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Juzgados en Córdoba se declaran impedidos en caso de la masacre de ganadero Esteban Urueta

Los indiciados permanecen con detención en centro carcelario y se espera ahora el juicio final.

Los señalados partícipes del crimen fueron capturados en Cartagena. Foto: Policía

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Francisco Javier Barrios

19.02.2025 16:16 Actualizado: 19.02.2025 16:35

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Tres juzgados en Córdoba se declararon impedidos para continuar con el proceso que se sigue en contra de Cristian Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, presuntos asesinos del ganadero, Esteban Urueta González y sus trabajadores, Fredys Beleño Acosta y Gerardo Marzola Coronado.

La masacre en la que se vieron implicadas estas personas fue cometida en la zona rural del municipio de Chimá, en los límites con Ciénaga de Oro (Córdoba).

El juez de control de garantías Andrés Alberto Lora Correa había legalizado los delitos imputados a Cristian Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, al igual que la medida de aseguramiento en un centro carcelario.

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ganadero secuestrado en Córdoba — Ganadero Esteban Urueta González, secuestrado y asesinado en Córdoba. Foto:Archivo particular

La Fiscalía General de la Nación les imputó los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y municiones; hurto calificado agravado, y ocultamiento, alteración y destrucción de elemento material probatorio.

Los juzgados que se declararon
impedidos en el caso son:

El Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú, el Juzgado Penal del Circuito de Sahagún y el Juzgado Penal del Circuito de Cereté (Córdoba).

Ante esta situación, el Tribunal Superior de Montería debe definir que juzgado continuará con este escalofriante caso donde las tres personas fueron asesinadas.

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La decisión de los juzgados

Los argumentos presentados por los juzgados para declararse impedidos en un caso de tanta relevancia en la región son:

El Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú (Córdoba) señaló que después de confirmar en segunda instancia, la decisión para que los procesados continuaran en la cárcel se tipifica como una causa de impedimento, ya que encaja dentro de las causales establecidas en el artículo 56 de la Ley 906 de 2004.

Por su parte el Juzgado Penal del Circuito de Sahagún, Córdoba, precisó con firmeza que el titular del despacho habría emitido una opinión extraprocesal del caso en mención.

De la misma manera argumentó que la decisión está originada por el artículo 56 numeral 4 del Código de Procedimiento Penal.

El Juzgado Penal del Circuito de Cereté no aceptó la causal de impedimento invocada por su homólogo de Sahagún, precisando que la opinión o concepto anticipado del juez de Sahagún no era relevante ni sustancial.

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Así mismo anotó que la jueza de Cereté está impedida para el proceso por haber actuado como juez de control de garantías en segunda instancia en un proceso mucho antes, donde aparecen relacionadas las mismas personas acusadas en el caso del ganadero Esteban Urueta y sus dos trabajadores.

La sala penal del Tribunal Superior de Montería tendrá que definir la competencia entre los dos últimos juzgados.

El argumento del Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú, fue aceptado.

Los hechos

La masacre donde fueron asesinados Esteban Urueta González, Fredys Beleño Acosta y de Gerardo Marzola Coronado ocurrió el 10 de septiembre del año 2024, cuando fueron llevados por Cristian Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés hacia la zona rural de Chimá, donde iban a contar un ganado.

En el lugar en primera instancia fueron asesinados los dos trabajadores con arma de fuego y arma contundente y posteriormente incinerados para ser lanzados a una fosa.

Cuando el ganadero Esteban Urueta regresó al lugar después de hacer una diligencia en Montería, corrió con la misma suerte y fue lanzado al mismo lugar donde permanecían sus amigos.

Los presuntos responsables fueron capturados en Cartagena, hasta donde se habían trasladado, al parecer huyendo de las autoridades.

Durante el proceso de juzgamiento no aceptaron los cargos, pero el juez de la causa legalizó el allanamiento donde fueron capturados, legalizó las capturas y la medida de aseguramiento.

Se espera ahora la continuación del proceso para determinar si son condenados, o no.