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‘Líderes emberás nos piden ollas comunitarias, contratos y cobran por traductores’, Isabelita Mercado
Consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación cuestiona al Gobierno y la falta de judicialización de delitos.
Isabelita Mercado consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.
SUBEDITORA DE BOGOTÁ Actualizado:
Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, denuncia las exigencias de líderes indígenas emberás, cuestiona la ausencia del Gobierno Nacional en la crisis humanitaria y la falta de judicialización de los delitos de emberás.
EL TIEMPO habló con esta funcionaria del Distrito quien ha liderado gran parte de la gestión de esta problemática y esta es la cruda radiografía que hace de la situación en Bogotá. Las denuncias son graves.
¿Cuántos indígenas emberás hay en Bogotá y cuál es la situación actual del parque Nacional tras la nueva incursión?
Actualmente, se estima que la población Emberá en la ciudad asciende a aproximadamente 1.780 personas. Estas se encuentran distribuidas principalmente en UPI La Florida, con cerca de 481 personas; UPI La Rioja, con aproximadamente 934; Amor Eficaz, con alrededor de 100; San Cristóbal, con unas 39; y en los albergues del Distrito, donde hay cerca de 226 personas.
Adicionalmente, en el Parque Nacional se encuentran actualmente alrededor de 500 personas de esta comunidad. Entre ellas, hay entre 220 y 250 niños, de los cuales aproximadamente 70 son menores de cinco años, y 14 mujeres que se encuentran en estado de embarazo.
En cuanto a su organización interna, hay tres liderazgos presentes en el Parque Nacional, representados por los grupos liderados por Rosmira, Ubiel, y Fernando y Wilmar. Desde nuestra entidad estamos haciendo un esfuerzo por entablar conversaciones con los tres grupos de forma paralela, aunque ya comienzan a evidenciarse diferencias en sus intereses y demandas.
¿De dónde provienen esos líderes y qué tan representativos son de su comunidad?
Los líderes que actualmente se encuentran en el Parque Nacional son integrantes de la comunidad Emberá Katío. Han residido en la ciudad de Bogotá por un periodo que varía entre tres y cuatro años. Provienen de los resguardos ubicados en el Alto Andágueda, una región que se extiende entre los departamentos del Chocó y Risaralda. Estos líderes representan a su comunidad, que permanece asentada en el parque.
¿Dónde viven ellos cuando no están ocupando un espacio público?
Es importante entender que la población indígena del pueblo Emberá en Bogotá no se limita a quienes están ubicados en el Parque Nacional. Hay más de 500 personas en la UPI La Florida, y entre 200 y 500 en la UPI La Rioja, pertenecientes al grupo liderado por Saúl. Además, existen personas alojadas en albergues del Distrito y en otros financiados por la Unidad para las Víctimas.
Estas comunidades desarrollan diversas actividades cotidianas, más allá de las vías de hecho. Por ejemplo, Rosmira Campo, una de las lideresas en el Parque Nacional, tiene un contrato como dinamizadora en la Secretaría de Educación. Sin embargo, desde ayer anunciamos la suspensión de cinco contratos de dinamizadores culturales. Esta medida se tomó porque el propósito de esos contratos es garantizar el enfoque diferencial, preservar la cosmovisión y promover el entendimiento entre los niños y los profesores. Pero si los niños no están asistiendo al colegio, mantener estos contratos activos pierde sentido.
Madres y niños estuvieron resguardándose de las lluvias en los cambuches del parque Nacional. Foto:César Melgarejo / EL TIEMPO
¿Cuáles son las barreras que ustedes encuentran al intentar llegar a acuerdos con estos líderes emberás?
Existen barreras de distintos tipos. La primera es de carácter transaccional. Todos los días nos enfrentamos a esta barrera al atender a esta población. Se trata de una demanda constante y una exigencia de contratos o recursos para ellos.
Por ejemplo, en múltiples ocasiones han bloqueado la oferta institucional de entidades como la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Educación, o incluso han impedido el ingreso de otras entidades a diversas Unidades de Protección Integral (UPIs) y lugares donde se encuentran asentados. Esto ocurre actualmente en la UPI La Rioja y en el Parque Nacional. Los líderes nos han planteado exigencias específicas, como que contratemos a cierto número de personas para que los niños puedan acceder a los servicios de Integración Social, o que vinculemos a determinadas personas para permitir que la Consejería de Paz realice sus recorridos en el marco de los Puestos de Mando Unificado.
Estamos viendo que esta exigencia transaccional en términos de contratos se está convirtiendo en una costumbre por parte de algunos líderes, quienes condicionan el a derechos de la población que representan al otorgamiento de recursos o acuerdos económicos.
