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El millonario pleito en Antioquia por una cárcel que nunca se construyó

Proyecto por $ 65.000 millones para solucionar hacinamiento enfrenta a seis entidades estatales.

Las plantas del patio interior del edificio están secas y mal cuidadas. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

PERIODISTA19.04.2023 19:33 Actualizado: 20.04.2023 00:00

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“Son 40 hectáreas que deben ser bien aprovechadas, a favor de los recluidos (sic). Debemos iniciar este proceso a la mayor brevedad posible, hacer los acercamientos pertinentes para la negociación del Seminario. Deseo que en caso de ser efectiva la compra no se lleven nada de la propiedad, hablar con monseñor que se debe dejar todo, hasta con los santos, para que acompañen los internos”.

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Estas fueron las palabras con las que el entonces gobernador de Antioquia, Luis Pérez, pidió —en marzo de 2017— avanzar en la estructuración del proyecto para la construcción de una cárcel, tipo colonia agrícola, en el viejo seminario Cristo Sacerdote de Yarumal, a 120 kilómetros al norte de Medellín.

El propósito era ayudar a resolver el problema del hacinamiento carcelario en el departamento, que para ese momento era del 70 por ciento.

Sus declaraciones se dieron en una de las primeras reuniones, de muchas, que sostuvieron los delegados de las seis entidades estatales involucradas en la propuesta cárcel que desde 2019 está en veremos: el Ministerio de Justicia, el Inpec, la Uspec, la gobernación de Antioquia, la alcaldía de Medellín y la alcaldía de Yarumal.

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Más de seis años después de ese encuentro, el proyecto está suspendido, presenta un avance del 5 por ciento en ejecución, tiene 43.000 millones de pesos sin ejecutar guardados en una fiduciaria y un predio que no sirve para el fin que lo compraron.

Una millonaria demanda, presentada ante el Tribunal istrativo de Antioquia, busca resolver por vía judicial la pelea entre entidades. EL TIEMPO presenta la primera parte de la investigación.

Hay problemas de humedad, por lo que el techo raso se cae a pedazos. Foto:Jaiver Nieto / EL TIEMPO

‘Que se reintegren los recursos’

Un auto del 10 de noviembre de 2022, firmado por el magistrado Jairo Jiménez y conocido en primicia por este diario, itió la demanda por controversias contractuales que presentaron Medellín y Antioquia, 7 días antes, contra las otras cuatro entidades involucradas; además de la Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA (contratista del proyecto) y la Fiduciaria Corficolombiana, donde fue abierto el patrimonio autónomo con los recursos.

Lo que buscan las entidades territoriales es, entre otras cosas, que se reintegren la totalidad de sus recursos invertidos en el proyecto, es decir, 7.000 millones de pesos cada una, más intereses a una tasa del 6 por ciento desde diciembre del 2017 y que se declare culpable a la Uspec por el incumplimiento de sus obligaciones.

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Vale la pena mencionar que las seis entidades firmaron un convenio marco, a mediados de julio de 2017, para “aunar esfuerzos” que llevaran a estructuración del proyecto de la cárcel en Yarumal.

Cinco meses más tarde, con los recursos sobre la mesa, suscribieron un convenio específico derivado por 65.201'190.394 pesos para cofinanciar y ejecutar la construcción, adecuación y dotación de la colonia agrícola. Para esto fue contratada VIVA, una empresa industrial y comercial del Estado que pertenece al departamento.

Demanda que presentó la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia (der.) y Auto del Tribunal istrativo de Antioquia que itió la demanda (izq.) Foto:Archivo particular

Para financiar el resto del proyecto, la Uspec se comprometió a girar 51.201'190.394 pesos, de los cuales aún están pendientes por desembolsar 8.100 millones de pesos, que corresponden a vigencias expiradas de 2018 que el Ministerio de Hacienda no entregó en su momento por no presentar avances superiores al 90 por ciento.

La entidad repitió en múltiples ocasiones que los miles de millones se desembolsarían una vez se reanudara la construcción.

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Los recursos destinados por Medellín y Antioquia se utilizaron, en su mayoría, para la gestión predial del lote que, entre el costo del seminario y los trámites, tuvo un valor de 8.789'315.653 pesos. La Gobernación aún cuenta con un saldo disponible por 5.325'927.005 pesos dentro del patrimonio autónomo, mientras que la cuenta de la Alcaldía está en ceros.

