¿Qué puede hacer Bogotá si pierde megademanda por Doña Juana?

El martes 11 de abril, en horas de la tarde, se conocerá el fallo de la demanda más elevada que ha tenido Bogotá en toda su historia.

Se trata de un caso en el que el operador CGR, encargado del relleno sanitario de la ciudad, Doña Juana, pretende que un tribunal de arbitramento le reconozca lo que, supuestamente, dejó de recibir si desde el principio hubiera tenido las tarifas que le autorizaron en 2018. Así, busca que le paguen cerca de 1,2 billones de pesos.

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En el caso de que la Unidad istrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) sea condenada total o parcialmente, un hecho que está entre las posibilidades, tiene la posibilidad de acudir al recurso extraordinario de anulación ante el Consejo de Estado por tratarse de un litigio con una entidad estatal, según juristas consultados por EL TIEMPO.

No obstante, esta opción aplica por causas muy específicas, como en el caso de que el tribunal de arbitramento termine pronunciándose sobre temas que no son de su competencia o que no se hayan pedido en el laudo o por posibles errores como no haber tenido en cuenta pruebas.  

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En cualquiera de esos casos, la istración distrital sólo tendrá 30 días hábiles, es decir, cerca de mes y medio, para presentar dicho recurso ante el máximo tribunal de lo contencioso istrativo en el país. Y en la eventualidad de que al final se mantenga la decisión, la billonaria pretensión del operador la terminarán pagando todos los bogotanos a través de los impuestos o a través de un aumento en las tarifas del servicio de aseo en la ciudad y los municipios que disponen en el mismo relleno.

Sin embargo, de acuerdo con lo manifestado por la alcaldesa Claudia Lopéz el 28 de marzo en un debate en el Senado, la istración distrital no está dispuesta a pagar un solo peso, al menos mientras ella sea mandataria, a un contratista que ha incumplido y contamina el río Bogotá. 

“Este es un tema de ética y de derechos. No pagaremos un sólo peso más a un contratista incumplido”, sostuvo López, quien también señaló a CGR de actuar “de mala fe”, de que “dilata” y “miente”.

El conflicto entre el Distrito y el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) no es nuevo. De los 13 años que la firma concesionaria lleva con la operación de Doña Juana, ocho han sido de conflictos.

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 Los problemas comenzaron recién iniciado el contrato. El operador empezó con reclamos porque, supuestamente, las tarifas no alcanzaban para cubrir los costos de la operación y la optimización de la planta de tratamiento de lixiviados —implementar equipos y tecnologías para garantizar el cumplimiento de la normatividad en vertimientos— debió realizarla el anterior operador. Además, esta no trataba 21 litros por segundo sino 14, según le dijeron sus voceros a este diario.

Pero sólo hasta abril de 2015, CGR Doña Juana promovió un primer tribunal de arbitramento argumentando que no le correspondía realizar inversiones y actividades para lograr que los lixiviados tuvieran un tratamiento conforme a los parámetros ambientales, ni las obras de la vía principal, entre otros.

En septiembre de 2018, ese tribunal falló condenando al operador a pagar 2.172 millones de pesos por el incumplimiento de las obligaciones y le ordenó realizar dichas actividades, por valor de 150.000 millones de pesos.

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Aunque CGR asegura que inició la optimización de la planta en 2020 (10 años después de iniciado el contrato) y que esta ya se encuentra en la segunda de tres fases, el Distrito insiste en que el operador no la ha hecho y que han seguido los vertimientos al río Tunjuelo, aportador del río Bogotá. Así lo han confirmado informes de la interventoría y la Personería.

Es más, en marzo pasado, el Ministerio de Ambiente anunció que junto con la CAR Cundinamarca enviarán una comisión al relleno para verificar si los vertimientos de lixiviados no cumplen los parámetros exigidos en la licencia ambiental.

No contento con el fallo en contra, 14 meses después, el operador de Doña Juana insistió con un nuevo tribunal de arbitramento. En este otro litigio alega una supuesta insuficiencia financiera y que durante la adjudicación del contrato la Uaesp suministró “información falsa”.

La Unidad istrativa contrademandó y pidió dar por terminado el contrato de concesión porque el operador no ha hecho las obras que le corresponden por el laudo de 2018, ni a pesar del aumento de tarifas que les autorizó la CRA ese mismo año. Pide que se condene al operador en 279.000 millones de pesos.

