Sanción saca a operador de cementerios distritales y deja a Bogotá ante posible emergencia sanitaria: ¿qué hará el Distrito?

El futuro de la operación de los cuatro cementerios distritales (Central, Norte, Sur y Parque Serafín) en Bogotá está en vilo, después de que el concesionario Jardines de Luz y Paz, que brindaba los servicios en estos espacios, decidiera cerrarlos, ya que quedó inhabilitado tras recibir más de cinco sanciones por parte de la Unidad istrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).

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Los cementerios, por lo tanto, permanecieron cerrados desde el viernes y durante el fin de semana. La Uaesp rechazó la decisión del operador, pues dijo que el proceso de inhabilidad finaliza hoy, e indicó que activará un plan de emergencia para garantizar el funcionamiento de los camposantos en los próximos días.

Pero, más allá del pleito judicial que ha sostenido el Distrito y el concesionario por más de dos años, la falta de operación de los cementerios distritales puede llegar a causar una emergencia sanitaria. 

Según el representante legal de Jardines de Luz y Paz, Eder Parada, solo para este fin de semana tenían alrededor de 100 servicios de inhumaciones y cremaciones, sin tener en cuenta los servicios adicionales que suelen llegar de otras funerarias.

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“El número de visitantes supera las 2.000 personas al día. Además, tenemos más de 25.000 bóvedas y en el cenizario hay alrededor de 12.000 cenizas”, indicó el representante de la empresa.

La comunidad, aseguró, que estas decisiones afectan a los más vulnerables. “Nos toca pagar otros cementerios y eso es un costo más. Hay mucha gente que no tiene con qué pagar otro servicio, hay gente muy humilde, muy pobre, habitantes de calle”, le dijo a EL TIEMPO uno de los ciudadanos afectados por el cierre.

Por otro lado, doña Mercedes, una mujer que trabaja vendiendo flores a las afueras de los cementerios, afirmó para el concejal Oscar Ramírez Vahos, del Centro Democrático, que “no esperaban” un cierre tan repentino y “menos un fin de semana”, que es cuando reciben más clientela. “Es nuestro sustento diario”, indicó.

La Uaesp explicó que el concesionario Jardines de Luz y Paz recibió cuatro sanciones en la istración anterior y una en este año, por lo que ya no está habilitado para seguir ejecutando el contrato firmado en 2021. Indicó en un comunicado que "procederá a poner estas irregularidades en conocimiento de las autoridades y a seguir defendiendo los intereses de la ciudad frente al contratista".

No obstante, Parada le dijo a este diario que desde marzo ha insistido en que se termine unilateralmente el contrato, y que las sanciones ya ascienden a 4.000 millones de pesos. Además, reiteró que el Distrito está esperando declarar “urgencia manifiesta” para entregar el contrato “de manera directa” y no abrir una licitación.

“Pasamos un escrito solicitando la terminación bilateral anticipada porque nosotros vimos que no existían garantías, pero desafortunadamente no le dieron un trámite positivo a nuestra solicitud”, reiteró el polémico contratista.

También, dijo que la inhabilidad en realidad se habría materializado el pasado viernes, cuando les notificaron una nueva sanción. “El artículo 90 de la Ley 1474 establece que, cuando un contratista es sometido a cinco procesos sancionatorios que terminan en multa, inmediatamente queda inhabilitado”, indicó.

Con respecto a la última multa, por un valor de 1.600 millones de pesos, Parada aseguró que se impuso porque no se restableció la póliza de seguros de los cementerios, presuntamente, debido a que “la aseguradora no estaba interesada en el negocio”.

Anteriormente, la empresa ya había recibido cuatro sanciones por incumplimientos: como manejar por un tiempo los recursos en cuentas bancarias propias, no consignar en la fiducia todos los dineros captados por servicios prestados y no cumplir con las medidas ambientales relacionadas con los hornos crematorios.

Por otro lado, Consuelo Ordóñez, directora de la Uaesp, si bien está recusada por el operador y no puede hablar del caso, dijo en abril pasado a este diario que hay una solicitud de terminación bilateral del contrato y que ella la remitió a la Subdirección de Asuntos Legales de la entidad para que estudiara su viabilidad.

Aseguró también que el operador “aún no ha dado cumplimiento a la totalidad de sus obligaciones” y que están vigentes investigaciones penales por hechos sucedidos en el proceso de contratación.

“La situación fáctica es que hay un problema con la istración de los recursos y en tanto esa situación no se solucione, y así se lo dije al operador, no tengo absolutamente nada que avanzar en mejorar la relación contractual”, afirmó Ordoñez en su momento.

LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