En el caso particular de la UPI La Rioja, hemos impulsado el retorno porque aproximadamente el 70 por ciento de la población desea acceder a las ayudas y regresar a sus territorios o ser reubicados. Para ello, necesitamos que la Unidad para las Víctimas realice una caracterización que nos permita entender cuáles son sus intenciones: si desean retornar, reubicarse o permanecer en Bogotá bajo el esquema de integración local. Sin embargo, esta caracterización no ha sido posible porque los líderes de La Rioja están exigiendo, por ejemplo, tres ollas comunitarias, una por grupo, con valores que oscilan entre 10, 20 30 y 40 millones de pesos. Además, solicitan que se cubran costos elevados por actos culturales y traductores propios de sus pueblos, a pesar de que desde el Distrito ya se garantiza la presencia de personal capacitado para traducción. La Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación cuentan con traductores calificados que acompañan estos procesos. Aun así, ellos insisten en que sean sus propios traductores, cobrando entre 1 y 2 millones de pesos por día.
Nos encontramos, entonces, en una situación en la que estos voceros están obstaculizando el a derechos no solo de niños y niñas, sino de toda la comunidad que desea retornar o reubicarse, a cambio de condiciones que responden a pretensiones de carácter transaccional.
¿Podría explicarme con mayor claridad en qué consiste la figura de las ollas comunitarias?
Cuando realizamos ejercicios de caracterización, algunas comunidades solicitan la implementación de una olla comunitaria, argumentando que es necesario garantizar la alimentación diaria. Entendemos perfectamente esa necesidad y por eso, desde el Distrito, ya se ofrecen servicios como desayuno, refrigerios y almuerzos.
Sin embargo, los recursos del Distrito son públicos, y por tanto no podemos transferir dinero en efectivo directamente a las comunidades para que organicen estas ollas comunitarias. Como entidad pública, debemos cumplir con normas y procedimientos contractuales que aseguren el uso adecuado y transparente de los recursos de los bogotanos.
Lo que se plantea, en la práctica, es que el Distrito entregue recursos para que las comunidades compren directamente los alimentos, principalmente carnes y verduras, que luego se utilizan en preparaciones como sopas o sancochos, generalmente cocinados por mujeres del grupo. Además, se suman otros elementos: se exige la realización obligatoria de presentaciones artísticas lideradas por mujeres, por las que se cobran entre 500.000 y 600.000 pesos, y también se solicitan traductores. Al final, el costo de una sola olla comunitaria puede oscilar entre 10, 15 o incluso 30 millones de pesos o más.
A esto se suma que no se plantea una única olla comunitaria por evento, sino que cada grupo quiere tener la suya, lo que hace aún más complejo y costoso el proceso.
Isabelita Mercado con un niño emberá. Foto:Alcaldía de Bogotá.
¿Algunos líderes incurren en graves delitos como violencia intrafamiliar, agresiones a funcionarios públicos o riñas callejeras? ¿Qué sucede en esos casos?
Existen muchos comportamientos dentro de algunas comunidades que no solo son contrarios a la convivencia, sino que constituyen delitos penales. Hemos identificado casos de maltrato, instrumentalización de niños, niñas y adolescentes, violencia intrafamiliar e incluso abuso sexual. Estos hechos fueron denunciados, por ejemplo, durante la estadía prolongada en el Parque Nacional y también al interior de esa comunidad en otros puntos del país.
Lo que ocurre es que, según ellos, estos asuntos se manejan internamente. Un caso reciente fue la agresión a una funcionaria de la Secretaría de Integración Social. La comunidad afirmó que ya habían capturado al agresor y que lo sancionarían según sus propias normas.
Sin embargo, aquí es donde es necesario aclarar que la autonomía indígena tiene límites. La Corte Constitucional ha sido enfática en que no aplica la jurisdicción indígena cuando están en juego los derechos de niños, niñas y adolescentes: debe prevalecer siempre el interés superior del menor.
No se puede permitir, bajo el argumento de la autonomía, el uso de prácticas como los cepos, que constituyen actos de tortura. Tampoco puede justificarse la violencia basada en género. De hecho, la Corte ha emitido sentencias donde establece que ni la violencia de género ni la violencia sexual dentro de comunidades indígenas pueden estar protegidas por la jurisdicción especial indígena.
