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Las advertencias y errores en la compra del Seminario para la cárcel de Yarumal

Informes de las mismas entidades pidieron estudios que se hicieron después de la compra del predio.

Cárcel agrícola de Yarumal, Antioquia en abril de 2023 Foto: Sebastián Carvajal Bolívar / EL TIEMPO

PERIODISTA01.05.2023 21:10 Actualizado: 02.05.2023 07:25

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Las obras de construcción de la colonia agrícola de Yarumal, que pretendía resolver el hacinamiento carcelario, especialmente de sindicados de Medellín y Antioquia, están paradas desde el primer semestre de 2019.

Tal como lo reveló EL TIEMPO en una entrega anterior, los dos convenios bajos los cuales se contrató la obra fueron demandados por la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín, el pasado 3 de noviembre, al exigir la devolución de sus recursos invertidos en la cárcel con intereses, es decir, más de 14.000 millones de pesos.

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Con el proceso, buscan resolver un pleito de 4 años por las fallas y errores en el desarrollo del proyecto —a cargo de la Empresa de Vivienda de Antioquia, VIVA— que fue planeado junto con el Ministerio de Justicia, la Uspec, el Inpec y la alcaldía de Yarumal, y en el cual se invirtieron 65.201'190.394 pesos.

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La clave del asunto está en el seminario Cristo Sacerdote, otrora centro de formación para futuros sacerdotes,que fue comprado por las entidades a la Diócesis de Sonsón Rionegro para ser adecuado como colonia agrícola.

En medio de la ejecución del contrato —y después de haber sido adquirido el predio— estudios de vulnerabilidad y patología demostraron en 2018 que la edificación de 22.500 metros cuadrados y cuatro bloques no cumplía con la normatividad de sismo resistencia vigente (NSR10).

Por lo cual, se conceptuó que no podía ser usado para ningún tipo de actividad.

Documentos conocidos en exclusiva por EL TIEMPO demostrarían la omisión de las entidades para la gestión predial del lote —que valió 8.789'315.653 pesos (incluyendo los costos de los trámites)—, al no seguir su propias recomendaciones sobre adelantar los estudios necesarios para viabilizar el proyecto.

Demanda que presentó la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia (der.) y Auto del Tribunal istrativo de Antioquia que itió la demanda (izq.) Foto:Archivo particular

Advertencias propias

Documentos cárcel agrícola Yarumal Foto:Archivo particular

“La edificación presenta un buen estado de conservación a nivel general, solo pequeñas humedades”. Este fue el comentario que hizo el dueño del seminario sobre las condiciones en las que se encontraba la estructura en abril de 2017, cuando envió una oferta para su venta a la gobernación y la alcaldía de Medellín.

Sin embargo, el documento no tiene en cuenta aspectos estructurales que fueron advertidos en por lo menos tres informes de la secretaría de Infraestructura Física de Antioquia, el Inpec y la Uspec, sobre la necesidad de realizar estudios de vulnerabilidad y patología a la estructura para determinar el cumplimiento de las normas vigentes de sismo resistencia, antes de realizar allí cualquier proyecto penitenciario.

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El primer documento lo envió el despacho de Infraestructura, el 17 de febrero de 2017, luego de realizar una visita al lugar. Entre los aspectos identificados a tener en cuenta, especificó que: “A pesar de su larga vida (más de 50 años), la construcción presenta aparente estabilidad, sin embargo, en el último nivel se observan algunas grietas en muros por desconfinamiento”.

Para los ingenieros, esta situación “determina la necesidad de un estudio de patología estructural que verifique el cumplimiento de la norma sismo resistente aplicable”.

En los meses posteriores, los delegados de las entidades —entre ellos secretarios de Despachos y altos funcionarios del MinJusticia— continuaron con reuniones frecuentes para avanzar en los diferentes aspectos para la estructuración de la colonia agrícola.

Fue en mayo de ese año cuando el Inpec envió un informe a la secretaría de Seguridad de Medellín en el que expuso algunas recomendaciones tras una visita de inspección al seminario.

