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Casi 800 jóvenes víctimas del conflicto armado han sido atendidos por el Idipron en Bogotá durante 2025

La atención de personas en condición de calle en Bogotá, también víctimas del conflicto, ha aumentado en 2025.

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Laura Valeria López Guzmán

16.04.2025 13:52 Actualizado: 16.04.2025 14:29

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En lo corrido de este año, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) ha brindado atención a 784 adolescentes y jóvenes en situación de calle que, además, han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. Esta cifra, revelada por la entidad en un comunicado oficial, representa un incremento del 69 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se reportó la atención de 1.134 personas durante todo el 2024.

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El aumento significativo de la demanda se debe, en parte, a las complejas dinámicas del conflicto armado y al agravamiento de la violencia en regiones como el Catatumbo. Además, el fenómeno migratorio sigue impactando a Bogotá, una ciudad que continúa siendo un punto de llegada para miles de personas que buscan refugio, oportunidades y esperanza.

La mayoría de las personas atendidas por Idipron tienen entre 14 y 28 años. Según información de la entidad, se trata de jóvenes que no solo cargan con el trauma de haber vivido situaciones de violencia extrema, sino que además han terminado en condición de habitabilidad en calle, con escaso a derechos fundamentales como educación, salud y vivienda.

A través de su modelo pedagógico, Idipron busca restituir estos derechos, brindar acompañamiento psicosocial y transformar el rumbo de vida de quienes han sido desplazados o marcados por la violencia.

“Estamos reafirmando que la niñez, adolescencia y juventud necesitan más oportunidades para restablecer sus derechos. Nosotros queremos transformar y mejorar cada día nuestra oferta institucional para atender a los niños y jóvenes en condición de vulnerabilidad, en el momento justo y con una garantía de derechos real que les permita reconstruir su vida desde la esperanza”, expresó Javier Palacios Torres, director de la entidad.

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El Idipron aprovechó la conmemoración del pasado 11 de abril, Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, para rendir un sentido homenaje a quienes han resistido y a quienes no alcanzaron a tener una nueva oportunidad. En la sede de la Calle 61 se llevó a cabo un acto de reflexión, donde las voces de los jóvenes fueron protagonistas y en el que se recordó la urgencia de trabajar por una ciudad más incluyente y solidaria.

Este esfuerzo del Idipron hace parte de una respuesta mucho más amplia que ha debido activar el Distrito Capital para atender el creciente número de víctimas que llegan a la ciudad. La Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá reportó que solo en enero de 2025, la capital recibió un 30 por ciento más de personas desplazadas por el conflicto armado en comparación con años anteriores.

Este repunte se atribuye en buena medida a la situación en el Catatumbo, Norte de Santander, una región históricamente afectada por la violencia, donde más de un centenar de familias han sido revictimizadas después de haber sido trasladadas al predio Las Pavitas, en Puerto Boyacá. Ahora, enfrentando nuevas amenazas, Bogotá se prepara para recibir a estas familias desde este lunes, 14 de abril.

Ante este panorama, el Distrito, en coordinación con la Unidad para las Víctimas, ha implementado una estrategia de atención integral. Esta incluye alojamiento temporal, alimentación, a salud y educación, orientación jurídica, caracterización socioeconómica y acompañamiento psicosocial. Todo esto se realiza a través de los Centros de Encuentro para la Paz y la Integración Local.

No obstante, las autoridades locales han alertado de que la ciudad está cerca de desbordar su capacidad institucional. A la fecha, la Consejería ha otorgado apoyos de arriendo y bonos alimentarios a 1.699 personas, y ha proporcionado alojamiento temporal a 317 más, cuadruplicando su capacidad habitual en materia de albergue.

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Por esta razón, la istración distrital ha solicitado al Gobierno nacional que, bajo los principios de concurrencia y subsidiariedad, asuma directamente el alojamiento de la población Emberá —que permanece en albergues desde septiembre de 2023— y acelere los procesos de valoración del Registro Único de Víctimas. La permanencia prolongada de estos grupos en los refugios temporales ha elevado los costos de ayuda humanitaria y ha reducido la capacidad para recibir nuevos desplazados.

“Bogotá mantiene su compromiso con el cumplimiento del Acuerdo de Paz y con su propósito de ser una ciudad acogedora para las víctimas del conflicto armado”, se lee en el comunicado de la Consejería de Paz. No obstante, recalcan que este esfuerzo no puede ser unilateral.

Desde el Distrito, se hace un llamado urgente al Gobierno Nacional para acelerar los procesos de reubicación definitiva y garantizar traslados seguros, dignos y voluntarios. La demanda por servicios de emergencia en salud, vivienda, alimentación y atención psicosocial no solo exige recursos, sino también articulación entre entidades del orden nacional y territorial.

Laura Valeria López Guzmán

En X: @Lauravalerialo

Redacción Bogotá

EL TIEMPO