Para que esta jurisdicción sea válida, debe garantizar efectivo a la justicia y cumplir con ciertos elementos institucionales, territoriales y de liderazgo legítimamente reconocido. En entornos urbanos como La Rioja, La Florida o el Parque Nacional, no se cumplen esos requisitos. No hay territorio indígena, no hay estructura institucional propia ni autoridades tradicionales legítimas que puedan ejercer justicia.
Por lo tanto, no hay fundamento jurídico para aplicar una jurisdicción especial que permita un trato diferenciado frente a estos delitos. La jurisprudencia nacional, los estándares internacionales y los tratados vigentes son claros: los derechos de la niñez están por encima de cualquier otra consideración. La autonomía no puede ser un escudo para evadir la responsabilidad penal en estos casos.
¿Usted u otras istraciones han denunciado formalmente estos hechos? Entonces, ¿qué ha pasado con esas investigaciones?
Desde nuestra istración hemos presentado todas las denuncias correspondientes y hemos garantizado los espacios necesarios para proporcionar a la Fiscalía la información requerida sobre estas situaciones, con el fin de que puedan adelantar las investigaciones conforme a su competencia.
Sin embargo, nos hemos encontrado con una Fiscalía que mantiene ciertas reservas respecto a estos casos, particularmente en lo relacionado con el tema de la autonomía indígena. Considero que han adoptado una visión excesivamente absolutista sobre este concepto, y es necesario establecer límites y reglas claras dentro del marco de una ciudad que funciona bajo el Estado de derecho.
Hemos insistido en que nadie está por encima de la ley. Por ello, hemos buscado que los órganos de control impulsen estas investigaciones y hemos solicitado apoyo a la Personería, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. De hecho, en varias ocasiones estas entidades han interpuesto recursos para fortalecer las acciones judiciales. Un ejemplo de ello fue el caso de violencia intrafamiliar ocurrido en La Rioja, cuando Saúl agredió brutalmente a una mujer, hecho que quedó registrado en un video ampliamente difundido en el país.
Pese a la contundencia de las pruebas, lamentablemente el proceso no ha avanzado. La Fiscalía no ha sido ni ágil ni eficaz en la judicialización de estos casos.
Desde el retorno de las familias del Parque Nacional, ya han fallecido cinco niños, precisamente por no haber podido acceder oportunamente a atención médica.
¿Ustedes han identificado presiones políticas que hayan llevado a que estas acciones se repitan de manera permanente, convirtiéndose en una especie de chantaje cíclico?
Da la impresión de que existe un interés en no resolver esta situación, ya que eso contribuye a generar más caos en Bogotá. Además, es evidente el desinterés del gobierno nacional por abordar las fallas estructurales, y eso es lo que más nos está pasando factura. Uno podría preguntarse si ese desinterés es deliberado o no, pero lo cierto es que la situación del pueblo Emberá ha sido tratada únicamente desde Bogotá. Esta misma situación la enfrentan ciudades como Medellín, que también sufre desplazamientos masivos debido a problemas de seguridad y violencia.
Existen sentencias que protegen al pueblo Emberá y que ordenan al Estado colombiano garantizar el a servicios de salud en el territorio, mejorar la conectividad, y construir vías terciarias que permitan el de las comunidades. Sin embargo, lo que hemos encontrado es un incumplimiento sistemático de esas órdenes.
En relación con la comunidad que estuvo en el Parque Nacional, hemos realizado cinco visitas al territorio para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno nacional. Bogotá ha cumplido a cabalidad con lo que le corresponde. Nuestro compromiso fue contribuir con la sostenibilidad mientras el gobierno nacional avanzaba con las inversiones de largo plazo. Esto incluía proyectos productivos y el desarrollo de vías terciarias que permitieran a las comunidades sacar adelante y comercializar sus productos.
El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) debía encargarse de organizar estos proyectos y de establecer los encadenamientos productivos necesarios para garantizar soluciones sostenibles en el tiempo. Por su parte, el Ministerio de Salud tenía la responsabilidad de asegurar la llegada de servicios de salud a estos territorios, incluso a las zonas más remotas. Lamentablemente, eso nunca ocurrió. Desde el retorno de las familias del Parque Nacional, ya han fallecido cinco niños, precisamente por no haber podido acceder oportunamente a atención médica.
Llegar a acuerdos tiende a ser cada vez más difícil. Foto:Alcaldía de Bogotá.
Lo más duro de visitar esos territorios de origen es enfrentarse al abandono absoluto por parte de un Estado que prometió privilegiar a estas comunidades por su alta vulnerabilidad. Hay un desinterés total del gobierno nacional. Todo esto resulta bastante contradictorio, especialmente si pensamos en las promesas del llamado “gobierno del cambio”
Ustedes ya estuvieron en el territorio, hicieron un presupuesto y saben cuánto costaría una solución real. ¿Qué han visto en terreno que los haya conmovido?
