En vivo: este es el lío entre operador de Doña Juana y la Uaesp en Bogotá

En manos de un tribunal de arbitramento está la decisión sobre la más grande demanda que ha enfrentado la ciudad en toda su historia, y se espera que en pocos días se conozca el fallo.

Se trata de un litigio entre la Unidad istrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR), operador del relleno sanitario Doña Juana. Este pretende que le reconozcan nada menos que 1,19 billones de pesos por supuestos valores en tarifas que no recibe desde hace 12 años, cuando asumió la operación.

(Claudia López se despacha contra operador de relleno sanitario Doña Juana)

El argumento es que en la licitación en septiembre de 2010, la Uaesp habría dado información “falsa” sobre el volumen de lixiviados que producía el relleno y de la capacidad de tratamiento de la planta, y que la remuneración por la disposición final de residuos alcanzaba para ejecutar todas las actividades (ver nota anexa).

El Distrito, por su parte, contrademandó (en una demanda de reconvención) y pidió dar por terminado el contrato de concesión, por considerar que el operador no ha hecho las obras que le correspondían por un laudo arbitral que perdieron en 2018, ni a pesar del aumento de tarifas que desde ese año les autorizaron.

El contrato de operación del relleno, por valor de 229.000 millones de pesos (a precios de 2009), fue adjudicado hace 12 años, pero la mitad del tiempo la entidad distrital y el operador se la han pasado en litigios. Y esta billonaria demanda, interpuesta en diciembre de 2019, es la segunda que promueve el concesionario en contra de la ciudad.

Del lado del Distrito, la posición es que en el contrato de concesión, que en principio se estimó por 10 años, las partes acordaron unos precios por la disposición de los residuos sólidos –para lo que se rigió por la normativa existente– y el tratamiento de los lixiviados, proceso en el que el Distrito estimó unos valores de acuerdo con los costos históricos, por cuanto dicho factor en ese momento no era contemplado en las tarifas de aseo en el país.

Además, que si el operador pensaba que había “insuficiencia de la remuneración”, debió pedir el ajuste en las tarifas a la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA), como ente regulador que es de ese servicio en Colombia, y no a la Uaesp, que es un organismo distrital.

Eso lo hizo CGR en 2017, dos años después de que la Comisión revisó la regulación y reconoció, por primera vez, el tratamiento de lixiviados en la tarifa. Pero solo en junio de 2018, el operador del relleno recibió la autorización para aplicar los ajustes.

En otras palabras, de acuerdo con un jurista que conoce del conflicto entre el Distrito y CGR, la demanda es por “la diferencia hipotética” que el operador cree que hay si la tarifa hubiese sido la misma desde el principio del contrato, es decir, desde septiembre de 2010. De ese cálculo es que aparece como si la ciudad le adeudara el valor de 1,19 billones de pesos.

(Anuncia fecha de audiencia contra representante legal del consorcio CGR)

“Eso es un exabrupto legal. Las tarifas son hacia futuro y tratan de cubrir los costos que se van a invertir”, insiste un especialista en servicios públicos que fue consultado por este diario e indicó, además, que las reclamaciones en un contrato son porque se hicieron mayores inversiones, lo que, en el caso de Doña Juana, pareciera no estar demostrado.

De hecho, el laudo de 2018, promovido por el mismo operador, sanciona a CGR por no haber cumplido y lo obliga a realizar una serie de actividades por valor de 150.000 millones de pesos, entre ellas la optimización de la planta de lixiviados. También ordenó pagarle una multa por 2.172 millones a la Uaesp.

En ese tribunal, el operador expuso los mismos argumentos que en el último laudo respecto a la producción de lixiviados y la capacidad de la planta de tratamiento, y que los costos de la disposición de residuos tampoco correspondían a la realidad. Sin embargo, los árbitros en ese caso desvirtuaron esos planteamientos y, por el contrario, le dieron ocho meses para culminar las obras que no había hecho desde 2010.

