Apretón en el Gobierno Petro: ¿Qué pasará con los contratos vigentes de familiares de ministros y funcionarios?

La inminente publicación en las próximas horas de un plan de austeridad en el gasto de todas las entidades del Estado en el 2025 tiene en vilo a los servidores públicos y en particular a quienes trabajan como contratistas bajo la figura de prestación de servicios, pues es en ese rubro donde, de acuerdo con las informaciones conocidas, se verá uno de los mayores ‘apretones fiscales’ para el próximo año.

De acuerdo con lo anunciado recientemente por el presidente de Gustavo Petro en su directriz anual de austeridad, la ausencia de 12 billones de pesos por la no aprobación de la reforma tributaria "obliga al Gobierno a realizar un mayor esfuerzo en la austeridad de los recursos públicos, que posibilite reducir o suprimir los gastos en aquellas actividades que así lo permitan, sin afectar el normal funcionamiento de la istración".

Y en medio de la expectativa sobre qué sectores serán los más afectados o qué medidas se tomaran para reducir el gasto, han surgido varias voces desde la oposición y otros sectores políticos que se preguntan si ese recorte también afectará a los familiares de altos funcionarios estatales que actualmente tienen convenios con entidades del país.

Por ello, a pocas horas de finalizar el año 2024, la Unidad de Datos de El TIEMPO rastreó a familiares de ministros o altos directivos cercanos al primer mandatario para revisar el estado de sus contratos y el objeto que persiguen.

De acuerdo con la información recabada en la plataforma de contratación estatal Secop, el Portal Anticorrupción (Paco) y el directorio Sigep del Departamento istrativo de la Función Pública, en la actualidad la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez y el director de RTVC, Hollman Morris, tienen familiares cercanos con contratos que vencerán el día de mañana, cuando finalice el 2024.

Hasta la fecha, sin embargo, no es claro si esos convenios se eles renovarán o si podrían continuar vinculados al Estado, pero con entidades diferentes bajo la misma modalidad de prestación de servicios.

En el caso de la Ministra Ramírez, el contratista con acuerdo vigente hasta el día 31 de diciembre es uno de sus hijos, Álvaro Eduardo Restrepo Ramírez, quien firmó el pasado 1 de septiembre un convenio por 127 millones de pesos con el Ministerio de Cultura. (Vea el contrato aquí)

El acuerdo tiene como objeto “prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de alianzas estratégicas así como la formulación, desarrollo y seguimiento de iniciativas, planes, programas y proyectos del ministerio ”.

Este es el segundo convenio de esta clase suscrito por Restrepo Ramírez. De acuerdo con lo consignado en la plataforma Secop. El 19 de enero del año pasado se firmó un acuerdo con prácticamente el mismo objeto que el anterior, pero con un valor inicial de 76 millones de pesos y que debía terminar el 31 de agosto de 2023. 

Pero además se registra que para el 28 de septiembre de 2022, Restrepo Ramirez ingresó por primera vez como contratista a Mincultura con un convenio por 27 millones de pesos con el objeto de prestar servicios profesionales “para apoyar el Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación del Ministerio de Cultura, en la identificación de prioridades y necesidades de las direcciones, áreas y entidades adscritas”. Ese acuerdo duró hasta el 30 de diciembre de ese año.

Hay que decir también que si bien no fue a través de un contrato por prestación de servicios, otro de los hijos de Gloria Inés Ramírez estaba en la nómina estatal. 

Se trata de Diego Alejandro Restrepo Ramírez, quien desde 19 de febrero de este año era asesor de la oficina jurídica del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Pero de acuerdo con lo que reporta el directorio Sigep, del Departamento istrativo de Función Pública, estuvo en el cargo hasta el 19 de noviembre. La asignación salarial era de 10 millones de pesos.

También aparece registrada en la información abierta oficial la hermana de la Ministra, Diana Zuleiyma Ramirez Rios, quien desde febrero de 2023 es Subdirectora de Innovación en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud. De acuerdo con el rango de su cargo, tiene una asignación básica mensual de 12 millones de pesos.