Lo más duro de visitar esos territorios de origen es enfrentarse al abandono absoluto por parte de un Estado que prometió privilegiar a estas comunidades por su alta vulnerabilidad. Hay un desinterés total del gobierno nacional. Todo esto resulta bastante contradictorio, especialmente si pensamos en las promesas del llamado “gobierno del cambio”. En las reuniones, ni siquiera asisten representantes del gobierno nacional. Llevamos año y medio dialogando con la población Emberá y con entidades del gobierno nacional, y aún siguen en la etapa de hablar de una posible visita de caracterización. Lo que enfrentamos es un abandono estructural y sistemático.
Nos encontramos con una población que, en el fondo, solo está reclamando lo mínimo: a derechos básicos. Ellos son muy conscientes del papel que ha jugado Bogotá en acompañar estos procesos. Aún hoy nos reciben, seguimos en o permanente con los líderes del Parque Nacional, y cada vez que vienen a Bogotá nos sentamos a escucharlos, los ayudamos a radicar derechos de petición. En enero, incluso hicimos una ola de peticiones para exigir celeridad por parte de las entidades nacionales. Pero el desinterés es total.
Le hicimos la tarea a la Nación: realizamos un costeo completo del retorno total de esta población y de las intervenciones estructurales necesarias para responder a sus necesidades. Calculamos cuánto costaría construir una placa huella, o emplear mecanismos alternativos junto a las comunidades para levantar viviendas. No es una inversión imposible, sobre todo cuando estamos hablando del gobierno nacional.
Sin embargo, estamos en un punto de estancamiento total. La Nación no hace nada: no invierte, no paga los albergues en la ciudad, no construye vías, no garantiza la llegada de salud ni de instituciones como el ICBF a las zonas más alejadas —especialmente la zona cuatro— y tampoco asegura la provisión de seguridad alimentaria, entre otros derechos. Entonces, uno se pregunta: ¿para qué sirve el gobierno nacional?
No responde ante las crisis humanitarias que enfrentan las ciudades, ni es capaz de llegar al territorio. Hay una parálisis absoluta del Estado en el cumplimiento de sus funciones. Si hablamos únicamente del retorno integral de toda la población Emberá en Bogotá, este tendría un costo aproximado de 30.000 millones de pesos, incluyendo todo lo que establece la ley. Y sinceramente, creo que eso no es una cifra imposible de asumir para una nación.
¿Existe el riesgo de que, ante la falta de acción del Gobierno Nacional, este problema se convierta en un ciclo interminable para Bogotá?
Estamos atravesando un momento muy complejo en el país, con al menos 11 focos activos de violencia. Esta situación ha provocado un aumento significativo en el desplazamiento forzado hacia Bogotá. No se trata únicamente de la población Emberá; muchas otras víctimas del conflicto armado terminan llegando a la capital. Desde que inició el año, hemos registrado un incremento del 30% al 40% en la llegada de víctimas a la ciudad.
Es evidente que seguirán llegando personas desplazadas mientras no haya soluciones reales que transformen las condiciones en los territorios. Sin una política de seguridad efectiva que enfrente a los grupos armados, esta situación continuará. Ayer mismo recibimos alertas sobre confinamientos en Norte de Santander y en Chocó, que inevitablemente generan nuevos desplazamientos hacia lugares como Bogotá.
La ciudad está haciendo su parte, y somos conscientes de nuestro rol como primer respondiente cuando estas personas llegan. Sin embargo, si no existe un trabajo articulado a nivel nacional, liderado por la Unidad para las Víctimas como cabeza del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y si no se fortalece la seguridad en los territorios, se garantizan condiciones de no repetición y se invierte en bienes públicos, la gente no tendrá otra opción que huir. De lo contrario, este problema seguirá siendo cíclico y eterno.
Sin embargo, es desalentador ver cómo esos esfuerzos se ven obstaculizados por intereses individuales, muchas veces de carácter transaccional e incluso ilegal, promovidos por algunos voceros que no están realmente comprometidos con el bienestar de su comunidad
¿Qué ha hecho el ICBF frente a la crítica situación de los niños Emberá en Bogotá?
Hemos intentado articular acciones con el ICBF a través de la Secretaría de Integración Social. Sin embargo, nos enfrentamos a múltiples obstáculos, entre ellos la falta de capacidad operativa de la Policía. Para llevar a cabo procesos de restablecimiento de derechos se requiere el acompañamiento de una patrulla de Infancia y Adolescencia, y lamentablemente Bogotá cuenta con muy pocas.