(Los puntos que generan conflicto en el Corredor Verde de la carrera Séptima)

Sobre el litigio se pronunció recientemente la Procuraduría. El Ministerio Público, a través del procurador noveno judicial istrativo, Álvaro Raúl Tobo, les dice a los árbitros en un concepto que “se deben denegar las pretensiones del convocante, Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S. A. ESP, y reconocer las formuladas en la demanda de reconvención” de la entidad distrital.

En el documento, con 101 folios, el organismo disciplinario reitera que no hay incumplimiento de la Uaesp y que “no puede haberlo en razón de que la actuación precontractual y contractual en cuanto al punto de determinación de las tarifas, sobre cuya base se pactó la remuneración del contratista, se ajustó plenamente al ordenamiento jurídico”.

Y agrega que tampoco existe “prueba que acredite el ocultamiento o la falta de información” –como argumentó CGR en la demanda– que impidiera a los proponentes el conocimiento pleno del alcance del objeto del contrato, las condiciones y reglamentos de la remuneración, los riesgos derivados de las obligaciones que se contrajeran en caso de ser seleccionados.

El Ministerio Público concluye en su concepto que el concesionario “no ha cumplido con sus obligaciones contractuales” y que, en consecuencia, “se encuentran cumplidos los presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad por incumplimiento deprecada específicamente en la demanda de reconvención”.

Pero más allá de las pretensiones del operador de Doña Juana, en su momento en la istración distrital hubo preocupación por la celeridad con que el caso empezó a moverse. La convocatoria del tribunal para dirimir la controversia en el contrato de concesión fue hecha por CGR el 19 de noviembre de 2019, al día siguiente la Uaesp fue notificada y las partes recibieron la citación para designar los árbitros.

La diligencia fue aplazada por petición de la entidad distrital a fin de conformar la lista de candidatos, que debía remitir a la Secretaria Jurídica del Distrito. La nueva fecha se fijó para el 9 de diciembre. Sin embargo, el 29 de noviembre del mismo año, la Uaesp presentó una lista de 13 candidatos y el 5 de diciembre, las partes seleccionaron de común acuerdo a tres reputados juristas y provenientes de reconocidas universidades como árbitros, ellos fueron Rodrigo Noguera, Alberto Yepes y William Namén, quien no aceptó, y a cada uno de sus reemplazos.

Dos años y medio después, Noguera presentó renuncia a su encargo, luego de ser recusado por la misma Uaesp porque una fundación que dirigía estaba siendo investigada por la Secretaría Jurídica. En su lugar fue designado, por sorteo, Luis Arturo de Brigard.

Al final, en julio de 2022, las instancias definieron los nombres de los árbitros principales, así fue como quedaron Luis Arturo de Brigard y Alberto Yepes, egresados de la Universidad del Rosario, y Rodrigo Antonio Durán, del Externado. Ellos son quienes están estudiando los detalles del pleito y, concluida ya la etapa de alegatos finales, deben estar empezando a proyectar una decisión que anunciaron darán a conocer en la tarde del 11 de abril.

Según documentos de la interventoría y de la Personería de Bogotá conocidos por EL TIEMPO, los incumplimientos del operador del relleno sanitario han sido varios y siguieron presentándose mucho después del fallo del tribunal de arbitramento de 2018. Incluso, en la actual istración distrital, la Uaesp alcanzó a abrirles 13 procesos por el mismo motivo. Sin embargo, por orden del nuevo tribunal, la entidad tuvo que suspenderlos, mientras se adopta una decisión.

El conflicto con el operador ha llevado a tal punto de tensión la relación entre CGR y el Distrito que en 2022 el operador promovió “un posible incidente de desacato” a la sentencia del río Bogotá con el decreto 555 del 29 de diciembre de 2021, por medio del cual se expidió el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), y aseguró que se “pone en riesgo la disposición de residuos”.

