Explosivas declaraciones de exdirectora de Uaesp por caso de coimas en contrato

La exdirectora de la Uaesp Luz Amanda Camacho habló con EL TIEMPO sobre los escándalos por unos  audios donde hablan de cómo torcer una licitación y de supuestos sobornos en el contrato de cementerios de Bogotá. Aseguró que el hombre que se autoincrimina con las presuntas coimas tiene varios procesos penales en su contra y que es el mismo cuya versión en el caso del magnicidio del humorista Jaime Garzón fue desestimada por la Fiscalía.

"No tenía por qué renunciar por sospecha, yo renuncio por proteger el proyecto político de la alcaldesa y al equipo que la está acompañando", señala Camacho en entrevista con EL TIEMPO.

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La exfuncionaria presentó su renuncia irrevocable el 16 de enero pasado, luego de un debate en el Concejo de Bogotá. El polémico contrato es el de la concesión para la operación de los camposantos, cuyo valor asciende a 41.300 millones de pesos y cinco años de plazo. 

La verdad es que no hay nada de cierto. Los que denunciamos los audios fuimos nosotros con la Uaesp. A mí no me ha notificado la Fiscalía. Estoy esperando a que me llamen, me interesa de sobremanera que esto salga adelante. Lo único que tengo es un auto de la Procuraduría para investigar mis bienes, eso es maravilloso porque van a saber que no tengo nada fuera de préstamos y el salarios que me ganaba.

Nunca en mi vida lo he visto ni me he sentado con él. Solo lo he visto en televisión.

Eso no es cierto, él tiene que mostrar evidencias. Cuando puse la denuncia por los audios, para mí eso es una evidencia de un supuesto negocio sobre el contrato de interventoría a la concesión, no sobre la concesión. Eso es lo que conversa supuestamente el contratista Marcel Esquivel, que pertenecía al grupo de contratación de la oficina jurídica.

Tengo información sobre él y es que Sergio Alexánder Venegas Herrera y Sergio Alexánder Sierra Herrera tienen el mismo número de cédula. Eso no es normal. Me puse a averiguar quién era ese señor y tengo información sobre que tiene procesos abiertos en la Fiscalía y entiendo que en el proceso sobre la muerte de Jaime Garzón la Fiscalía desestimó su testimonio porque consideró que era una persona mitómana.

En una entrevista que me hizo una revista, el periodista me dice que tiene un video de un señor que dice que me dio 1.500 millones de pesos. Obviamente, me ofendo y termino casi peleando. Lo que hago es llamar al representante legal del consorcio, Éder Parada, y él me asegura que a ese señor lo llevó Dairo Mora, porque era un experto en comercialización de servicios y que lo sacaron porque no sirvió para nada. Le pedí una certificación y con eso pongo la denuncia por injuria, calumnia y daño al buen nombre. En ese momento no había salido la entrevista.

(Quiénes son los salpicados en el escándalo de contrato de cementerios de Bogotá)

La primera vez que oí eso fue en un debate del Concejo, donde la concejal María Victoria Vargas dijo que acababa de sentarse con una persona que le había dicho que me había dado coimas. Yo le dije 'usted o él van a tener que presentar evidencias porque eso no es cierto'.

No tenía por qué renunciar por sospecha, yo renuncio por proteger el proyecto político de la alcaldesa y al equipo que la está acompañando.

El 6 de enero le había avisado y el 12 de enero, en Paipa, hablamos y ella me preguntó si ya había puesto la denuncia, y le dije que sí.

Marcel llega por Carlos Quintana, el subdirector de asuntos legales.

Fui directora del Polo Democrático Alternativo en el tiempo en el que se conformó entre Carlos Gaviria y Antonio Navarro. Él hacía parte del equipo de los jóvenes, después salió del Polo e hizo parte del Progresismo. Me lo volví a encontrar cuando yo era agente interventora en Yopal y él era asesor de la Superintendencia de Servicios Públicos, eso fue en 2015. Lo volví a ver en el 2019.

Porque es alguien que sabe de servicios públicos, un abogado joven, reconocido, tenía referencias de él y había sido candidato al Concejo de Bogotá por el Partido Verde. Cuando era asesor de la Súper, nos ayudó muchísimo, nos dio orientación y conceptos jurídicos.

Quien nos puso la denuncia dice que por un lado está Marcel y que el interlocutor es Dairo Mora, el delegado de una socia del consorcio de la concesión de cementerios.

