otro lado, la presencia de las economías ilegales en los territorios y la persistencia de los actores armados ha avivado la ola de violencia, en la que los excombatientes han sido algunas de las tantas víctimas, junto con los líderes sociales y defensores ambientales.
Excombatientes y soldados trabajan ahora de la mano para sanar los bosques —y las heridas—. Foto:Cortesía Fondo Colombia Sostenible
"Hubo un margen de maniobra con la instalación de las mesas de negociación que incidió en las cifras de asesinatos de excombatientes. Sin embargo, no ha habido una suficiente interlocución para exigirle a las disidencias que respeten la vida de los firmantes".
Precisamente, son los de estos grupos armados los principales perpetradores de estos homicidios. 'El mayor número de los victimarios, según la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía y la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, está a cargo de las disidencias, y muy atrás en el ranking están el Eln y el 'Clan del Golfo'.
Ejemplo de reconciliación entre militares y excombatientes Foto:Diego Pérez/JEP.
Finalmente, un tercer factor al que apuntan los investigadores son la lentitud en la atención a las medidas de seguridad solicitadas en casos de alto riesgo. "Estos requerimientos tienen retrasos y una ausencia en la respuesta por la falta de articulación con la Unidad Nacional de Protección", señaló Arias.
Con todas estas flaquezas, el peligro, además de continuar con la tendencia de una treintena de muertes de excombatientes anuales, es que este fenómeno termine afectando los procesos de negociación en marcha con los grupos armados vigentes.
"Esto es un espejo muy elocuente para las demás mesas, sobre todo para el ELN. Es un muy mal precedente que el Gobierno no esté tomando las medidas, porque esto seguirá impactando los diálogos", concluyó el investigador.
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