La semilla de mostaza en el terreno legal y político

Más allá de la política electoral, algunos grupos conservadores y organizaciones han sumado esfuerzos para oponerse desde el ámbito jurídico a lo que ven como una avanzada de decisiones judiciales que atentan contra lo que ellos llaman la familia tradicional.

Se han concentrado en litigar en contra de decisiones que perciben como favorables a la legalización del aborto o al matrimonio entre parejas del mismo sexo. A la fecha, de 18 países latinoamericanos, en 7 está aprobado el matrimonio igualitario, según el especial Transnacionales de la fe.

Según Maríana Ardila, abogada de la dirección legal de la organización Women’s Link Worldwide, en América Latina solo en Uruguay y la Ciudad de México está aprobado el aborto hasta determinadas semanas, y de ahí en adelante se autoriza en causales específicas. En países como Colombia, Argentina y Chile, está aprobado en algunas causales. En El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití y República Dominicana, está prohibido.

Explica Ardila que hay grupos que obstaculizan el al aborto incluso en países donde hay causales, para lo cual manipulan datos para prohibir el derecho, cuando las cifras muestran lo contrario, que en países donde está regulado, se reduce la mortalidad materna. “La pregunta no es aborto sí o no, la pregunta es si es seguro o no para las mujeres”, argumenta.

Uno de los grupos conservadores que hace activismo judicial es Red Familia Colombia, una organización no gubernamental que busca fortalecer y garantizar lo que denomina en su página web “el desarrollo integral de la familia”. Esta ONG se dio a conocer en agosto de 2016, en las marchas por la familia, e incidió en varios casos cursados en la Corte Constitucional. En su página web precisan que: "a través de campañas específicas y la generación de redes, pretende ser un ente de presión frente a los estamentos del Estado así como ser un referente social y político en los temas relacionados con la familia".

Ángela Vélez Escallón, socia fundadora de la Red Familia Colombia, explicó que la historia de la organización se remonta al 2008 cuando padres de familia manifestaron su preocupación con la educación que estaban recibiendo los niños en los colegios, por lo que se organizaron para defender el concepto familia. Confirmó que están “articulados con una ONG muy grande americana que se llama ADF Internacional, que básicamente es una oficina de abogados con forma de oenegé”. Agregó que la Red tiene vínculos con organizaciones de otros países como Cuide Chile.

Red Familia Colombia tiene varias iniciativas, una de ellas llamada "Un paso al frente", recibió la asesoría jurídica de Neydy Casillas, según se observa en el final del video alojado en YouTube. Casillas se unió al brazo internacional de Alliance Defending Freedom (ADF), una organización estadounidense cuyo eje de acción es la defensa jurídica de los valores cristianos y para ello aglutina a más de 2.500 abogados aliados. Algunos de esos abogados tienen presencia en los organismos multilaterales, incluida la Organización de Estados Americanos (OEA).

Uno de los cofundadores de ADF es James Dobson, influyente miembro de la Oficina de la Fe y la Oportunidad de la Casa Blanca, que creó Donald Trump y que –como muestra el especial ‘Transnacionales de la fe’– viene aumentando su influencia política en varios países de América Latina.

Neydy Casillas Padrón estuvo recientemente en Medellín en la Asamblea de la OEA y en el ‘Foro continental por la vida y la familia’. Al salir de este último evento dijo: “La OEA se ha convertido en una forma de dictadura ideológica en la que quiere imponer el aborto, las uniones entre personas del mismo sexo, limitar la libertad de creencia y de conciencia en nuestro países”.

Hasta noviembre del año pasado, ADF era presentada como aliada por parte de la Red Familia Colombia en su página web, pero hoy día ya no figura en el site.

ADF Internacional ha querido tener un papel protagónico en varias acciones judiciales en Colombia. Un primer caso en el que intervino ocurrió en octubre de 2016, cuando intentó apoyar la demanda de control de nulidad en contra del aborto que presentó el Hospital Universitario San Ignacio, que pertenece a la Compañía Jesuita de Colombia. Pidió intervenir mediante dos de sus abogadas latinoamericanas, la mexicana Casillas Padrón y la peruana Irene Zegarra Ballón, pero no logró el objetivo porque las solicitudes fueron presentadas de manera extemporánea.

En abril de 2013, la Superintendencia de Salud expidió la circular 003, por medio de la cual se imparten instrucciones sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). El Hospital Universitario demandó la circular ante la Sección I del Consejo de Estado.

Argumentó el hospital que “se trata de temas de muy hondo calado y cuya reglamentación legal demanda no solo un cuidadoso análisis del ámbito y del contenido normativo de los distintos derechos constitucionales que están en juego –el derecho a la vida, el relativo a la seguridad social y el de la objeción de conciencia–, sino de una delicada ponderación de aquellos que en el caso presente resultan en conflicto... Y, en virtud de su trascendencia jurídica, el artículo 152 de la Constitución señala que, en medida muy apreciable, esa regulación legal debe hacerse mediante una ley estatutaria”.

El Consejo de Estado finalmente anuló algunos de los puntos de la circular, pero no todos.

