Con medida de aseguramiento privativa de la libertad en una cárcel fueron cobijados cuatro servidores públicos, tres de ellos pertenecientes a la Fiscalia y uno más a un Juzgado de Neiva donde labora como escribiente.
La Fiscalía logró establecer que, al parecer, los cuatro aprovecharon sus funciones para brindar asesoramiento y a cambio exigían gruesas sumas de dinero como contraprestación. También se estableció que otro de los investigados sería responsable de comercializar municiones.
Los funcionarios, detenidos en Neiva por el CTI, fueron identificados como Héctor Carvajal Ramos, Emir Quintero Tello y Nunil Javier Rojas Velásquez, adscritos
al Grupo de Seguridad a Infraestructura y Personas de la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación.
El otro capturado es German Cárdenas Morera, escribiente de un Juzgado Civil en Neiva.
La Fiscalía les imputó los delitos de cohecho impropio y cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de servidor público, obtención de documento público falso y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
Otros delitos imputados son concusión, enriquecimiento ilícito de servidor público, asesoramiento ilegal, abuso de función pública y fraude procesal continuado.
Una fuente humana denunció las actividades ilícitas de los cuatro funcionarios.
El trabajo investigativo realizado por la Fiscalia contiene interceptaciones de comunicaciones, análisis de información e inspecciones judiciales, entre otras actividades de policía judicial, las cuales dejaron ver como Héctor Carvajal y otras personas se dedicaban a comercializar municiones.
Emir Quintero, por su parte, habría usado su cargo para obtener información que luego habría vendido y, además, es señalado de realizar asesorías a sabiendas que no lo podía hacer.
La Fiscalía encontró que estos funcionarios habrían ofrecido dinero en efectivo al escribiente del Juzgado Civil de Neiva, con la intención de lograr su colaboración en procesos.
Nunil Javier Rojas, por su parte, habría cobrado comisiones por viajes que nunca realizó y esa acción la habría justificado con la presentación de certificaciones fraudulentas.
En medio de las audiencias públicas realizadas en Neiva, ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.
FABIO ARENAS
Para EL TIEMPO
NEIVA
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