“Se considera totalmente viable su adecuación como Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (...) Se considera que la cantidad de privados de la libertad es de máximo 2.100”, se lee en el documento y agrega: “Por no contar con el personal idóneo dentro de la planta del Inpec se requiere concepto de ingeniero estructural para determinar la capacidad y por tanto viabilidad de la estructura”.

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Pero un mes más tarde, en junio, la gobernación presentó unos estudios previos en donde se asegura que “después de analizar los estudios de este predio tanto por la Uspec, el Inpec y la secretaría de Planeación (...) se llegó a la conclusión que este edificio (...) es más que apto para que allí con las mejoras locativas que se hagan, puede funcionar una penitenciaría”.

Y se aseguró que construir en ese momento un edificio nuevo con tales características valdría más de 120.000 millones de pesos.

Visita y negociación

Durante tres días, en julio de 2017, funcionarios de la gobernación, la Uspec, el Inpec y la alcaldía de Yarumal viajaron al norte de Antioquia para verificar las condiciones requeridas antes de la firma del convenio marco.

En el acta de la reunión se lee un concepto del ingeniero estructural de la Uspec, en el cual se habló, por primera vez, de la responsabilidad de los estudios de vulnerabilidad. “Estando ya definidas las áreas que se van a intervenir, se entregará a la Uspec para que se realice el estudio de vulnerabilidad de la parte estructural.Se ratifica en cuento (sic) al cumplimiento de la estructura con la NSR10”.

Y dos semanas más tarde, la Uspec y el Inpec presentaron un informe ejecutivo ante el Ministerio de Justicia en donde se define que la capacidad del establecimiento debe ser de 1.800 privados de libertad y se expresó un concepto sobre el componente estructural.

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“Se realizarán pruebas de resistencia del concreto y del acero debido a la antigüedad de la construcción, en caso de que no se cumpla la resistencia de concretos y aceros se realizará el respectivo reforzamiento estructural según título A NSR 10, el cual se incluirá en el respectivo presupuesto de adecuación y mantenimiento”.

Paralelamente, delegados de la gobernación y la alcaldía de Medellín, en cabeza de la secretaria de Gobierno, Victoria Ramírez, y el secretario de seguridad, Andrés Tobón, negociaron la compra del predio, cuyo valor se fijó en 8.500 millones de pesos, después de analizar precios entre los 7.500 y los 12.000 millones de pesos

A finales de agosto, La Lonja Agro Ambiental presentó su avalúo comercial en el cual se tasó el valor de las construcciones en 8.222'351.500 pesos y el lote, en 557'736.500 pesos, para un valor total de 8.780 millones de pesos.

Aunque la intención era sembrar allí fresas, aguacate, cebolla, y otros productos agrícolas,en el documento se expresa que el 95 por ciento del terreno corresponde a suelos que su uso más adecuado es para plantaciones forestales o que deben permanecer bajo bosque natural, por las pendientes que tiene.

En reuniones del comité de supervisión, la Upsec manifestó su compromiso para adelantar los diseños de la colonia agrícola. Incluso en uno de los encuentros, su delegado dijo que se había dispuesto un grupo de 13 funcionarios para tal fin y en otra manifestó que había avances superiores al 90 por ciento.

Pero a mediados de octubre, según consta en una de las actas en poder de este diario, se le pidió a la alcaldía de Yarumal adelantar los estudios estructurales, solicitud que se negó porque el municipio no contaba con la disponibilidad presupuestal para asumir el costo.

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“Por dificultad de tiempo y presupuesto se propone para cumplir con principio de planeación y contar con los resultados antes de la suscripción del convenio se solicita que la gobernación o la alcaldía de Medellín verifique posibilidad de aportar el soporte técnico para la viabilidad técnica del proyecto (sic)”, se lee en el documento de ese día.

‘Antes de terminar el gobierno Santos’

El 20 de octubre de 2017 hubo dos reuniones clave en torno al proyecto. En la primera el ministro de Justicia, Enrique Gil; el gobernador de Antioquia, Luis Pérez; el secretario de Seguridad de Medellín, y el alcalde de Yarumal, Julio Areiza concretaron temas presupuestales y definieron la suscripción de un convenio derivado con VIVA.