Si hago un juicio sin evidencias caería en la misma trampa de este señor Sierra Herrera o Venegas Herrera. No tengo ninguna evidencia distinta a esos dos audios y a la versión del señor que nos dio los audios, el sepulturero, quien ya rindió su versión en la Fiscalía.

Era subalterno de Quintana, pero contratista. Cuando me llegan los audios y los presento ante la Fiscalía, le digo ‘nos llegó una denuncia muy delicada y al parecer es sobre usted y no sé cómo vamos a hacer’. No lo podía echar porque era contratista. Él pidió dar por terminado el contrato a los dos días.

Su cargo es de libre nombramiento. Dijo que estaba cansado y que el cargo era muy agotador. Se fue entre agosto y septiembre (de 2022) y en octubre nombré al nuevo subdirector de asuntos legales.

Hicimos dos procesos contractuales que se declararon desiertos porque no se presentó nadie. Con una empresa que nos había ayudado a hacer el cálculo tarifario replanteamos la fórmula tarifaria y se presentaron dos proponentes. Por eso es que los audios no tienen que ver con la concesión, sino con la interventoría, porque a esa licitación se presentaron cuatro proponentes y no dos.

La metodología, según el manual de funciones, indica que eso lo hace un grupo técnico de la Subdirección de Funerarios y de la Subdirección de Asuntos Legales, donde evalúan la propuesta financiera y jurídica.

Ahí estaban Quintana y Marcel. El manual de funciones de Quintana, quien es especialista en contratación, decía que era el responsable de esa tarea, porque el representante legal no puede entrar en esa materia. Eso es lo que hace la transparencia en la contratación. Y las obligaciones de Marcel eran evaluar los procesos, desde el punto de vista financiero y técnico.

El operador lleva 12 años y no cumple a cabalidad con el tratamiento de lixiviados. Tuvo un incremento tarifario que solicitó en 2017 y se lo dieron en 2018, y se comprometieron a mejorar el tratamiento de lixiviados y a hoy no lo ha hecho. Demandó al Distrito y perdieron el laudo y les ordenaron hacer la obra de la planta de tratamiento de lixiviados y no la hicieron.

Cuando la alcaldesa gana, demanda otra vez a la Uaesp por una supuesta insuficiencia financiera por un billón de pesos, para cobrar retroactivamente todo lo que no habían ganado. Alegan que lo engañó la Uaesp con el sistema tarifario. Hay dos equivocaciones: el prestador de lixiviados seis meses antes de la adjudicación de esa concesión, en 2010, era CGR. Si alguien conocía eso eran ellos, porque eran los prestadores. Y segundo, el Distrito no puede legalmente pedir la modificación tarifaria. Eso lo puede hacer una empresa de servicios públicos. Eso le tocaba al operador. En mi opinión, que no soy abogada, esa demanda nunca debió ser aceptada, porque es una discusión tarifaria, que no tiene que ver con la Uaesp, sino con el operador y con la entidad tarifaria.

Si pierde, le toca pagar 1,2 billones de pesos al contratista. Eso quiere decir que se va a desbalancear el estado financiero del Distrito. Eso implica menos colegios, menos manzanas del cuidado, menos todo. Y si no sale de los impuestos, que pagamos todos, nos van a subir la tarifa otra vez. Por A o por B todos lo pagamos. O lo pagamos con el bolsillo izquierdo de los impuestos o con el bolsillo derecho de las tarifas, los s, los ciudadanos.

Sí. Es la única que tengo. Lo que puedo decir es que tengo las herramientas para demostrar que lo que está argumentando la Fiscalía no corresponde a la realidad. Y que el denunciante es el representante legal de CGR, el operador de Doña Juana, y los argumentos no corresponden a la realidad.

Lo que está demostrado es que el río Tunjuelo está gravemente contaminado, no por el punto limpio, sino por la falta de tratamiento de lixiviados en Doña Juana. Que les pregunten a la comunidad y a los trabajadores de Doña Juana qué está pasando con los lixiviados.

Son muchas cosas. Sale el señor Venegas o Sierra a decir que me había entregado plata. En el Concejo validan esa información. Y yo fui la denunciante y no lo reconocen, es el mundo al revés, es la ética y la moral puesta por el piso y un X hablando sin pruebas de algo que desconoce. A los tres días de salir de la entidad, me imputan cargos de una denuncia puesta en 2020 por algo que pasó ese año. Me pregunto: ¿a quién le interesa que yo esté por fuera?, ¿que yo no siga en cargos públicos?

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

EDITOR DE BOGOTÁ

Twitter: @guirei24