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Atlántico: gobernador Eduardo Verano exige a Air-e cumplir con cobro de Tasa de Seguridad; anuncia acciones legales

- El mandatario rechazó enérgicamente la decisión unilateral de la empresa de dejar el pago como opcional.

- El Departamento activará acciones legales y advirtió sobre un impacto fiscal grave por el incumplimiento.

Eduardo Verano de la Rosa — Gobernador reacciona a decisión de Air-e. Foto: Cortesía

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Leidys Rivero Martínez

SUBEDITORA07.05.2025 09:16 Actualizado: 07.05.2025 10:55

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El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, exigió a la empresa Air-e, hoy intervenida por el Estado, el “cumplimiento inmediato” de sus obligaciones como recaudadora de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza 487 de 2024. La solicitud fue realizada mediante una carta dirigida a Diana Bustamante, agente interventora de la compañía.

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La misiva surge como respuesta a un reciente comunicado emitido por Air-e en el que anunció su intención de incluir un cupón separado en las facturas de energía, dejando a discreción de los s el pago de este tributo. Para el mandatario departamental, esta determinación es “unilateral, inconsulta y jurídicamente insostenible”, ya que no fue socializada con el Departamento, principal afectado por su implementación.

Acciones inmediatas y rechazo oficial

Más calidad en la prestación del servicio del PAE pidió el gobernador. — Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico. Foto:Cortesía Gobernación del Atlántico

Verano calificó como “inisible” la manera en que Air-e procedió, omitiendo los canales formales de comunicación entre la empresa y la Gobernación. “Rechazamos categóricamente esta decisión y la forma en que fue adoptada. Las puertas del diálogo siempre han estado abiertas, pero cualquier cambio debe ajustarse a la normatividad vigente”, advirtió el mandatario.

El gobernador anunció que se tomarán acciones legales inmediatas para garantizar el cumplimiento de la ordenanza y la continuidad del recaudo, ya que el no hacerlo podría generar un “gravísimo impacto fiscal” en el Departamento del Atlántico.

Impacto económico y advertencia fiscal

El secretario jurídico de la Gobernación, Rachid Nader, respaldó las declaraciones del gobernador y expresó su preocupación por el riesgo fiscal que representa esta medida. Aseguró que la istración no ha sido notificada oficialmente por Air-e sobre esta modificación y que la propuesta no fue discutida en las mesas técnicas que se venían adelantando con la compañía.

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Nos tomó por sorpresa. Estábamos construyendo un convenio interistrativo para reglamentar el cobro de la tasa, y en ningún momento se habló de modificar el mecanismo de recaudo. Esta decisión, de ejecutarse, implicaría el incumplimiento de normas jurídicas de obligatorio cumplimiento

Rachid NaderSecretario jurídico de la Gobernación

El funcionario reveló que este año se proyectaba un recaudo de 174 mil millones de pesos, recursos que ya están comprometidos a través de vigencias futuras aprobadas por la Asamblea Departamental. Estos fondos están destinados a fortalecer la infraestructura y la dotación de la fuerza pública en el Atlántico.

“Eliminar el cobro obligatorio de la tasa afectaría gravemente nuestra planeación financiera. El año pasado recaudamos 168 mil millones y este año ese dinero ya tiene destino: seguridad, infraestructura, dotación de la Policía y programas de convivencia. Suspender esta fuente de ingreso pondría al Departamento en una situación de riesgo fiscal extremo”, concluyó Nader.

Gobernación alista ofensiva jurídica

Air-e Intervenida continua con los trabajos de mantenimiento en el Atlántico. Foto:Air-e

La Gobernación anunció que iniciará una ofensiva jurídica para frenar la implementación del cupón opcional, defendiendo lo dispuesto en el Estatuto Tributario Departamental, que exige el cobro conjunto de esta tasa con el recibo de energía eléctrica.

Asimismo, el Gobierno departamental convocará a una reunión urgente con los entes de control y con el Gobierno Nacional, en especial con el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos, para que se pronuncien sobre el incumplimiento de las obligaciones legales por parte de la empresa intervenida.

“Esta no es una tasa cualquiera. Es una contribución clave para garantizar la seguridad de los atlanticenses. No permitiremos que una decisión arbitraria y sin sustento legal ponga en jaque la capacidad operativa del Departamento”, afirmó Verano.

La Gobernación del Atlántico dejó claro que, en defensa del orden jurídico y del bienestar ciudadano, agotará todas las vías legales, istrativas y políticas para revertir esta decisión y garantizar la continuidad del recaudo.