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¿Cómo está la relación entre Alcaldía y Policía?

Aunque desde el inicio del gobierno ha habido recelo mutuo, buenos resultados generaban optimismo.

Anoche se llevó a cabo un consejo de seguridad entre Policía, Ejército y Alcaldía.

Anoche se llevó a cabo un consejo de seguridad entre Policía, Ejército y Alcaldía. Foto: Rodrigo Sepúlveda. EL TIEMPO

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Las relaciones entre la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) y la Alcaldía Mayor estarían rotas. Así lo concluyen expertos consultados por EL TIEMPO. Pero no siempre ha sido así. Los os entre la Mebog y la alcaldesa Claudia López empezaron antes de que ella se posesionara. La postura de la mandataria fue conformar mesas de trabajo para ir afinando la estrategia de seguridad que se implementaría en su mandato.
Las primeras muestras de esta relación eran prometedoras. La designación de Hugo Acero como secretario de Seguridad, con una amplia trayectoria y experiencia de trabajo con la institución, y los sucesivos consejos de seguridad de los primeros días del gobierno permitían pensar que iba a haber un buen trabajo en equipo.
Y así fue pese a episodios como el del pasado 6 de julio, cuando en medio de una rueda de prensa la alcaldesa interrumpió abruptamente la intervención del general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Metropolitana. Este hecho no fue bien recibido en varios sectores de la Policía.
No obstante, las capturas de bandas delincuenciales, que fueron recurrentes durante estos meses, avanzaban y todos los indicadores de inseguridad disminuían, menos el hurto de bicicletas y por momentos el homicidio. También se construyó de manera conjunta un protocolo de atención a la protesta social que dio buenos resultados.
Pero todo dio un giro la madrugada del 9 de septiembre con el asesinato de Javier Ordóñez, quien después de ser agredido con un taser frente a su casa por los patrulleros Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, falleció en circunstancias no aclaradas aún.
El video de la agresión generó no solo el rechazo del Distrito, sino de amplios sectores nacionales e, incluso, internacionales. Ante esto, la misma Policía tomó decisiones en contra de los acusados y se puso a disposición de las autoridades judiciales para aclarar lo ocurrido.
No obstante, la violencia vivida las noches del 9 y 10 de septiembre principalmente, y la forma como la Policía actuó para recuperar el orden, fue rechazada categóricamente por la mandataria. “Tener en dos días 10 muertos y 72 heridos por armas de fuego es lo más grave que ha pasado en Bogotá desde la toma del Palacio de Justicia. A las familias de las víctimas, nuestras condolencias y decisión de que las heridas de sus hijos no quedarán en el olvido ni la impunidad”, manifestó López.
Este y otros mensajes mucho más fuertes, según versiones obtenidas por este diario, generaron amplio malestar en la institución. No mencionar hechos como el atentado a la Escuela General Santander el 17 de enero del 2019, en el que murieron 21 cadetes, por ejemplo, o los señalamientos generalizados generó un amplio inconformismo.
En su momento también fueron tensas las relaciones entre el exalcalde Lucho Garzón y el gobierno Uribe, que había pedido la intervención de militares en las universidades. O las de Petro con la cúpula policial por temas como la situación del Bronx. Pero nunca habían llegado a lo que han llegado con López o con su secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, quien en su cuenta de Twitter abrió un correo para denunciar hechos de presunto abuso policial.
“Ofrecemos apoyo jurídico gratuito de la Secretaría de Gobierno a todas las víctimas que lo requieran. Envíe sus denuncias a [email protected]”, algo que cayó muy mal.
A todo esto se sumó el reclamo de que los uniformados no habrían cumplido una orden de la Alcaldía de no usar armas de fuego. La respuesta de la Policía no se hizo esperar y vino de un conocido de la ciudad, el general Hoover Penilla, quien fue comandante de la Mebog durante la pasada istración: “Los policías no necesitamos que alguien nos ordene para hacer uso de las armas o de los elementos de servicio, nosotros analizamos las circunstancias y de acuerdo a ellos actuamos y respondemos individualmente”, manifestó, tras añadir que los uniformados “no salieron al servicio ese día a controlar una marcha o manifestación, salieron a prestar un servicio en los CAI”.
EL TIEMPO le preguntó al Secretario de Gobierno sobre la relación que existe hoy entre el Distrito y Mebog, y respondió que: “la relación de trabajo entre la Alcaldía y la Policía es constitucional y debe garantizarse. Nosotros confiamos en que se cumpla el ordenamiento constitucional sobre los roles de la alcaldesa y cada uno de los policías en la capital”.
La relación de trabajo entre la Alcaldía y la Policía es constitucional y debe garantizarse
Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad de Bogotá, se mostró inquieto con la situación. “Yo creo que las relaciones están prácticamente rotas. Peor que con Petro. La alcaldesa desde el día uno ha demostrado una animadversión hacia la policía, maltratándola y echándole la culpa de todo, pero cuando hay resultados operacionales positivos, ahí sí le parece que es fruto del trabajo conjunto y articulado”.
Todo esto deja un escenario brumoso para una relación que resulta clave a la hora de preservar la seguridad de los ciudadanos o para establecer la verdad de lo ocurrido en las protestas.
Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, explicó que tanto Distrito como Mebog se necesitan, y que es vital restablecer los canales de comunicación.
“Ambos necesitan del otro para garantizar su objetivo común que es el control, la defensa de la vida y la seguridad en la metrópoli”. Para esto, sugirió que se implemente una mesa de trabajo en la que se acepte, entre otras, que la Policía actuó mal y que el Distrito “corrija las formas de interacción con la Fuerza Pública”.
Johan Avendaño, analista de estos temas, considera que no se puede permitir que la Metropolitana empiece a tomar decisiones autónomas en seguridad ciudadana, por lo que sugirió que cuanto antes se establezca el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
“Hay que fortalecer la Secretaría de Seguridad –dijo– para ver cuáles son las estrategias de acercamiento y manejarlo a un alto nivel, con el Secretario y el Comandante de la Policía, y de la misma manera debe haber un acercamiento de la alcaldesa a las estaciones de Policía para fortalecer el vínculo”.
Hugo Acero, secretario de Seguridad, expresó que ante el caso de Ordóñez y otros será la justicia la que determine la culpabilidad y la sanción correspondiente, y sobre las tensas relaciones de hoy expresó que “siempre existen controversias, diferencias de la manera de abordar, pero es a instancias de los consejos de seguridad donde se deben solucionar los problemas”.
Más allá de estas posturas, para Édgar Ardila, director de la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional, lo importante es establecer cómo esta coyuntura permitirá generar condiciones frente a la ciudadanía, que reclama garantías de no repetición de hechos de abuso policial y “ojalá disculpas”, dijo.
Las protestas más violentas se presentaron el 9 y 10 de septiembve pasado.