En la tarde, el comité de supervisión trató el tema de los estudios y allí la Upsec aseguró que estaba trabajando en concretar el tema de los diseños. “Previo a ello se debe contar con los resultados de las pruebas de laboratorio de la estructura existente”, se lee en el acta.

Paso seguido quedó consignado que: “El gobernador asumió el compromiso a través de VIVA para tomar las muestra de laboratorio y dar resultado del estudio de patología, para que posteriormente Uspec pueda confirmar y definir estudios y diseños del proyecto”.

Una semana después se informó que un equipo técnico de la gobernación viajó a Yarumal para recolectar las muestras, pero se dijo que el estudio quedará posterior a la firma del convenio derivado por el tiempo que requiere.

“Se requiere inaugurar antes de terminación del gobierno de Santos”, esa fue la indicación que se dio en otra reunión a finales de octubre.

Al revisar los estudios previos que presentó el Ministerio de Justicia antes de la firma de convenio, se lee que el Inpec, la Uspec y la alcaldía de Yarumal: “realizaron los estudios y diseños topográficos, arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, hidráulicos, eléctricos y de seguridad (...) , evidenciándose de esta forma, que el inmueble es un predio idóneo y apto para los fines proyectados”.

Pero hasta ese momento, no hay constancia de la existencia de los estudios de vulnerabilidad estructural y patología que fueron solicitados desde inicio de ese año.

Predio del Inpec

Finalmente, el 10 de noviembre se suscribió el convenio por 65.000 millones de pesos con el que se contrató a VIVA para la construcción, adecuación y dotación de un establecimiento de reclusión tipo colonia agrícola, en un plazo de 14 meses.

Aunque la escritura para la compra del Seminario se firmó el 3 de enero de 2018 y el lote de 41,6 hectáreas quedó a nombre del Inpec, las obras no avanzaron como se esperaba.

Durante ese año hubo múltiples acusaciones entre las entidades, principalmente entre la Uspec y VIVA, por las labores que esta última debía ejecutar y los constantes retrasos en la etapa preconstructiva y constructiva.

El argumento de la empresa para defenderse era que, tras haber revisado los diseños y estudios que debía ajustar para dar continuidad al proyecto, se percató de que estos excedían una ‘calibración’ y en cambio requerían un rediseño.

Saldo en el patrimonio autónomo, a agosto de 2022, en el proyecto de la cárcel de Yarumal. Foto:Archivo particular

Respuesta que fue rebatida por funcionarios del Ministerio de Justicia al señalar que VIVA conocía los estudios antes de la firma del convenio y que para eso se iban a destinar 1.200 millones de pesos que incluían la terminación de los diseños y los estudios.

Incluso, para solventar los retrasos, en algún momento se propuso incorporar a personas privadas de la libertad en las labores de construcción y fijar turnos de 24 horas, 7 días a la semana, para agilizar las labores. Pero esta propuesta fue desestimada porque implicaba sobrecostos por 5.324 millones de pesos.

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Aún sin contar con los estudios de vulnerabilidad y patología de la estructura, en uno de los comités de supervisión del convenio, tanto el delegado del Ministerio de Justicia, como el vocero de VIVA reafirmaron la necesidad de que la empresa construya a medida que se fueran obteniendo los estudios.

En un informe de la Uspec, presentado en julio de 2018, se aceptó que “los diseños entregados por la istración anterior de la Uspec a VIVA es claramente identificable que estos no son aptos para la construcción y que se debe hacer un trabajo de diseño importante”.

Además, se itió un error de planeación a la hora de firmar el convenio, porque para ese momento “no se tenían estudios de suelos y de vulnerabilidad sísmica sobre las estructuras existentes”.

Imposibilidad de repotenciar

A mediados de ese año también se evaluó la posibilidad de suspender el convenio, para ejecutar únicamente las actividades de preconstrucción; pero, finalmente, el 31 de julio, las entidades firmaron un modificatorio en el que se replanteó el proyecto en dos etapas para subsanar la falta de diseños.

