Los indígenas han hecho de la capital su sitio de destierro. La primera responsabilidad es del Gobierno Nacional.
Desde la madrugada de este lunes, indígenas de la comunidad emberá se asentaron en el costado norte del parque Nacional. Foto: César Melgarejo - EL TIEMPO
Desde hace varios días un grupo de 500 indígenas se tomó terrenos aledaños al parque Nacional, uno de los más emblemáticos de la ciudad. No es la primera vez que sucede. De hecho, ha habido otras tomas desde comienzos de esta década con consecuencias lamentables. No solo por el estado deplorable en que queda el lugar y los miles de millones de pesos que pagan los contribuyentes para su recuperación. Sino por los vejámenes que allí suceden sin que ningún organismo o autoridad puedan hacer algo.
En la última toma del parque se denunció el uso de cepos como castigo, el abuso sexual contra mujeres, el maltrato a niños y niñas, el consumo de estupefacientes y hechos de violencia dentro de las familias.
Pero además, se presentaron disturbios y amenazas contra ciudadanos que transitaban por las vías aledañas, como la séptima. Nada de eso puede olvidarse.
Las comunidades indígenas, y en particular los emberás, han encontrado en la capital su sitio de destierro. Llegan con sus ‘corotos’, sus animales y sus problemas. Que no son nuevos: abandono del Estado, inseguridad en sus territorios, desplazamientos forzados, pobreza, hambre y miedo en sus lugares de origen, Chocó y Risaralda. Sus causas son más que justas. Se la han pasado de promesa en promesa sin ninguna solución de fondo. El Gobierno Nacional parece haberlos dejado a su suerte, pese a que a otras organizaciones, como la minga indígena, la Onic y el Cric, se han beneficiado con contratos millonarios. Son las mismas que acuden en masa cada vez que el Ejecutivo convoca una manifestación en la plaza de Bolívar. Vienen, marchan y se van. Pero los emberás se quedan rumiando su suerte y su abandono.
El actual albergue de la comunidad Embera en Bogotá se planteó como temporal en 2018. Foto:César Melgarejo - EL TIEMPO
Atención hay. Siempre la ha habido. Lugares de albergue,también. Ayudas en comida, salud, educación, igual. Hasta plata les ha entregado la Alcaldía como parte de la ayuda para su retorno en otras ocasiones.
Sin embargo, lugares como La Rioja, que se suelen citar cada vez que se habla de refugio para los indígenas, permanecen en condiciones insalubres. Son sitios sucios, con servicios a medias, indignos para una persona. ¿De quién es la culpa? ¿Del Distrito? ¿Del Gobierno? ¿De los indígenas? De cualquiera. Lo importante es que allí se cumpla con unos mínimos de dignidad para estas comunidades.
Pero hay que ser claros: la primera responsabilidad sobre la situación que viven los emberás es del Gobierno Nacional. Porque es el garante de su vida y su bienestar. Porque es obligación del Estado velar por su territorio y su tranquilidad. Porque ellos vienen aquí a exigir que les cumplan las promesas que les hacen y que olímpicamente les ignoran. La ‘paz total’ se supone que es la estrategia para lograrlo, y sin embargo, lo que se escucha es el reporte de nuevos reclutamientos forzados, de niños indígenas que son llevados a la guerra o a sembrar coca o a integrar grupos delincuenciales que reciben a cambio zonas de concentración. Y mientras tanto, la señora Gloria Cuartas, que en el pasado fue reconocida como una aguerrida defensora de derechos humanos, hoy, al frente de la Unidad de Víctimas, se va por la línea fácil: echarle la culpa a Bogotá por las condiciones de estas comunidades, como si no fuera evidente que si algo hemos hecho los bogotanos es acoger y proteger a los indígenas, pese a que sus mayores no quieran. Ahí están las acciones y las cifras, señora Cuartas.
Imagen de referencia. Foto:César Melgarejo / El Tiempo
Dicho esto, tampoco deja de ser preocupante lo que denunció EL TIEMPO esta semana: se está instrumentalizando, por los hombres de esta etnia, a niños y niñas para impedir el accionar de las autoridades. Y eso es un delito grave. La guardia indígena los obligó a bajar de los vehículos en los que los menores iban a ser trasladados al centro Amar para que recibieran alimentación y cobijo. Ahora los pequeños siguen a la intemperie, aguantando el autoritarismo.
Ojalá no sea cierto que algunos de los líderes de esta comunidad han encontrado en este tipo de acciones la fórmula para lo que realmente les interesa: un beneficio económico, mientras mujeres y niños deben conseguir el sustento diario en las calles de la ciudad. Es la encrucijada de los emberás, pero también la de Bogotá, que malo si hace algo por ellos y malo si no. ¿Y el Gobierno? Bien, gracias.
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