Entre las pretensiones subsidiarias de la demanda, la alcaldía y gobernación también pidieron declarar la nulidad absoluta de los dos convenios “por haberse celebrado con vulneración del principio de planeación”.

Proyecto de construcción cárcel en #Yarumal bajo modelo de Colonia Agrícola es muestra del trabajo por la #DignidadEnLasCarceles pic.twitter.com/9XT7zQCLp2
— MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) May 18, 2017

Proyecto truncado

La idea original del gobernador Pérez y de los otros funcionarios que para entonces lideraron el proyecto —entre ellos, el ministro de Justicia Enrique Gil— era acondicionar un seminario de más de 50 años de antigüedad para que sirviera como colonia agrícola penitenciaria para albergar 1.800 privados de la libertad (cifra que posteriormente se redujo a 1.328 personas).

Se trata de una edificación de 22.500 metros cuadrados, dividida en cuatro bloques, y un terreno de 41,6 hectáreas con canchas de fútbol, microfútbol y baloncesto, que hasta 2013 sirvió para formar sacerdotes y cuya venta fue calificada como una “donación” por un funcionario en una de las reuniones preliminares.

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A pesar de que se trató de argumentar la idoneidad de la estructura para albergar los reclusos, estudios de vulnerabilidad y patología —ejecutados después de la compra del predio— evidenciaron que no cumplía con las normas de sismo resistencia vigentes.

Sucesivos problemas, rifirrafes y acusaciones mutuas entre las entidades por los errores de planeación —antes de la firma del convenio y en la suscripción de una modificación a mediados del 2018— llevaron a que el proceso fuese suspendido de manera indefinida en abril de 2019.

En bases de datos de contratación pública aparece una aclaración en la que se aseguró que las entidades acudirían a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para resolver las controversias.

Esta es la aclaración en la que se pidió acudir a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para resolver el problema. Foto:Archivo particular

Sin embargo, el Ministerio de Justicia le dijo a EL TIEMPO que en junio de ese año la Agencia anunció que no intervendría en el caso por no tratarse de un proceso judicial y no cumplir con los criterios de complejidad y recurrencia. Una vez itido el auto en el Tribunal, el expediente le fue remitido para su conocimiento.

Desde 2019, el proyecto no ha tenido mayor ruido ante la opinión pública y los medios de comunicación, más allá de las eventuales declaraciones de los mandatarios locales en Antioquia para pedir la liquidación del contrato.

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Incluso, la radicación de la demanda se hizo en completo sigilo el mismo día en que delegados de la Uspec, el Inpec, la Gobernación, VIVA y la Contraloría General de la República viajaron hasta Yarumal para evaluar las condiciones actuales del predio y buscar nuevas soluciones.

Aunque esa actuación judicial ya había sido advertida en una carta enviada a mediados de 2022.

En los últimos dos años, la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín enviaron varias comunicaciones a los cooperantes de la cárcel, especialmente al Ministerio de Justicia y a la Uspec, en las que solicitaron dar por terminado el convenio.

Pagos pendientes a VIVA

Paralelamente y para evitar la pérdida de los recursos, las entidades evaluaron la posibilidad de suscribir un contrato de transacción, a través del cual, se buscaba realizar un acuerdo de pago a las actividades ejecutadas por VIVA y adelantar acciones para la culminación del proyecto.

La firma contratista había hecho una reclamación por más de 6.750 millones de pesos por actividades realizadas antes de la parálisis del proyecto que hasta la fecha no han sido pagadas. Entre ellas hay calibración de diseños, estudios, trámites, obras de cerramiento perimetral de seguridad, ampliación de vía y demás.

Pero la Uspec argumentó que solo podía pagar a VIVA la suma de 618 millones de pesos, al tratarse de ítems no pactados en el convenio.

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En mayo del año pasado se alcanzó a escribir el documento que fue evaluado por las partes, pero allí hubo nuevas diferencias por parte de la Gobernación, la Alcaldía y el Inpec, entidad que apenas en noviembre pasado respondió que no estaba de acuerdo en continuar con el proyecto.

El borrador del contrato de transacción para solucionar el problema de la cárcel de Yarumal se presentó en mayo de 2022. Foto:Archivo particular

El borrador del contrato, conocido por EL TIEMPO, establecía la continuidad del convenio específico y le daba a VIVA otros cuatro años para la culminación del proyecto que, además, reducía el número de cupos a 600 privados de la libertad.

Eso sí, no adicionaba nuevos recursos por parte de las entidades, pero sí ajustaba los pagos pendientes a VIVA, por lo que estaba previsto desembolsar a la empresa contratista 2.689'200.306 pesos.