Sin embargo, no se estableció el origen de los recursos con los que se iban a financiar, lo que llevó a otro debate jurídico que solo se resolvió hasta el año siguiente.

En el segundo semestre de ese año VIVA entregó los estudios de vulnerabilidad y patología que no solo indicaron la imposibilidad de usar la estructura bajo ninguna circunstancia, sino que además mostraron que no era favorable proceder con una repotenciación, como se pensó en algún momento.

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Un nuevo informe de la Secretaría de Infraestructura conceptuó por esos días que “teniendo que cuenta que el avalúo se realizó sobre un predio en el cual existe una edificación, no es conveniente hacer demolición para no incurrir en un detrimento patrimonial, se recomienda recuperar y conservar la edificación para darle un uso complementario o de apoyo a la institución carcelaria”.

La construcción de la cárcel costará costará 62.000 millones de pesos y tendrá capacidad para 1.350 internos. Foto:Jaiver Nieto / EL TIEMPO

La suspensión

La primera suspensión del convenio se dio el 28 de enero de 2019, tras un dura reunión en la que la Uspec entregó un informe técnico donde se presentaron algunas observaciones sobre el trabajo de VIVA.

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“A la fecha lo que vimos es que Viva ha avanzado en algunas actividades de la ejecución del convenio, que han superado la fase de gestión predial, han adelantado algunos estudios de los cuales aún no contamos con el producto final y adicional se adelantaron unas obras en cuestión de cerramiento para el predio que contaba con una interventoría que terminó el 31 de diciembre”, se lee en el acta.

También se dijo que VIVA presentó retrasos en las actividades de cerramiento y obras preliminares porque no contaba con el personal y los recursos necesarios para el desarrollo de estas. “No cumple con los requerimientos establecidos en la legislación en lo referente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo”.

La empresa respondió, como ya lo había hecho antes, diciendo que presentó la propuesta bajo los diseños suministrados por la Uspec.

Uno de los aspectos claves de la reunión fue destrabar el lío jurídico que se derivó de la modificación al convenio, al no estipular la fuente de financiamiento de los diseños y estudios. Ese día, delegadas de la gobernación afirmaron que la entidad se encargaría de asumir los gastos con los recursos disponibles en el patrimonio autónomo.

Esta es la aclaración en la que se pidió acudir a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para resolver el problema. Foto:Archivo particular

A pesar de que se trató de vislumbrar una salida para la culminación del proyecto, el subcomité técnico presentó en abril otro informe en el que se indicó que desde el 2015 ya había advertencias sobre la inviabilidad del proyecto.

“Albergar internos en construcciones ya edificadas, no cumple con el fin propuesto por la Unidad, toda vez que sus edificaciones no corresponden con la actividad”, citó el subcomité a una mesa interinstitucional de septiembre de 2015.

Incluso, el director de infraestructura de la Uspec de la época alertó en ese momento que “para poder adecuar las estructuras existentes de cualquier inmueble se debe verificar que cumpla con la norma sismo resistente vigente a la fecha”, es decir, que se debía contar con los estudios de vulnerabilidad.

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El 17 de mayo de 2019 se dio la última reunión para tratar de evitar la suspensión definitiva, pero no fue posible encontrar una solución a los problemas de “orden legal, estructura, evidentes problemas de planeación” que alegó la Uspec.

Para esa entidad, la Empresa de Vivienda de Antioquia no entendió que entre la gestión predial para la compra del seminario debía incluir los parámetros técnicos, alegato que siempre fue rebatido.

Ahí fue cuando las entidades decidieron acudir a la Agencia Jurídica del Estado, que al final alegó que no podía intervenir el tema. Y desde eso ya han pasado casi cuatro años sin que haya habido una solución de fondo y con una demanda a cuestas ante el Tribunal istrativo de Antioquia.

*Espere en la tercera entrega las observaciones de la Contraloría General en la reciente auditoría sobre el caso. Así como las alternativas que se plantearon para construir la cárcel en el predio adquirido.

SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO MEDELLÍN

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