Las protestas más violentas se presentaron el 9 y 10 de septiembve pasado. Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPO

Ardila fue más allá y sugirió que para solucionar esta coyuntura lo primero que se requiere es lograr la obediencia. "Esta se logra estableciendo unas órdenes dentro del cuerpo policial y que sean de sometimiento a las órdenes de la autoridad civil, si eso no se produce de manera clara por parte del comandante actual, hay que cambiarlo", expresó el experto.
No obstante, el uso de la fuerza no está subordinado a una orden o autorización de los alcaldes. Por lo menos así lo dice el artículo 166 de la Ley 1801 del 2016 que establece cuándo y cómo se debe utilizar ésta como último recurso físico para proteger los derechos de las personas. 
Además, según el artículo 8 de la Ley 1801, es el comandante de la Policía Nacional quien decide si utiliza o no la fuerza, supeditada su aplicación a los "principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad". 
Finalmente, López, envió ayer un mensaje de optimismo. Lo hizo en respuesta a un
pronunciamiento de la alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU, en el que expresó que están verificando los casos en los que 13 personas murieron en un presunto uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en Bogotá y Soacha.
López agradeció que registraran lo ocurrido, “y también de acompañarnos en el proceso de reconstrucción de confianza con las comunidades, Policía y autoridades”.
En la noche de este martes se realizó, como todos los martes, un consejo de seguridad con la presencia del Brigadier General Óscar Rey, comandante de la Brigada XIII del Ejército; el Coronel Luis Sarmiento, subcomandante de la MeBog, el coronel Necton Borja, omandante Operativo Mebog, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el secretario de Seguridad, Hugo Acero, y el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez. 
“Los dolorosos hechos de la semana pasada nos dejan a todos lecciones y enmiendas. Bogotá cuenta con un equipo de seguridad, convivencia y justicia interinstitucional con el que superaremos lo ocurrido y saldremos adelante”, informó la alcaldesa en su cuenta de Twitter.

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