Minas antipersona siguen cobrando vidas en el país: conozca las regiones más afectadas

Hay preocupación en varias zonas del país ante los registros de víctimas de minas antipersonales en este primer trimestre del 2023. No obstante, en zonas como Nariño, la alerta también nace ante la dificultad de las autoridades para llegar a varias zonas, pues los armados amenazan a las comunidades para evitar que la Fuerza Pública ingrese.

Es el caso de Tumaco, en Nariño, donde, según el secretario de Gobierno departamental, Andrés Zúñiga, en zonas como Bajo Mira y Frontera, las comunidades no permiten el ingreso de policías o militares por las intimidaciones de grupos armados ilegales.

“Nosotros venimos solicitando a la Presidencia que, a través de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, se cree un comité urgente en el territorio –denuncia Zúñiga–. Queremos avanzar con un proceso de desminado, inicialmente humanitario, pero si se puede que también sea militar, es que las estructuras armadas que controlan el territorio obligan a la población a no permitir el ingreso de la Fuerza Pública”.

Precisamente, uno de los hechos más recientes se dio el pasado 18 de mayo en esta zona rural del municipio del Pacífico nariñense, cuando un gobernador indígena del pueblo awá estuvo muy cerca de morir al activar una mina.

Se trata de Alberto García Pai, de 42 años, quien se desempeña como gobernador suplente de la comunidad Guiza Sábalo, perteneciente al resguardo indígena el Gran Sábalo, se dirigía hacia su vivienda el pasado 18 de mayo, a la altura del kilómetro 84 de la vía que de Tumaco conduce a Pasto, cuando pisó el artefacto.

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Los hechos ocurrieron sobre las 2 de la tarde. Por fortuna, a los pocos minutos llegaron algunos indígenas que le prestaron apoyo y lo trasladaron hasta el Hospital San Andrés de Tumaco, donde recibió la asistencia médica primaria.

Lamentablemente, y a pesar del esfuerzo de los médicos y enfermeras que lo atendieron, la mina antipersonal afectó gran parte de su pierna izquierda y podría perderla.

Según información del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en este primer trimestre del 2023 hubo un total de 48 víctimas de minas antipersonal y restos de explosivos de guerra (granadas u otros artefactos), de las cuales 7 perdieron la vida.

Estos hechos ocurrieron en seis departamentos del país: Nariño (21 víctimas), Antioquia (6 víctimas), Chocó (6 víctimas), Putumayo (6 víctimas) Bolívar (5 víctimas), Cauca (4 víctimas).

El secretario de Gobierno de Nariño sostiene que 14 personas en todo el departamento fueron víctimas directamente de las minas, y 11 de estos casos se registraron en las zonas mencionadas del Pacífico nariñense.

“Es preocupante –se lamenta Zúñiga–. Pedimos atención rápida y efectiva para avanzar en esto, porque se requiere un proceso militar para saber con certeza cómo se encuentra esta zona”.

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Según la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), “este accidente también genera un daño a la gobernabilidad del territorio colectivo, ya que afecta a un líder y autoridad de su resguardo”.

La misma organización informó que en lo que va corrido del presente año ya se ha denunciado ante las autoridades competentes el registro de seis indígenas víctimas por minas antipersonal en su territorio, uno de ellos falleció y los restantes sufrieron heridas en distintas partes del cuerpo.

Por esto, comunidades de la zona insistieron ante las autoridades y organismos de seguridad que “la instalación de minas antipersonal se ha convertido en un flagelo constante y un peligro de muerte para cualquier persona que camina por la selva. Este desequilibrio en el territorio afecta nuestras formas propias de vida, la armonía y la tranquilidad de las comunidades”.

Una vez más, la Unipa le insistió al Gobierno Nacional que lleve a cabo con carácter urgente un plan de desminado humanitario enfocado en los resguardos del pueblo awá.

Igualmente, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Gobernación de Nariño y Alcaldías de Tumaco y Barbacoas le piden articular estrategias de atención humanitaria para las víctimas de minas antipersonal.

