Radiografía de la región donde se registraron más masacres en el 2020

Desplazamientos, masacres, vehículos incendiados en la vía, problemas con la sustitución de cultivos y una constante zozobra para la población hicieron parte del cruento 2020 que vivió la subregión del bajo Cauca antioqueño.

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Según registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), esta zona, conformada por Caucasia, Tarazá, Cáceres, El Bagre, Nechí y Zaragoza, fue el epicentro de las masacres que se registraron en Antioquia durante el 2020, pues de 21 ocurridas, 11 se cometieron en esta región, dejando 42 víctimas.

Y no solo eso, el bajo Cauca fue el lugar donde más masacres se cometieron en 2020 en Colombia, seguida del norte del departamento del Cauca y la costa nariñense.

En el 2019 la subregión tenía una tasa de 145 homicidios por 100 mil habitantes, por encima de Tijuana (la ciudad más violenta del mundo), que registró 134 asesinatos por 100.000 habitantes. Y pese a que el año pasado, en medio de una reducción general de la violencia en el país, los homicidios bajaron en el bajo Cauca un 16,1 por ciento con respecto al 2019, la zona se mantuvo con la tasa más alta en Antioquia y surgió el fenómeno de las masacres.

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El municipio que concentra la mayor violencia de la zona es Tarazá, con casi 43.000 pobladores donde, según cifras de la Fiscalía General de la Nación, la tasa para 2019 fue de 324 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta del país.

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“Tanto en Tarazá como en el bajo Cauca, los grupos al margen de la ley, hace muchos años, le ganaron la batalla al Estado y eso se sigue demostrando en el decrecimiento del desarrollo, en el desplazamiento forzado, en los homicidios, en que la gente ya no ve la región como un futuro para inversiones”, manifestó Ferney Álvarez, alcalde (e) de Tarazá.

Y es que solo en el año que acaba de culminar hubo dos masacres en el pueblo, 71 asesinatos y más de 700 desplazados (198 núcleos familiares), sin contar la alta tasa de subregistro, que preocupa a la Alcaldía.

Incluso, hubo varias veredas en las que luego de vivir hasta 54 familias, ahora solo quedan cuatro o están deshabitadas.

“Cuando ocurrieron estas masacres, el presidente (Iván Duque) se desplazó al municipio a hacer unas promesas que no las ha cumplido, temas de desarrollo. Si llevamos cinco años combatiendo el problema de orden público en el bajo Cauca, con pie de fuerza y no ha cambiado nada, ¿por qué no se cambia la estrategia?”, cuestionó el Alcalde, quien agregó que si no hay oportunidades para los jóvenes, se les hace mucho más atractivo pertenecer a un grupo armado, lo que perpetúa el conflicto armado.

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Su preocupación por la falta de presencia efectiva del Estado en la zona fue la misma que expresaron diferentes líderes del territorio durante un conversatorio que la Comisión de la Verdad convocó en noviembre, donde además se expusieron asuntos como las economías ilegales, los problemas con la implementación del acuerdo de paz y la necesidad de tener un mayor desarrollo económico.

“La presencia no logra ser homogénea en el territorio, hay territorios en los que efectivamente se habla de ausencia de Estado, pues sobre todo la parte de comunidades étnicas, lo rural, lo que la gente expresa es una necesidad de una mayor presencia”, explicó Marta Villa, directora de la Comisión de la Verdad en Antioquia, en diálogo con EL TIEMPO.

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La Comisión de la Verdad realizó un proceso de investigación de cinco meses en la zona, previo al conversatorio, para conocer la perspectiva de unos 100 representantes de organismos de cooperación internacional, de organizaciones sociales y de víctimas, entre otros. Todo esto, con el fin de determinar por qué el conflicto persiste en la zona y dar recomendaciones a la institucionalidad, por lo que el próximo mes se convocará a otra reunión y en agosto se volverán a encontrar en ‘El Diálogo nacional para la no repetición’.

