Cundinamarca: el alcance de la resolución de Minagricultura para Sabana Centro

Nueva tensión entre el Gobierno Nacional y el sector de la construcción. Esta vez no es por los subsidios para vivienda, sino por un polémico proyecto de resolución en el que el Ministerio de Agricultura declara a la provincia de Sabana Centro zona de producción de alimentos. 

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Son 11 municipios de Cundinamarca los que quedarían dentro de esa zona. Estos son Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá.

Con el proyecto, el Ministerio busca controlar la expansión inadecuada de la frontera agropecuaria; regular, limitar y ordenar la ocupación y aprovechamiento de la propiedad y la tenencia de predios y terrenos rurales.

Igualmente, la creación de las condiciones para la consolidación y el desarrollo de la economía campesina y como apoyo a la reforma agraria. También, según el borrador de la norma, pretende “la superación de las causas que vienen originando graves o excepcionales conflictos de orden social y económico, la preservación del orden público y el apoyo a los programas de sustitución de cultivos ilícitos”.

Según el borrador de resolución, para determinar la zona se tomaron “como referencia técnica el documento metodológico de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) y la cartografía”, que se encontrará disponible en el sistema de información para la Planificación Rural Agropecuaria (Sipra).

También indica que tanto el departamento como los 11 municipios deberán considerar las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos en sus instrumentos de planificación del desarrollo y ordenamiento del territorio, las normas legales y reglamentarias de protección del suelo rural agropecuario y “hasta que se declaren las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) de este territorio”.

El proyecto de resolución indica que la provincia Sabana Centro cuenta con una extensión de 51.620,89 hectáreas de frontera agrícola sin condicionantes para la actividad agropecuaria, que corresponden al 75,7 por ciento de la frontera agrícola del departamento, el 50,2 por ciento del área de la provincia y el 2,2 por ciento del departamento.

Es importante mencionar que el termino Frontera Agrícola Nacional se define en el documento como “el límite del suelo rural que separa las áreas donde se desarrollan las actividades agropecuarias, las áreas condicionadas y las protegidas, las de especial importancia ecológica y las demás en las que las actividades agropecuarias están excluidas por ley”.

En cuanto a la determinación de Appa, el documento afirma que el Ministerio de Agricultura, en un término no superior a tres meses, contados a partir de la expedición de la resolución, prorrogable hasta máximo dos veces más por el término inicial, declarará las Appa a partir de las zonas señaladas en la resolución, y definirá los lineamientos para su incorporación en los instrumentos de ordenamiento territorial.

Camacol Bogotá y Cundinamarca indica que el proyecto de resolución del Ministerio vulnera elementos del marco legal del ordenamiento territorial, como la autonomía municipal, y determinantes ambientales de superior jerárquica como el Pomca del río Bogotá, al principio de participación democrática y coordinación y de seguridad jurídica.

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Y explican que la aplicación de este proyecto tendría graves afectaciones. “Se afectan 50.800 hectáreas de suelo, el 46.7 por ciento del suelo de expansión urbana para ocho municipios, o sea, 406.871 hectáreas”.

De igual manera, el gremio asegura que afecta directamente los planes parciales adoptados y 10.091 hectáreas de zonas de protección definidas en otros instrumentos Pomca.

De acuerdo con José Ramón Ramírez, abogado especialista en derecho inmobiliario y urbanístico, la resolución del Ministerio de Agricultura “es ilegal” porque implica una “usurpación de competencias del Gobierno Nacional” con los municipios en el ordenamiento de su territorio. “La Constitución del 91 les asignó a los municipios la competencia exclusiva de planear y arreglar su territorio. El que decide para qué se usa el suelo es el municipio, no la Nación”.

Y agregó que es inconveniente porque la capacidad de expansión de Bogotá es limitada y solo puede hacerlo hacia esos municipios delimitados. “Está frenando la industria de la construcción y la Sabana Centro, lo cual genera medidas que son antieconómicas y que van a profundizar el ciclo de recesión”.

Tarchópulos no se refirió a las afectaciones del sector constructor, pero dijo que si está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el cambio climático actuará de forma empática con el territorio, sus habitantes presentes y futuros.

“No depredará el territorio indiscriminadamente, como en el siglo pasado, sino que aplicará las estrategias contemporáneas para seguir siendo motor de la economía en el marco de la sostenibilidad integral”, puntualizó la urbanista.

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Ómar Oróstegui, director de GovLab de la Universidad de La Sabana, indicó que este tema lo dejaron claro en el Plan Nacional de Desarrollo y que será una discusión difícil, dada la dinámica inmobiliaria en la región y el cambio de su vocación productiva, donde se ha convertido en un eje empresarial, de servicios e industria.

En esto coincidió María Elena Vélez, directora ejecutiva de la Asociación de Empresarios de La Sabana, quien asegura que hace más de 20 años las dinámicas de la provincia han cambiado y ser agricultor no es viable económicamente.

“Que las comunidades y los obreros se vuelvan agricultores no se da de un día para otro. Además, habría que delimitar muy bien el área y 50.000 hectáreas son una exageración por el componente cultural que ya hay en la provincia”, afirmó.

Consideró apresurada la medida y como “una visión muy romántica de un territorio que hoy tiene otra vocación”.

Enrique Bayer, experto en temas de región, dijo que el borrador de la resolución parece que puede tener buenas intenciones, pero se equivoca en la forma. “No se puede por ningún medio acabar con la autonomía de los municipios en la regulación del uso del suelo bajo un mecanismo improvisado, no socializado, que parece que rompe el orden institucional”.

Explicó que la afectación seria inmensa para el sector de la construcción; ya que muchos de esos terrenos pueden tener vocación institucional, vivienda de interés social, proyectos educativos, culturales, deportivos, ambientales quedarán restringidos al agro. “No es rentable sembrar y por un documento inconsulto se determina lo que los privados deben hacer. Tampoco hay claridad de si el Gobierno comprará los terrenos y hará los cultivos directamente, lo cual también sería un error”.

REDACCIÓN EL TIEMPO

LOREN VALBUENA