Negando la existencia de déficit financiero, sobrecostos y “atrasos relevantes” en los frentes de trabajo, la Gobernación de Antioquia extendió por tercera vez consecutiva el plazo para la culminación del autódromo de Bello, luego de que el pasado 31 de agosto la obra no pudiera ser entregada.
Mientras varias autoridades y organismos de control parecieran estrechar cada vez más el cerco sobre los cuestionamientos con los que carga el proyecto, Indeportes Antioquia insistió en negar los presuntos sobrecostos y líos constructivos que tendría y sostuvo que este va por buen camino.
A través de una audiencia pública celebrada el pasado viernes 2 de octubre en la Cámara de Representantes, los líderes de diversas entidades destaparon varios problemas sobre este desarrollo urbano, que involucran asuntos jurídicos, ambientales y constructivos.
Desde el componente ambiental, por ejemplo, salió a flote que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) inició un proceso sancionatorio en contra de Indeportes por presuntamente haber trasgredido los términos de un permiso de tala.
Santiago Rolón, coordinador de permisos, instrumentos y trámites ambientales del ANLA confirmó que esa entidad investiga si los contratistas habrían emprendido una tala de árboles sin haber comenzado un proceso de compensación anticipada exigido por la ley.
Aunque Indeportes negó haber infringido los términos del permiso otorgado e insistió en el cumplimiento de todos los requisitos, la interventoría del proyecto, a cargo de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, advirtió la presencia de inconsistencias en la información presupuestal relacionada con dicha compensación arbórea.
“Es necesario aclarar lo relacionado con el presupuesto presentado para la compensación ya que, presupuestalmente, solo aparece indicado el establecimiento de 3.324 individuos y la Resolución 01282 del 3 de julio de 2019, ordena como medida de compensación el establecimiento de 6.648 individuos en una proporción de 6:1”, se lee en el informe de interventoría, con fecha del 31 de agosto de 2020.
De igual forma, Rolón confirmó que esa autoridad abrió una investigación para determinar un posible lleno irregular de cauces y una denuncia sobre presuntos vertimientos en el lago Tulio Ospina, el activo ambiental más importante del lugar.
Junto con la ANLA, otro organismo que le puso la lupa al proyecto fue la Contraloría General de Antioquia, que a través de un informe técnico evaluó varios temas sensibles, que van desde los líos jurídicos por la cesión del lote Tulio Ospina, hasta problemas que habrían implicado retrasos en la ejecución de los trabajos.
Así mismo, la Contraloría volvió a poner sobre la mesa las posibles irregularidades en el proceso de cesión del lote Tulio Ospina.
Luego de revisar las escrituras públicas y los trámites realizados durante el pasado cuatrienio, la entidad señaló no haber encontrado ningún acto istrativo que probara la cesión del terreno por parte de varios municipios del valle de Aburrá a la Gobernación de Antioquia, ni ninguna autorización por parte de los concejos municipales para tal fin. Una denuncia que ya había sido formulada desde 2019 por la veeduría ciudadana de seguimiento al Central Park.
Para profundizar en estas presuntas irregularidades, el organismo de control trasladó sus pesquisas a la Superintendencia de Notariado y Registro y a la Procuraduría General de la Nación.
Según pudo conocer este diario, este último organismo, a través de la Procuraduría Regional de Antioquia, ordenó el inicio de una investigación disciplinaria en contra del exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez; el exdirector del Área Metropolitana, Eugenio Prieto Soto; el exgerente de Indeportes Antioquia, Javier Mauricio García Quiroz; y el curador segundo municipal de Bello, Nicolás Arturo Orrego Bothia.
La obra no ha presentado atrasos relevantes, solo se ha visto afectada a causa de la declaración de emergencia sanitaria
Sergio Roldán Gutiérrez, actual gerente de Indeportes, respondió por su parte a un derecho de petición formulado en el marco de la audiencia pública en donde fijó la posición del instituto ante esta cadena de cuestionamientos.
Aunque el funcionario se inhibió para pronunciarse sobre las presuntas inconsistencias en la legalidad del terreno, argumentando que el tema solo le compete a la Gobernación de Antioquia, insistió en que el cronograma de la obra tuvo que ampliarse únicamente a causa de la pandemia.
“La obra no ha presentado atrasos relevantes, solo se ha visto afectada a causa de la declaración de emergencia sanitaria”, se lee en la respuesta.
No obstante, un informe de la interventoría del pasado 31 de agosto pondría en duda la versión de la entidad y cuestionaría la responsabilidad de los contratistas en los retrasos del proyecto.
“El avance de obra durante el periodo es muy bajo, se presentaron varios días de inactividad en los frentes de obra por ausencia de personal de subcontratistas, así como del Proveedor de VIVA. Por este motivo, el día 10 de agosto se envió al Contratista un oficio (...) con registro fotográfico en el que se observan los frentes de trabajo sin personal y sin actividad alguna”, aparece en ese documento.
El avance de obra durante el periodo es muy bajo, se presentaron varios días de inactividad en los frentes de obra por ausencia de personal
Según las nuevas cuentas, el objetivo sería el de concluir los trabajos antes del 31 de diciembre de 2020, lo que equivaldría a un año de retraso respecto al plazo fijado desde el martes 17 de septiembre de 2019, cuando la Gobernación puso la primera piedra.
“Este proyecto tiene la vocación de convertirse en un elefante blanco. Hay que ver cómo se resuelven las irregularidades pasadas y repensar que se va a hacer con el proyecto”, dijo el representante a la Cámara Jorge Gómez Gallego, quien lideró la realización de la audiencia pública y propuso la creación de una comisión parlamentaria para vigilar el proyecto.
Con el objetivo de entender la posición de la entidad ante los señalamientos formulados y conocer el porcentaje de avance de los trabajos, este diario se ó en repetidas ocasiones con la subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo de Indeportes en busca de un pronunciamiento, pero hasta el cierre de esta edición no había sido posible.
JACOBO BETANCUR PELÁEZ
Para EL TIEMPO
MEDELLÍN