Zúñiga sostiene que en Nariño operan 13 estructuras armadas ilegales, y en Tumaco hay una fuerte presencia de las disidencias de las Farc, donde la ‘Segunda Marquetalia’ y otros grupos pertenecientes a la primera facción de la extinta guerrilla se enfrentan a sangre y fuego afectando a la comunidad.

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Además, asegura, la situación es de carácter urgente, pues el Estado necesita tener presencia en la zona para las labores de desminado y atención a los afectados, varios de ellos menores.

Durante el 2022, el CICR registró 515 víctimas. De ellas, el 54 por ciento fueron civiles, y 43 víctimas eran menores de edad, 161 personas fueron víctimas de minas antipersonal y restos explosivos de guerra.

Los casos se reportaron en 18 departamentos, los más afectados fueron Cauca, Antioquia, Nariño, Arauca, Norte de Santander y Meta, donde se concentraron el 70 por ciento de las víctimas.

La coordinadora de la Unidad de Contaminación por Armas del CICR, Ana María Hernández, explica que en trabajo conjunto con la comunidad, se entregan varios planes de contingencia así como la organización de los pobladores en varias zonas. No obstante, muchas de estas zonas padecen la crudeza de la guerra.

“La presencia de estos artefactos en varias zonas no solo generan las afectaciones contra las vidas –aclara Hernández–, sino que también se sabe de zonas confinadas y en riesgo, además de desplazados, por este tipo de riesgos”.

Comunidades indígenas en Chocó se han visto afectadas por el confinamiento que producen estos artefactos.

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Según un informe publicado en enero por la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), Chocó, Antioquia, Córdoba y Sucre fueron los departamentos más afectados, sobre todo durante el segundo trimestre del año.

Uno de los hechos que se conocieron este año fue el de Lloró, donde la personería denunció el confinamiento de tres comunidades indígenas desde noviembre del 2022.

Mientras tanto, en Antioquia, con corte al pasado 28 de febrero, la oficina del Alto Comisionado para la Paz registra un total de cuatro eventos por minas y munición sin explosionar.

Este departamento, según la oficina, es históricamente el de mayores afectaciones por estos artefactos, registrando, desde el 1 de enero de 1990 hasta el pasado 28 de febrero, 6.252 eventos.

“El departamento de Antioquia ha venido generando acciones en las diferentes líneas de la Acción Integral contra Minas Antipersonal, las cuales vienen siendo impulsadas a través del Comité Departamental de Acción Integral Contra Minas Antipersonal, Munición Sin Explosionar y Artefactos Explosivos Improvisados, espacio que cuenta con tres comisiones para trabajar específicamente en: Educación en Riesgo de Minas, asistencia a víctimas y desminado humanitario”, señalaron desde la secretaría de Gobierno del departamento.

Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el 70,4 por ciento de municipios antioqueños se encuentran sin minas, mientras que el 16,8 está en intervención de desminado humanitario y el 12,8 por ciento está sin intervención.

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En el caso de Bolívar, Arenal del Sur, en el sur del departamento, es el municipio con más casos registrados de incidentes en lo que va del año con cuatro.

Por otro lado, en Cauca, este año se han logrado detonar de manera controlada 13 minas antipersonales.

El departamento ha celebrado la declaratoria de Santander de Quilichao, Puracé y Balboa como municipios libres de minas, no obstante, Diego Aguilar, secretario de Gobierno del Cauca, sostiene que el conflicto existente entre grupos armados ilegales por el control de la renta de la droga puede llegar a generar que estos artefactos sigan apareciendo.

“Tenemos pendientes los trabajos en Cajibío –explica Aguilar-. Este año no tenemos en nuestros reportes datos de accidentes, no conozco los que maneja la Cicr, pero vamos bien, porque el año pasado se registraron 20 casos y en 2021 hubo 28, eso es un buen indicador de que las cosas van mejorando”.

El funcionario señaló que los trabajos que se vienen realizando ayudan al acompañamiento en varias zonas y solo quedan a la espera de que el Gobierno Nacional implemente las políticas de desminado que permitan continuar con las labores en los territorios. 

MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA BORRERO y MAURICIO DE LA ROSA

EL TIEMPO