De acuerdo con Villa, uno de los puntos que hace a esta zona más vulnerable es el peso que tienen las economías ilegales, tanto de coca como de minería y la lucha de los grupos armados organizados por la apropiación de las mismas, motivo que explica la persistencia de los antiguos grupos y el surgimiento de nuevas expresiones de actores armados.

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En ello coincide Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del IPC, para quien es necesario entender que lo que se vive hoy es el resultado de décadas de violencia, con diferentes hitos, que han dejado a su paso grandes consecuencias para la población civil. No en vano, de acuerdo con la Unidad de Víctimas, desde el 2011 y hasta el 31 de diciembre del 2020 Cáceres, Tarazá, El Bagre, Caucasia, Zaragoza y Nechí sumaron 205.386 víctimas del conflicto armado.

La última oleada de violencia comenzó en enero del 2017, cuando se registró una masacre en Piamonte (municipio de Cáceres). “Mientras no se haga nada por las economías ilícitas va a ser rentable, para cualquier actor armado de allá, establecer sus dominios y generar una renta, y eso es lo que está ocurriendo en este momento”, sentenció Zapata.

Actualmente, las acciones violentas provienen de actores armados como las autodefensas Gaitanistas de Colombia, los Caparrapos, el Eln y las disidencias de las Farc, quienes se disputan el control por las rutas de comercialización de la droga.

“Si el Estado no generaba un control efectivo en el territorio para evitar que esto continuara, otros grupos ilegales iban a llegar a hacerlo y eso es lo que tenemos ahí. A pesar del alto componente militar, con 4.500 hombres de la Operación Aquiles, de la Séptima División, en el sur de Córdoba y Bajo Cauca, ni siquiera se llegó a hacer un control efectivo con las armas a esos territorios”, sostuvo el director del observatorio.

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Ese fue uno de los aspectos que reconoció en noviembre el secretario de Gobierno de Antioquia, Luis Fernando Suárez. “Primero hay que pensar en copar la institucionalidad, pero la Fuerza Pública no es suficiente, eso es muy claro. Los hombres y mujeres del grupo de tarea Aquiles hacen un trabajo muy importante, yo lo digo con prudencia: no es suficiente", dijo.

La efectividad es cuestionada ya que pese al alto componente militar, los asesinatos se dan en su mayoría de manera selectiva y en contextos rurales diferentes a enfrentamientos armados directos.

Suárez informó que a noviembre de 2020, solo había capturas por una de las masacres y agregó que “hay que quitarles presencia a los bandidos”, pues de cinco grupos armados organizados que hay en Colombia, cuatro tienen presencia en el bajo Cauca.

EL TIEMPO intentó comunicarse con el brigadier general Juvenal Díaz Mateus, comandante de la Séptima División del Ejército, para conocer la estrategia que se aplicará en la zona durante este año, pero al cierre de esta edición no fue posible.

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Pero la seguridad no es el único reclamo. Otro de los puntos que manifestó la comunidad ante la Comisión de la Verdad fue el de la falta de oportunidades laborales, motivo por el que también convocaron al sector empresarial de la zona.

“Ha sido una zona históricamente excluida de los beneficios, del desarrollo del departamento, de la región y de Colombia. La gente habla también de cómo persisten unos niveles altos de pobreza, de inequidad en esta región y en ese sentido, el llamado a los diferentes actores es cuáles son las propuestas de desarrollo que hay allí”, dijo Villa.

Para el alcalde de Tarazá, es complejo tener un desarrollo económico y social cuando no se puede brindar seguridad, o mejor dicho, “no se le puede pedir inversión al sector privado cuando el Estado no le brinda seguridad”.

Mientras se materializa una solución más global y articulada, la Gobernación de Antioquia anunció que durante este año pondrá en marcha varios proyectos.

“Queremos mostrar con resultados, con hechos cómo una de las mejores maneras de contener la violencia es a partir del apoyo a la ciudadanía en sus proyectos productivos. Hemos formulado ya proyectos por 47.536 millones de pesos”, explicó Rodolfo Correa Vargas, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia.

MELISSA ÁLVAREZ CORREA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MEDELLÍN