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¿Cambio a medida? Minjusticia ajustaría funciones para que nueva directora de Política de Drogas cumpla requisitos
Nueva polémica se suma a este nombramiento, que sonó tras polémica renuncia de la ministra Angela Buitrago.
Marcela Tovar espera ser nmbrada en los próximos días en la Dirección de Política contra las Drogas de Minjusticia. Foto: EL TIEMPO
Si se revisa el manual de funciones y competeencias del Ministerio de Justicia vigente a la fecha, Marcela Tovar Thomas, quien sería la nueva directora de Política contra las Drogas no cumpliría los requisitos académicos para su nuevo cargo.
Por ello se haría necesario hacer un cambio casi que ‘a la medida’ de la nueva funcionaria con el objeto de acomodar los requisitos, por lo menos en cuanto a estudios académicos, para que el perfil de Tovar se ajuste a la normativa.
Esto le suma una nueva polémica a este nombramiento, que se ventiló en medio del escándalo por supuestas presiones indebidas que llevó a la renuncia de Angela María Buitrago.
Según reveló la ex funcionaria a EL TIEMPO, el ministro del Interior Armando Benedetti y la directora del Dapre, Angie Rodríguez, la habrían presionado para nombrar personas cercanas a ellos en varios cargos, entre ellos el de esta dirección.
“También recibí la petición de cambiar al director de Política de Drogas y enviaron una hoja de vida de una persona que no cumplía con los requisitos para ocupar esa dirección. En ese cargo debe estar alguien técnico, que conozca el área, que maneje territorio y que entienda las posibilidades de enfrentar un tema como este", le dijo Buitrago a EL TIEMPO .
Y poco después de la renuncia de Buitrago, se publicó en el portal de aspirantes a cargos de libre nombramiento y remoción el nombre de Tovar Thomas, como aspirante al cargo en cuestión. La virtual nueva funcionaria es filósofa con especialización en estudios latinoamericanos y con maestría en gestión de proyectos con énfasis en educación y formación.
De acuerdo con su perfil en la red Linkedin, actualmente es Asesora de Dirección para Cooperación Internacional y de Género de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (Ungrd).
Tovar es actualmente Asesora de Dirección para Cooperación Internacional y de Género de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (Ungrd).
“En los últimos 8 años se ha especializado en implementación de política pública y gestión, especialmente en temas relacionados con población vulnerable: usuarios de drogas y la reforma en política de drogas, jóvenes e inserción social y víctimas del conflicto armado -la política de atención y reparación”; señala en su trayectoria.
De hecho, el perfil agrega que desde octubre de 2022 hasta mayo de 2024, Tovar Thomas fue “asesora del Viceministerio de Política Criminal y Dirección de Política de Drogas en política de drogas en SRPA, alternatividad penal para mujeres. Liderando el eje de reducción de vulnerabilidades asociadas al consumo de drogas para la política pública nacional en la Dirección de Política de Drogas en articulación con el Ministerio de Salud”.
Imagen de los requisitos académicos para dirigir la oficina de política antidrogas Foto:EL TIEMPO
Sin embargo, de acuerdo con las competencias académicas que aparecen en el manual de funciones, queda claro que tendrá que haber cambio: el Ministerio deberá incluir la carrera de filosofía, la cual no aparece actualmente en el documento, tal como lo pudo comprobar la Unidad de Datos de EL TIEMPO.
El texto de esa reglamentación que hasta el cierre de esta edición estaba para consulta pública, para ser director de política antidrogas se requiere título en “istración; Derecho y afines; Ciencia Política, Relaciones Internacionales; Economía; Psicología; Ingeniería Química y Afines; Ingeniería Industrial y Afines; Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines; Química y Afines”.
Y al consultar la hoja de vida que actualmente aparece cargada en la plataforma de aspirantes de la Presidencia de la República, Thomas Tovar reportó un pregrado en filosofía, profesión que actualmente no está listada entre las autorizadas para ejercer el cargo.
De igual manera, tampoco aparece listada la carrera de educación, que es la que la nueva funcionaria tiene bajo el título de posgrado. Esto, a priori, obligaría a un cambio en el manual de funciones, algo que según pudo establecer este medio, se está ya haciendo al interior del Ministerio.
¿Es legal hacer este tipo de cambios?
Irene Vélez Torres, director de la ANLA Foto:Cortesía Ministerio de Minas y Energía
Los manuales de funciones y de competencias laborales son los documentos internos de las entidades oficiales en los que se describen no solo las funciones y responsabilidades de todos los cargos, sino las competencias y habilidades necesarias para cumplirlas, lo que incluye las profesiones y especializaciones requeridas para poder ser vinculado.
La reglamentación que los crea proviene del Departamento istrativo de la Función Pública. Sin embargo, cada entidad es autónoma para expedirlo, modificarlo o actualizarlo de acuerdo con sus necesidades.
Pero este tipo de cambios han desatado polémica reciente, toda vez que voces de la oposición han señalado su uso “ a destajo” para favorecer personas cercanas al Gobierno, así no cumplan con el perfil para el cargo.
El caso más reciente, en abril de este año, sucedió con la exministra de Minas y Energía, Irene Vélez, a quien el gobierno nombró en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
Poco tiempo antes de posesionarse, una resolución de la entidad incluyó en los requisitos académicos para los cargos de libre nombramiento y remoción las ciencias humanas, lo que incluye la carrera de filosofía, título de pregrado que tiene Vélez.
La propia Vélez ya había estado inmersa en la misma polémica pero cuando llegó en 2022 al Ministerio de Minas. Para entonces, la cartera debió incluir la carrera de filosofía entre los requisitos para sus cargos directivos.
El caso llegó incluso a mover una demanda ante el Consejo de Estado promovida por el hoy precandidato Miguel Uribe. Este proceso, pese al ruido mediático que generó no ha avanzando en los altos tribunales.
Pero no ha sido el único. Otra polémica reciente sucedió en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cuando el entonces jefe de esa cartera Luis Carlos Reyes quien incluyó la carrera de trabajo social para poder nombrar como su secretaria general a Luz Nayibe López, quien trabajó a su lado en la Dian.
¿Qué dice la norma?
Pero más allá de la polémica, lo cierto es que no hay una limitante clara o una prohibición específica que impida realizar este tipo de cambios en los requisitos y habilidades que deben tener los servidores de las entidades públicas.
De hecho, en un concepto emitido por el Departamento istrativo de la Función Pública, se reitera la autonomía de las entidades estatales para ajustar los manuales de acuerdo con sus necesidades.
“En virtud de la autonomía istrativa que ostentan las entidades, el jefe del organismo está facultado para efectuar las modificaciones que, con ocasión a la necesidad del servicio o mejoramiento del mismo, se requiera para efectos de cumplir de manera eficiente y eficaz los objetivos institucionales de la entidad”, señala el concepto que usted puede consultar aquí.
Agrega que “las entidades también están facultadas para definir funciones adicionales al manual de funciones para sus funcionarios, cuando la necesidad en el servicio así lo determine”.