Jamundí sigue bajo amenazas, extorsiones y retenes ilegales: alerta de Defensoría

La nueva alerta temprana que emitió la Defensoría del Pueblo por Jamundí refleja la crítica situación de sus habitantes que viven bajo zozobra y miedo por los disidentes del frente 'Jaime Martínez'.

Por ello, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana de inminencia (ATI) 005 de 2024, debido a los riesgos que corre la población del municipio ubicado a una hora en vehículo de Cali, en el departamento del Valle del Cauca.

Precisamente, hace contados días varios ciclistas fueron interceptados en un retén ilegal de la guerrilla, y en inmediaciones de esa localidad, el Ejército desmontó pancartas de las disidencias de las Farc.

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“Estos son solo dos hechos violentos que comprueban la necesidad de que los entes gubernamentales y las fuerzas de seguridad del Estado implementen acciones urgentes, excepcionales y prioritarias para proteger a los ciudadanos del frente 'Jaime Martínez', del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El accionar indiscriminado de los disidentes que integran el 'Jaime Martínez' están afectando principalmente a habitantes de la zona rural de Jamundí.

También se afectan a los indígenas de los resguardos Pueblo Nuevo y Kwes Kiwe Nasa, también a las familias campesinas residentes en los sitios conocidos, como Villa Colombia, Ampudia, La Liberia, La Meseta, San Antonio, San Vicente y Puente Vélez; así mismo, a quienes habitan los corregimientos Timba, Potrerito, entre otros.

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La labor de la Defensoría en terreno indica por medio de la ATI el aumento en las violaciones a los derechos humanos por retenciones, secuestros, homicidios, restricciones a la movilidad, imposición de horarios, retenes ilegales, hurto, extorsión, presuntamente reclutamiento forzado, entre otras conductas.

"El grupo armado ilegal está buscando tener un control social a través de la instalación regular de retenes imprevistos sobre diversas vías terciarias, en donde exigen a las personas el carné de las juntas de acción comunal (JAC) que los acredita como vecinos de la región", dijo el defensor.

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“Tenemos conocimiento de casos en los que, si una persona no porta o no tiene el carné, es retenida por la guerrilla, incluidos adolescentes y mujeres. Adicionalmente las investigan, les cobran multas o las obligan a realizar trabajos forzados durante algunos días; en caso de no tener el dinero, la retención se puede extender varias semanas, al igual que los trabajos impuestos”, indicó Camargo Assis.

Además de estos delitos, se tiene conocimiento de homicidios y atentados con artefactos explosivos que pueden violar los principios de proporcionalidad y precaución del derecho internacional humanitario (DIH), por los efectos indiscriminados y desmedidos que pueden generar en la población civil.

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El delito que más se comete en la cabecera municipal es el de las exigencias extorsivas, que, en caso de ser ignoradas, apelan a retaliaciones, como ataques con granadas de fragmentación en locales comerciales. Las extorsiones que vienen de tiempo atrás. Jamundí ha cruzado diferentes procesos de violencia desde capturas o asesinatos de capos en la época de carteles, así como las guerrillas y la presunta desmovilización de las llamadas AUC.

“Además de retomar el control de las vías, hemos pedido a las autoridades que sea reforzada la seguridad en Jamundí, y, como hemos visto en otras regiones, que también haya una labor social. Es importante trabajar de manera coordinada en campañas de prevención del reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes, para que las estrategias y programas sean ejecutados de manera rápida, armónica, a tiempo, a propósito de los riesgos advertidos en nuestra Alerta Temprana”, dijo el defensor del Pueblo.

El principal temor está en su territorio rural, de 500 kilómetros cuadrados, que llega hasta los Farallones, donde comparte fronteras con Cali y la región caucana del Naya.

En esta zona, poblada en buena parte por campesinos, se mueven bandas como el ‘clan del Golfo’ y ‘los Pelusos’, y disidencias de las Farc y el Eln, que estiran sus redes hasta el Cauca y el Pacífico.

En voz baja se menciona la presencia de los carteles mexicanos, que tendrían ‘emisarios’ de carteles de los Zetas, Jalisco y cartel de Sinaloa, que mueven cargamentos de cocaína a través del Pacífico. A ello se suma la minería ilegal de oro. Sin embargo, en la Policía Metropolitana de Cali con jurisdicción en Jamundí siempre han venido señalando que no hay tales grupos extranjeros. 

No obstante, se habla de estructuras transnacionales que contratan o subcontratan a bandas locales para delitos en el Valle, en particular el control de microtráfico en Cali. Aclaró que no se rata de ciudadanos mexicanos aquí, sino de bandas como emisarios.

En las afueras de Jamundí, en el sector de Alto Vélez, afueras de Jamundí, también hay temor hasta de hacer deporte. 

Más de la mitad de las víctimas en esta ciudad (en 2023 hubo 109, según el Instituto Nacional de Medicina Legal) eran jóvenes que no pasaban de 30 años.

Con la consigna de que ni en Jamundí ni en ningún lugar del departamento debe ser vedada la institucionalidad, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, reiteró la necesidad de recibir acompañamiento de la Nación para acabar con la inseguridad que afecta a los habitantes del sur del departamento.

“Quiero hacerle, nuevamente, el llamado al ministro de Defensa, porque el grupo ‘Jaime Martínez’ está incluido en el proceso de paz y no debería estar pasando esto en las comunidades de los sectores rurales y urbanos de Jamundí”, precisó.

La mandataria pidió que haya claridad sobre el actuar de las autoridades con respecto a los grupos armados que fueron incluidos en el proceso de paz, que estarían generando terror en el municipio de Jamundí, donde la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana de inminencia por la situación de seguridad que viven las comunidades.

“Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en qué es lo que se va a hacer con los grupos que están en la paz total, para que respeten y podamos tener la institucionalidad en cada uno de los sectores. Vuelvo y le repito, no puede haber control territorial sin la institucionalidad”, señaló Toro.

También insistió en que este municipio del sur del Valle es una de sus prioridades. “Desde que llegamos estamos empeñados en recuperar el control territorial de la zona rural de Jamundí, no puede haber terrenos vedados para la comunidad ni para la institucionalidad y en eso hemos venido trabajando con las mesas campesinas, para que llegue la institucionalidad a través del Ejército y la Policía, pero también, la inversión social que es fundamental para la sustitución de economías ilegales”, explicó.

CALI