Balance agridulce de Colombia en tribunales de arbitraje internacional: ¿cuáles fueron los billonarios casos que se resolvieron?

El resultado de la defensa de Colombia en los tribunales de arbitraje internacional en 2024 podría verse desde la perspectiva del vaso medio lleno.

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Cinco de los nueve casos que se disputaron fueron decididos a favor del país, y los fallos en contra corresponden a montos menores que las pretensiones totales de los demandantes, lo que resultó en un ahorro para las arcas públicas de más de 2.200 millones de dólares.

Según un reporte conocido por EL TIEMPO, se definieron pleitos de grueso calado, tres de ellos emprendidos por empresas canadienses por la determinación de Colombia de prohibir la minería en páramos.

Las multinacionales Red Eagle Exploration y Montauk Metals salieron derrotadas en los tribunales constituidos por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

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Los árbitros le dieron la razón al país, que, en 2014, a través del Ministerio de Ambiente, delimitó y catalogó estos ecosistemas como áreas protegidas.

En el caso de la minera Eco Oro, si bien el fallo se dictó a favor del inversionista, no se cedió un solo centavo de sus pretensiones, que ascendían a los 690 millones de dólares. Esto fue recibido por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado como un triunfo.

Otra de las decisiones con un resultado favorable para el país fue en el litigio Angel Seda versus Colombia. El Ciadi negó una indemnización de 255 millones de dólares a los que aspiraba el reclamante por una supuesta falta al Acuerdo de Promoción Comercial (APC) con Estados Unidos. La demanda se originó por diferencias con la viabilidad del proyecto inmobiliario Meritage, en Medellín, que fue truncado por el secuestro y embargo del predio por parte de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía.

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Argumentando violaciones del mismo acuerdo internacional, los árbitros inclinaron la balanza hacia el lado colombiano en las controversias con las compañías norteamericanas Vercara (antes Neustar) y Foster Wheeler. En la primera, por la concesión del dominio web .co, que en 2019 fue entregada a un nuevo , supuestamente incumpliendo con una prórroga.

Y la segunda, por el proyecto de expansión y modernización de la Refinería de Cartagena (Reficar), que se cerró en el Sistema Internacional con una victoria anticipada para la Nación. El Ciadi rechazó el reclamo de la multinacional Foster Wheeler, que aducía supuestas faltas al APC por la fiscalización emprendida por la Contraloría al proyecto, la cual arrojó uno de los mayores fallos de responsabilidad fiscal, por 2,9 billones de pesos (sanción que está siendo revisada en el contencioso istrativo).

Los cuatro casos en los que fue derrotado el Estado produjeron pérdidas por 554 millones de dólares, exceptuando el de Eco Oro, que fue emitido con cero daños.

En los fallos adversos, Colombia deberá pagar a la minera suiza Glencore 9,4 millones de dólares por una presunta acción anticompetitiva sobre el canal de a Puerto Nuevo, en Ciénaga, utilizado por la multinacional para la exportación de carbón térmico.

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Glencore demandó al Estado por permitir que la multinacional Drummond se beneficiara de este canal sin haber invertido en su construcción ni pagar por su uso.

Otro de los casos que se resolvió desfavorablemente fue el de South32, también en el sector minero energético. La Nación deberá desembolsar 4,5 millones de dólares debido a una actuación adelantada por la Contraloría, en la que se investigaron presuntas irregularidades en el pago de regalías entre 1982 y 2012, correspondientes a la mina Cerro Matoso, ubicada en Montelíbano, Córdoba.

El último laudo en contra del país proferido en 2024 fue el de mayor cuantía. Un tribunal del Ciadi ordenó a Colombia pagar a Telefónica S.A. la suma de 540 millones de dólares por una disposición legal en el contrato sobre el uso del espectro, que exigía a la compañía de telecomunicaciones la reversión de activos. Actualmente su ejecución se encuentra suspendida y la sanción será estudiada por un tribunal ad hoc.

Esta decisión provocó que el presidente Gustavo Petro le encomendara al ministro de Comercio la tarea de “renegociar los tratados con Estados Unidos y Europa en lo que respecta al arreglo de las diferencias relativas a inversiones, para que estas sean priorizadas en tribunales locales” y no en instancias extranjeras, como el Ciadi.

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Una de las razones que ha motivado a otros países del continente, como Ecuador, Venezuela y Honduras, a retirarse de esta instancia internacional ha sido la supuesta parcialidad de la institución a favor del capital privado y el elevado número de demandas que comprometían recursos.

Sin embargo, para el gobierno Petro fueron más los fallos que favorecieron los intereses del país, según se evidencia en su balance.

Redacción Justicia