Y estipulaba la renuncia a cualquier reclamación posterior una vez firmado el contrato de transacción.

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“Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra suspendido, y que a pesar de los múltiples esfuerzos por encontrar alternativas que buscaron garantizar la viabilidad del proyecto no fue posible establecer una ruta de trabajo que permitiera superar los asuntos fundamentales”, aseguró Sebastián Londoño, director de Seguridad Ciudadana de la gobernación, en respuesta un requerimiento enviado por este diario.

Las respuestas a la demanda

Por su parte, el secretario de Seguridad de Medellín, José Acevedo, afirmó que “el proyecto presentó situaciones adversas que no permitieron su continuidad y el cumplimiento de los objetos de los convenios, lo cual hubiera permitido contar con más cupos para la población privada de la libertad de Antioquia y Medellín”.

Y reiteró que se busca la devolución y reintegro integral de los recursos y no la entrega del predio.

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En respuesta a la demanda, la Uspec accedió a la liquidación de los convenios marco y específico, pero negó la devolución de los recursos al argumentar que “fueron ejecutados para la adquisición del predio y el saldo como se tenía destinado para la dotación del CAMIS, esto dentro de las obligaciones”. Y se opuso a la declaratoria de nulidad.

Además, aseguró que cumplió a cabalidad con sus obligaciones y que “las inconsistencias que se han dado a lo largo de este proyecto, pero no se le puede imputar la responsabilidad únicamente a las Uspec (sic)”.

Los productos que se siembren en la cárcel de Yarumal será para aportar a programas como Maná. Foto:Jaiver Nieto / EL TIEMPO

El Inpec, por su parte, también se opone a la devolución del dinero y agrega que: “Su devolución a los demandantes implicaría una carga a los demás cooperantes que no están en la obligación de solventar, mucho menos por el Inpec quien jamás istro recursos y mucho menos ejecutó los mismos”.

VIVA accedió a la liquidación del convenio y su apoderado manifestó que “no se opone a que se les restituya los aportes realizados por las demandantes, siempre y cuando se asegure la disponibilidad presupuestal para el reconocimiento de su reclamación económica”.

Mientras que Corficolombiana presentó un recurso de reposición al señalar que no hace parte de los dos convenios en cuestión y que su calidad dentro del proceso es única y exclusivamente en condición de vocera y a del patrimonio autónomo que contrató VIVA para istrar los recursos.

El Ministerio de Justicia le dijo a EL TIEMPO que “nos encontramos en total disposición para respetar las disposiciones judiciales que resuelvan las controversias suscitadas en el marco de los compromisos convencionales que nos ocupan”.

¿Dónde están los recursos?

Saldo en el patrimonio autónomo, a agosto de 2022, en el proyecto de la cárcel de Yarumal. Foto:Archivo particular

En un documento de la gobernación de Antioquia, al que tuvo este diario, se registra que, para agosto de 2022, el saldo disponible en efectivo en el patrimonio autónomo del convenio —que fue contratado en diciembre de 2017— era de 43.472'763.544 pesos.

Además de los recursos disponibles de la Gobernación, también se registran 30.655 millones de pesos en la subcuenta de anticipos de VIVA que hasta el momento no se han desembolsado.

El total del anticipo —que fue trasladado desde la subcuenta de la Uspec— correspondió a 32.600'595.198 pesos. En el documento se registran pagos desde VIVA a contratistas y a las entidades (por devolución del GMF) que suman 2.464’805.099 pesos.

Y el saldo de la Uspec para ese momento era de 7.491 millones de pesos. A las entidades se les ha trasladado más de 5.120 millones de pesos por rendimientos financieros.

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A eso se suman los 477 millones de pesos que ha pagado el Inpec —dueño del predio— por concepto de servicios públicos, impuestos y contratos de vigilancia.

Seis años después de plantearse el proyecto, los santos del seminario Cristo Sacerdote nunca acompañaron a privados de la libertad en Yarumal.

Y el problema carcelario en Antioquia sigue siendo crítico: a febrero de 2023 se registró un hacinamiento del 67,29 por ciento, panorama preocupante en las estaciones de policía del Valle de Aburrá donde la cifra alcanza el 225 por ciento.

*Espere en la segunda entrega de la investigación las advertencias y errores en la planeación y ejecución del convenio que llevaron a comprar el predio sin contar con los estudios requeridos.

SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO MEDELLÍN

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