Con dicho recurso buscaba que se suspendiera de manera provisional el artículo 192 de la norma, que establece, entre otros puntos, que el predio Doña Juana se convierte en un parque de innovación, en el que se da apertura a otras tecnologías para el manejo de los residuos sólidos.

La preocupación en la Alcaldía también es porque el contratista estaría buscando una segunda ampliación de la licencia ambiental –la primera fue en 2014–, a fin de prolongar la vida del relleno, cuya capacidad se podría copar en el primer trimestre de 2024. En efecto, hay radicada una solicitud en la CAR.

Ante todo esto, la misma alcaldesa Claudia López apareció en una audiencia en el Tribunal istrativo de Cundinamarca y culpó al operador del relleno de estar causando un impacto ambiental al verter lixiviados al río Tunjuelo y que luego van a dar al río Bogotá. Según López, los parámetros de cumplimiento del tratamiento “nunca han sido superiores al 58 por ciento” y existe un 42 por ciento de incumplimiento.

La mandataria, quien en otras ocasiones se han pronunciado en contra de la actual concesión de Doña Juana, también afirmó que CGR “no tiene ninguna autoridad ni moral, ni jurídica ni técnica para venir a hablar del adecuado manejo de residuos sólidos ni de tecnologías”.

En medio de esta polémica entre el Distrito y el operador del relleno sanitario, se conoce que sigue avanzando la investigación en la Fiscalía por la denuncia de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) contra CGR por contaminación ambiental y daños en los recursos naturales generados por fallas en la operación de Doña Juana.

EL TIEMPO conoció el escrito de acusación contra los representantes de la concesión y allí se indican las fechas de inspecciones que funcionarios del ente investigador realizaron en 2017 y 2019 y encontraron descargas al río Tunjuelo de lixiviados provenientes de la planta de tratamiento y que la cobertura de los residuos sólidos no era la óptima, por lo que las basuras quedaban expuestas al sol y al agua, lo que incide en la proliferación de vectores y fuertes olores. En este caso se espera que la audiencia de juicio sea convocada para julio próximo.

A esta denuncia se suma la demanda que la alcaldesa interpuso en julio de 2022 contra el operador por incumplir los factores del tratamiento de lixiviados, pero sí estaría cobrando por ese servicio. CGR, según dicho documento, “no ha realizado la optimización del sistema de tratamiento de lixiviados y tampoco ha efectuado los aportes adicionales para este propósito, lo que ha generado,

Ante la consulta de este diario, el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) indicó que demandó a la Uaesp porque “hizo que el concesionario ejecutara un contrato durante ocho años (2010 a 2018), cuyos gastos, costos e inversiones no estaban remunerados” y señala que en la licitación que dio origen al contrato de concesión, la entidad distrital, “de manera consciente, dio informaciones falsas sobre el volumen de lixiviados que producía el relleno sanitario Doña Juana, la capacidad de tratamiento de la planta, no declaró la existencia de un 'by ' ilegal a través del cual se vertían lixiviados sin tratar al río Tunjuelo” y que en relación con la disposición final de residuos había afirmado que la remuneración fijada alcanzaba para ejecutar todas las actividades que demandaba el relleno y que solicitaba la autoridad ambiental.

“La Uaesp solo le pagó a CGR Doña Juana la quinta parte de lo que debió pagar por el tratamiento de lixiviados y la mitad por la disposición final de residuos”, señaló en una respuesta escrita.

CGR también señaló que con los recursos obtenidos a partir de la nueva remuneración, la aprobada en 2018 para el tratamiento de lixiviados, estructuró la segunda de fase de la optimización de la planta de tratamiento de lixiviados, a la que denominó Proyecto Génesis, “una solución que integra diferentes tecnologías para garantizar el tratamiento del caudal total de lixiviados que produce el relleno sanitario, cumpliendo con la exigente norma ambiental sobre vertimientos”.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

EDITOR DE BOGOTÁ

@guirei24