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Ataques a fincas del Cauca prenden alarmas por invasiones en Colombia; así es panorama

Mientras los cañicultores temen que las tomas se extiendan, gremios piden soluciones del Gobierno.

Manifestación en Padilla, en el Cauca, por violencia contra trabajadores. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

PERIODISTA14.06.2023 19:43 Actualizado: 15.06.2023 00:00

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Tres incursiones de encapuchados a fincas de caña del norte del Cauca, ocurridas en los últimos cuatro días, con un saldo de 30 hectáreas quemadas, además de la denuncia de dos trabajadores en Corinto que fueron retenidos por hombres armados, prendieron nuevamente las alertas de los gremios y las autoridades sobre la problemática con invasiones de tierras y amenaza a empleados de fincas en estas zonas.

Claudia Ximena Calero Cifuentes, presidenta de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), denunció que entre el sábado y el martes ocurrieron estos nuevos ataques en fincas de Miranda.

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Según las denuncias, el pasado 10 de junio, en los predios de este municipio caucano, varios encapuchados ingresaron, amenazaron a los trabajadores y desde entonces permanecen en cambuches instalados ahí desde donde se niegan a salir. Fuentes de Asocaña manifiestan que estas personas no han descubierto sus rostros.

Mientras las autoridades investigan qué grupos están detrás de estos ataques, ya son más de 35 haciendas las ocupadas, especialmente por indígenas en el Cauca, en un litigio que también involucra en las últimas dos décadas a pobladores afrodescendientes y campesinos, bajo la amenaza de disidentes de las Farc y grupos paramilitares.

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Las últimas cifras entregadas en septiembre por la Defensoría del Pueblo, sobre esta problemática, daban cuenta de 108 casos activos de ocupaciones indebidas de tierras o invasiones en todo el territorio.

El organismo identificó ocupaciones en 26 municipios en 9 departamentos: Atlántico, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Vichada. Los casos son más frecuentes en el sur del país.

El organismo identificó ocupaciones en 26 municipios en Atlántico, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Vichada. Los casos son más frecuentes en el sur del país

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Una de las primeras invasiones del año ocurrió en febrero, cuando un grupo de indígenas se tomó una finca ganadera con machetes, picos y palas en mano del municipio de Cumbal, en el sur de Nariño, causando innumerables destrozos y heridas leves a varios trabajadores.

Fue necesario la intervención de la Fuerza Pública para que la calma retornara al lugar, cercano a la frontera con el Ecuador.

Esta fue una de muchas ocupaciones ilegales que en los últimos años han realizado las comunidades indígenas en este departamento a predios privados, bajo el argumento de que sus tierras les fueron arrebatadas a sus antepasados y que sus acciones obedecen a un proceso de “recuperación de tierras”.

En esa oportunidad, el secretario de Gobierno de Nariño, Andrés Zúñiga, dijo que su obligación es garantizarles los derechos a los propietarios de las fincas.

En el Huila también se han registrado intentos de invasiones. En septiembre pasado, al predio El Guácimo, de Neiva, llegaron cientos de familias desplazadas con carpas y cambuches. Tras un mes de permanecer allí finalmente fueron desalojadas en un masivo operativo de la Fuerza Pública que fue atacada con piedras por parte de encapuchados que se oponían al desalojo.

José Eustasio Rivera, director de Planeación de Neiva, afirmó que las familias y personas salieron en ese entonces del predio tras un proceso de concertación con mediación de la Personería y Defensoría del Pueblo. “En Neiva tenemos registrados 111 asentamientos y 21 están en proceso de legalización”, señaló.

El caso del Cauca

El Cauca es la región más afectada, con el 36 por ciento de las ocupaciones. Además de la quema de cultivos de esta semana, en febrero fueron asesinados tres trabajadores de fincas de caña: Élmer Tálaga Poscué, Aldemar Moreno Aldana y Jhon Jénner Hurtado. Y otros ocho empleados han resultado heridos en estas incursiones.

En febrero y en abril fueron asesinados tres trabajadores de fincas de caña: Élmer Tálaga Poscué, Aldemar Moreno Aldana y Jhon Jénner Hurtado

La presidenta de Asocaña, al igual que directivas de ingenios, pidió de nuevo al Gobierno Nacional garantías de seguridad en esta región.

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“Quiero insistir en que no existen garantías para trabajadores de nuestra agroindustria, al trabajo, a la vida, a la movilidad y propiedad privada, hemos venido insistiendo al Gobierno acciones contundentes en la región”, señaló Calero.

Lo anterior, además, por el hecho denunciado en Corinto. Según dos trabajadores de la finca La Cabaña, cuando se desplazaban en una motocicleta fueron abordados por hombres uniformados y armados que los despojaron del vehículo y los retuvieron por cerca de dos horas.

La directiva gremial señaló que hay una mesa de diálogo que definió reglas desde finales de 2022 mientras se logra un acuerdo que aún no se ha alcanzado, por lo que las ocupaciones irregulares se habían frenado. Pero desde esta semana, el conflicto se volvió a encender.

“Se escuchan amenazas de que van a seguir arremetiendo contra estas fincas y nuestra preocupación es por la vida de todos los trabajadores”, dijo Juan Carlos Agudelo, líder afro y vocero de los trabajadores de caña de azúcar.

Estas disputas llevan dos décadas en esta zona del departamento compuesta por nueve municipios, las cuales han dejado a su paso más de una veintena de muertos.

Pérdidas de empleos.

La vicepresidenta de la República, Francia Márquez, ha reiterado la importancia de que los diversos grupos poblacionales en estos litigios puedan ponerse de acuerdo, inclusive, para que el Gobierno siga entregando tierras tituladas a ciudadanos que han sido expropiados por violentos en el pasado.

En algunos casos, los nativos comparten estos terrenos con poblaciones afro, que en varias ocasiones se han visto enfrentadas por la tensión que se vive en la zona.

Al tiempo, gremios e ingenios azucareros viven en una encrucijada, pues reiteran que estas invasiones repercuten en empleos que se venían generando. Los gremios de la agroindustria de la caña dicen que en el norte caucano se generan 50.000 empleos, y que por confrontaciones y ocupaciones se ha afectado la productividad de cerca de 1.000 hectáreas.

En ingenios de la zona, como Incauca, La Cabaña y Central Castilla, se mantiene la guardia de trabajadores que hacen turnos de 24 horas para evitar que lleguen nuevos invasores.

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La defensora de derechos humanos y de comunidades negras Yanet Mosquera hace un llamado a llegar a un acuerdo. “No se trata de quitarle a nadie su propiedad o tierra, pero el Gobierno debe mirar cómo se compra para que podamos tener territorios colectivos o territorios propios”, comenta.

El gobernador del Cauca, Elías Larrahondo, afirmó que piden al Gobierno agilizar las salidas para prevenir que esta caldera en el norte del Cauca se convierta en una bomba de tiempo.

Popayán, Cali, Neiva y Pasto

@ColombiaET