Estos nombres se suman a otros actuales ministros que tienen familiares en cargos estatales desde antes de ser nombrados en sus respectivas carteras.

Es el caso del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo cuya esposa, Beatriz Eugenia Gómez Consuegra trabaja desde el 6 de septiembre de 2022 en la Superintendencia de Salud como superintendente delegada para prestadores de los servicios de salud.

Otra ministra que tuvo un allegado en el alto gobierno es la de Agricultura, Marta Carvajalino. 

Su esposo, Jaime Andrés Osorno Navarro, fue vicepresidente de activos muebles e inmuebles de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, desde antes de que la actual jefa de la cartera de Agricultura fuera nombrada en el cargo y hasta el 11 de noviembre de este año, cuando se retiró de esa entidad.

Otros de los familiares de altos funcionarios estatales que están a la expectativa frente a sus contratos son los hermanos del actual gerente de RTVC, Hollman Morris. Actualmente los tres tienen convenios que terminan este año.

Es el caso de Juan Pablo Morris Rincón, quien desde el 22 de marzo de este año y hasta este 31 de diciembre tiene un acuerdo por 131 millones de pesos suscrito con la Unidad de Restitución de Tierras con el objeto de “asesorar, apoyar y acompañar en todos los asuntos istrativos y de planeación estratégica, táctica y operativa que son competencia de la Subdirección General” de la entidad. 

También aparece como contratista, pero con el Ministerio de Cultura, Helga Morris Rincón. En su caso, se trata de un convenio por valor de 76 millones de pesos que se firmó el pasado 27 de febrero.

El objeto de este convenio es el de “prestar los servicios profesionales a la dirección de audiovisuales, cine y medios interactivos para apoyar la creación, gestión y desarrollo de las estrategias transversales, plan de formación, así como de las convocatorias de estímulos de conformidad con las políticas y estrategias del ministerio de las culturas, las artes y los saberes”.

Este acuerdo, inicialmente, era por 70 millones de pesos y duró hasta noviembre. Sin embargo, de acuerdo a lo que registra el Secop, se prorrogó hasta el 31 de diciembre y se le hizo una adición presupuestal de 6 millones de pesos. 

En la plataforma Secop también aparece evidencia de que una tercera hermana de Morris también tuvo un reciente y breve contrato con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado POR 32 días y 10 millones de pesos. Este convenio, que tenía como objeto “acompañar a la Dirección de Defensa Jurídica Internacional en el relacionamiento con las víctimas de violaciones de los derechos humanos y a la comunidad sujeta de reparaciones colectivas”, finalizó el pasado 20 de diciembre.

Uno de los casos que desató mayor polémica en el gobierno es el Carlos Julián Caicedo Cano, compañero sentimental del actual director de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien afronta una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación, entidad que lo señala de violación al régimen de inhabilidades por haber ejecutado un contrato estatal al mismo tiempo que se desempeñaba como asesor en el invías.

De acuerdo con la información oficial, Caicedo fue nombrado el 23 de enero de 2023 como asesor grado 8 del Instituto Nacional de Vías, con una remuneración de alrededor de 8 millones de pesos mensuales.

Ese mismo día Caicedo Cano firmó un contrato público por 25 millones de pesos con la Universidad Pascual Bravo de Medellín, con el objeto de “realizar el acompañamiento” de un convenio hecho entre la institución y el distrito de Medellín. Este acuerdo tuvo vigencia de cinco meses.

Tras esta investigación, abierta el año pasado, es poco lo que se sabe de la gestión en Invías de Caicedo. De hecho, ni en el Aplicativo para la Integridad Pública, ni en el directorio de funcionarios estatales del Sigep aparecen registros de que continúe en el sector público. Tampoco aparece, a la fecha, en la nómina del Invías.

De hecho, el propio director de Ecopetrol, en declaraciones a medios el pasado 18 de noviembre , aclaró que su pareja sentimental “tiene un contrato como director de logística en una compañía privada desde hace bastantes meses”.

RAFAEL QUINTERO CERÓN

Unidad de Datos EL TIEMPO

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