Desde la Secretaría de Integración Social se han buscado rutas alternativas, como activar mecanismos a través de las Comisarías de Familia, e incluso se han dispuesto vehículos propios para realizar las intervenciones. Sin embargo, en varias ocasiones estos han sido atacados con piedras. Nos encontramos en una situación muy compleja: cuando algunas mujeres agreden a los funcionarios y no permiten que se desarrollen los procedimientos, la fuerza pública se ve obligada a retirarse. En esas condiciones, quedamos atrapados en un punto de bloqueo que impide avanzar.
Situación de niños y mujeres es lo que más preocupa al Distrito. Foto:Alcaldía de Bogotá.
¿Se ha investigado a los líderes de las comunidades que ocupan el espacio público?
Sí. Hemos presentado denuncias penales por cada uno de los delitos que hemos podido documentar. En uno de los casos más graves, fuimos testigos de cómo uno de los líderes, Saúl de La Rioja, agredió violentamente a una mujer. Desde el Distrito se brindó apoyo para radicar la denuncia correspondiente.
Además, estamos trabajando en la elaboración de una acción de tutela por la instrumentalización de niños y niñas en el marco de esta nueva ocupación del espacio público. Como funcionarios públicos, tenemos la obligación legal de denunciar cualquier hecho delictivo del que tengamos conocimiento, y lo hemos venido haciendo. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de estas denuncias ha prosperado en términos judiciales.
¿Qué pasa con la responsabilidad del Ministerio del Interior?
Estamos enfrentando un gran vacío de liderazgo por parte del Ministerio del Interior. Este es un asunto que involucra a población étnica e indígena, personas que oficialmente siguen registradas en resguardos, aunque llevan más de tres o incluso cuatro años viviendo en la ciudad.
Lo primero que debería hacer el Ministerio es actualizar los censos: estas personas ya no habitan los territorios, pero las autoridades y organizaciones indígenas allí siguen recibiendo recursos con base en esos datos desactualizados.
Necesitamos un liderazgo claro por parte del Ministerio que facilite un diálogo con las autoridades locales para entender qué está ocurriendo. Hay dos caminos posibles: o se actualizan los censos y se reconoce que estas personas ahora viven en la ciudad, lo cual ajustaría la distribución de recursos a los territorios; o se realiza un esfuerzo serio por parte de los líderes y las autoridades para apoyar a esta población en su adaptación, asegurando que respeten las normas de la ciudad, las leyes y la Constitución, lo cual hoy no está ocurriendo.
Lamentablemente, el Ministerio no ha participado en esta discusión. Vemos además que organizaciones como la ONIC no están dispuestas a dar ese debate en este momento.
¿Y qué pasa con la Unidad para las Víctimas, que cambia de funcionarios constantemente?
La Unidad para las Víctimas ha tenido demasiada inestabilidad desde que comenzó esta istración. Ya estamos en la tercera o cuarta directora, y según entiendo, el próximo lunes se posesiona un nuevo director. Esta rotación permanente dificulta enormemente el trabajo conjunto.
Además, muchos de los nuevos funcionarios no tienen ni el conocimiento ni la experiencia necesaria para implementar la ley adecuadamente. Esto ha generado mucha confusión, especialmente en temas críticos como el alojamiento de la población desplazada.
En Bogotá hemos sido claros en que somos el primer respondiente, pero la ley establece que el alojamiento es responsabilidad de la Unidad para las Víctimas. Para eso existen dos tipos de apoyo: la ayuda monetaria de tránsito y la ayuda humanitaria de emergencia. No podemos seguir funcionando con este nivel de improvisación institucional.
¿Qué ha sido lo más desgastante para usted como mujer?
Ha sido profundamente frustrante. Esta istración ha hecho esfuerzos sin precedentes para atender a la población Emberá, no solo acercando los servicios y la oferta institucional, sino también implementando un enfoque diferencial y yendo mucho más allá de lo que le corresponde a una ciudad como Bogotá. Es la primera vez en la historia que se están realizando inversiones directas en su territorio.
Sin embargo, es desalentador ver cómo esos esfuerzos se ven obstaculizados por intereses individuales, muchas veces de carácter transaccional e incluso ilegal, promovidos por algunos voceros que no están realmente comprometidos con el bienestar de su comunidad. A esto se suma el abandono absoluto del Gobierno Nacional frente a esta problemática, lo cual incrementa aún más la carga y la frustración.
CAROL MALAVER
SUBEDITORA BOGOTÁ
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