La alerta de Supervigilancia sobre falsas empresas de seguridad en Bogotá

Una de las alternativas que han evaluado las autoridades de seguridad para afrontar la ola de criminalidad que atraviesa Bogotá es la implementación de escuadrones de seguridad privada que puedan apoyar no solo las labores de vecindario de la Policía Metropolitana, sino que también refuercen los esquemas de seguridad de los conjuntos residenciales, los frentes de seguridad ciudadana, las juntas de acción comunal y los grupos de comerciantes privados.

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No obstante, la demanda de personal de vigilancia y bloques de seguridad privados también ha alentado un mercado negro en el que empresas ficticias ofrecen servicios sin ninguna garantía, a costos que no están estandarizados y que, además, se convierten algunas veces en puentes con la delincuencia organizada de la ciudad. Además de esto, al interior del gremio, las malas prácticas también precarizan las condiciones laborales de los vigilantes de la ciudad.

El TIEMPO habló con Alfonso Manzur, superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, quien explicó las medidas que deben tomar los ciudadanos y representantes de comercios y asociaciones de propiedad horizontal para evitar caer en estafas de empresas de seguridad falsas que estarían operando en Bogotá, donde se concentra el 60 por ciento del total de servicios que se contratan en el país.

“Lo primero que deben tener en cuenta es que la Superintendencia tiene una lista de empresas autorizadas publicada en su página web (www.supervigilancia.gov.co) ingresando por la pestaña de Departamentos de Seguridad. Allí se puede verificar con quién está contratando. Hay que denunciar ante la entidad si el cliente siente que hay algo fuera de la ley”, explicó.

Una de las primeras señales que pueden identificar los bogotanos para saber que están ante la presencia de una empresa ilegal es el precio de los servicios que les están ofreciendo.

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El superintendente señaló que, a la fecha, todos los servicios de las organizaciones de seguridad y vigilancia privada tienen una tarifa estándar de 8,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes y que, a partir de junio, esta tarifa subirá a 9,5 SMMLV, que corresponden al aumento anual del salario mínimo más 5 puntos que autorizó el Gobierno. Es un incremento del 20 por ciento.

“Es importante que se respeten estás tarifas porque esto es lo que permite que los celadores tengan unas buenas condiciones laborales”, dijo Manzur. De la misma manera, según él, este es el primer filtro para identificar una posible irregularidad en la contratación. “Si le cobran muy barato lo están engañando y si le cobran de más, entonces es una estafa”.

Y es que, según la regulación, ninguna empresa o persona que se dedique a la prestación legal de servicios de seguridad podrá cobrar más o menos de lo establecido en la ley porque eso es lo que asegura que exista transparencia en la competencia entre las 1.050 empresas de seguridad que hay en la capital del país.

Según esta entidad, a la fecha se han identificado 27 empresas en todo el país que estarían prestando servicios irregulares. Están distribuidas entre Bogotá, Cali y Santander. Todas están siendo investigadas.

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Sin embargo, el superintendente también alerta sobre la presencia de grupos ilegales que estarían utilizando empresas fachadas de seguridad y vigilancia privada para robar a los ciudadanos. Es tanto así que él mismo advierte que algunos de estos usan armas no autorizadas por la entidad y que lavarían dinero bajo el nombre de empresas fachada.

Pero está visión no es nueva. Este diario ha reportado ampliamente la ola de hurtos millonarios a apartamentos y viviendas ubicadas en exclusivos sectores de la ciudad: dos grandes robos en condominios residenciales en Guaymaral; una serie de diez hurtos en apartamentos de Salitre Plaza entre enero y marzo, y una situación similar en dos conjuntos de Colina Campestre.

Aunque las autoridades no han entregado los resultados de estas investigaciones, lo cierto, es que entre los denunciantes de estos hechos criminales hay un patrón común: todos aseguran que los cuerpos de vigilancia privada que tiene contratados pueden tener algo que ver con los hechos delictivos. A esto también se suma un problema más grande.

Cuando las empresas, frentes de seguridad o conjuntos residenciales contratan un servicio de bajo costo no autorizado por el ente regulador, “nadie les va a responder por pérdidas, robos o daños en sus bienes porque son empresas que no están reguladas y que no cumplen con los requisitos”, explicó Manzur.

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Pero las sanciones, como lo explica el superintendente, no son solo para las organizaciones ilegales que puedan incurrir en alguna falta, sino para las empresas, personas o conjuntos residenciales que contraten empresas ilegales; estos podrían ser sancionados con multas de hasta 40 millones de pesos.

“Contratar estos servicios no solo pone en riesgo la seguridad sino que, además, precariza las condiciones laborales de los celadores porque cada reducción que se hace en los valores del servicio se traducen en reducciones del salario del personal que gana en promedio 1,5 salarios mínimos”.

REDACCIÓN ELTIEMPO

JONATHAN TORO