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Sobre los argumentos de CGR, el Distrito indica que ya el laudo de 2018 resolvió la mayoría de pretensiones del concesionario y que el nuevo tribunal no es competente para pronunciarse sobre las tarifas del servicio. Esa es una facultad que tiene la CRA.

También señala que los términos de la licitación se hicieron con base en la regulación tarifaria de la época, en el caso de la disposición final, y con cálculos históricos del tratamiento de lixiviados, porque en 2010 dicho factor no era contemplado en las tarifas en el país.

El Distrito señala que, además, el concesionario no puede ahora alegar desconocimiento, toda vez que había operado previamente el relleno y que ganó la licitación de 2010 porque ofreció un descuento del 10 por ciento sobre la remuneración.

Lo que pretende CGR Doña Juana, según la alcaldía, es aplicar, vía judicial, de manera retroactiva desde 2010 las tarifas que fueron autorizadas por la CRA en 2018, algo que es considerado por juristas consultados por este diario como “un exabrupto legal”. Voceros de CGR, no obstante, aseguran que lo que buscan es que les paguen las actividades e inversiones realizadas que, supuestamente, no les han sido reconocidas a causa de la insuficiencia financiera.

Por cosas como esas es que la alcaldesa asegura que el contratista ha tratado de “jugarnos la doble: dirimir temas contractuales como si fueran tarifarios, y temas tarifarios como si fueran contractuales”.

El caso es que las tarifas de los servicios públicos en el país las establecen las comisiones reguladoras, que en el caso del aseo es la CRA, y no las autoridades locales, como la Uaesp, y con estas se proyectan los costos e inversiones que implican prestar el servicio.

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De hecho, fue la Comisión la que en septiembre de 2017 asumió, por solicitud del operador, la revisión de los costos económicos del aseo en Bogotá y en julio de 2018 decidió autorizar un incremento en disposición final de 14.080 a 34.069 pesos la tonelada y en lixiviados de 2.882 a 11.949 pesos la tonelada. Hoy, según la alcaldía, se pagan 40.084 pesos por el primer concepto y 24.010 por el segundo.

Sobre el litigio se pronunció la Procuraduría, que en un concepto pidió a los árbitros del tribunal “denegar las pretensiones del convocante” y “reconocer las formuladas en la demanda de reconvención” (contrademanda) de la Uaesp.

El organismo reiteró que no hay incumplimiento de la Unidad y que “no puede haberlo en razón de que la actuación precontractual y contractual en cuanto al punto de determinación de las tarifas, sobre cuya base se pactó la remuneración del contratista, se ajustó plenamente al ordenamiento jurídico”.

Agregó que tampoco existe “prueba que acredite el ocultamiento o la falta de información” —como argumentó CGR— que impidiera a los proponentes el conocimiento pleno del alcance del objeto del contrato, las condiciones y reglamentos de la remuneración y los riesgos derivados de las obligaciones que se contrajeran”.

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Pero, más allá de los argumentos de un lado y de otro y del sentido que tenga el fallo del segundo tribunal de arbitramento, la alcaldía ha expresado que de ser contrario a los intereses de la ciudad no le pagará un solo peso a un contratista incumplido y, además, acudirá hasta la última instancia que tiene, como lo es el Consejo de Estado.

El caso es que en paralelo a las controversias jurídicas, el operador logró la ampliación de la licencia ambiental en 2014 y hoy está solicitando una segunda a la CAR, con el fin de extender el área de disposición para mantener el modelo de enterramiento.

Además, cuestionó en el Tribunal istrativo de Cundinamarca el proyecto de termovalorización de la Uaesp, cuya licitación finalmente fue declarada desierta.

Y, como si fuera poco, motivó un posible incidente de desacato a la sentencia del río Bogotá con el POT de 2021. Con esto buscaba que se suspendiera el artículo que convierte el predio Doña Juana en un parque de innovación, en el que se da apertura a otras tecnologías.

Todo lo anterior es porque CGR sabe que la capacidad del relleno sanitario Doña Juana se puede copar en 2024, como lo han indicado fuentes del Distrito, con lo que hasta ahí llegaría el conflictivo contrato de concesión.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ 

EDITOR BOGOTÁ

EL TIEMPO