Una fuente de alto nivel explicó para este reportaje que en Colombia, pese a que el aborto está aprobado solo en tres circunstancias especiales –cuando hay riesgo para la vida o la salud de la mujer, cuando hay malformaciones en el feto que hacen inviable su vida y en el caso de violencia sexual–, el Legislativo debe diseñar los protocolos y precisar qué se debe hacer en caso de objeción de conciencia de la clínica o el médico. Explicó que tratándose de un asunto que regula el derecho a la vida, solo se puede regular por ley. Sin embargo, en el Congreso no se ha legislado sobre el tema y, por ello, para una mujer es difícil solicitar la práctica del aborto aun en el caso extremo, cuando la vida corre peligro.

Un segundo caso en los estrados judiciales ocurrió en 2015 cuando en la Corte Constitucional se discutía la celebración del matrimonio entre parejas del mismo sexo en Colombia. ADF se presentó a la sesión tras la invitación que hiciera el magistrado Jorge Ignacio Pretelt, conservador, a defensores y opositores a participar en el debate.

Entre los opositores la Corte reseña en la sentencia un escrito presentado por ADF. El argumento detallado en la sentencia de la Corte se centró en resaltar la importancia de conservar el matrimonio entre hombre y mujer de acuerdo con lo estipulado por la Constitución Política de Colombia en atención a las siguientes ideas centrales: la primera, en relación con la concepción histórica de la institución del matrimonio; la segunda, con respecto a la falta de poder constitutivo que tiene el Estado sobre la institución del matrimonio; la tercera, sobre la relación intrínseca entre el concepto de familia y el concepto de matrimonio; la cuarta, sobre las consecuencias que devienen de modificar la estructura social; la quinta, en relación con las diferencias biológicas que existen entre las parejas del mismo sexo y las parejas heterosexuales y su incidencia en la institución del matrimonio.

De la audiencia participó directamente Sofía Martínez Agraz, quien se presentó como asesora jurídica de ADF.

Estuvo vía internet el abogado estadounidense Robert P. George, un profesor de la Universidad de Princeton que es considerado un referente intelectual conservador. Uno sus argumentos precisa que “la modificación del matrimonio para la inclusión de parejas del mismo sexo erosionaría sus elementos esenciales, convirtiéndolo en otra figura jurídica”.

Otros que asistieron y argumentaron sus posturas en contra fueron Ilva Myriam Hoyos y Marco Fidel Ramírez, concejal de Bogotá de Colombia Justa Libres y que también estuvo en Perú compartiendo sus experiencias con los pastores peruanos que convocaban a las marchas 'Con mis hijos no te metas'.

La otra cara de la moneda, es decir, personas y organizaciones que defendieron el matrimonio entre parejas del mismo sexo y que también participaron en las discusiones, incluyó a Dejusticia, Human Rights Watch, las universidades de los Andes, Externado y Libre, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo. Estos básicamente argumentaban que las parejas del mismo sexo tenían derecho a proteger a su familia y sus derechos a la dignidad, la libertad y la igualdad a través de la institución del matrimonio.

A pesar del lobby jurídico en 2016 la Corte Constitucional colombiana resolvió otorgarle validez jurídica al matrimonio entre parejas del mismo sexo en el país porque es un derecho igualitario incuestionable, como lo habían reconocido los jueces civiles municipales.

Dice la sentencia del alto tribunal que “en un período de tan solo quince años, la humanidad, de forma gradual y progresiva, ha reconocido diversos derechos de las parejas del mismo sexo, entre ellos el derecho a contraer matrimonio civil. De los ciento noventa y cuatro (194) Estados oficialmente reconocidos por la ONU, a la fecha veintitrés (23) han aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo, eliminando todo tipo de discriminación basada en la orientación sexual”.

Un tercer caso en el que intervino la organización es una causa judicial que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que tenía como propósito concederle la pensión a Ángel Alberto Duque, un colombiano quien luego de la muerte de su pareja, del mismo sexo, solicitó el trámite a Colfondos en 2002.

La Corte Constitucional colombiana negó tal solicitud. En el país, solo hasta el 2007 la Corte reconoció la unión marital de hecho; en el 2011 reconoció que las parejas del mismo sexo eran una familia; en 2015 les concedió el derecho a la adopción y en 2016 el matrimonio igualitario, según explica Mauricio Albarracín, investigador de Dejusticia y activista LGBTI.

El caso llegó a la Corte Interamericana, en la que le terminaron concediendo el derecho a Duque, ya que a juicio del órgano, el Estado colombiano violó el derecho a la igualdad ante la ley, reconocido en el artículo 24 de la Convención Americana.

Precisa la sentencia de la Corte Interamericana que no fueron suficientes los motivos esgrimidos por las autoridades istrativas y judiciales para excluir a Duque del derecho a la pensión, que se soportaban en la protección de la familia.

El hecho fue conocido como el ‘caso Duque’ y sentó jurisprudencia en el organismo internacional. En ese contexto, varias organizaciones dejaron sus conceptos en la audiencia pública, entre ellas ADF Internacional, a través de la abogada Casillas Padrón. Su argumento central era el concepto jurídico de que familia en Colombia resulta de la unión entre un hombre y mujer, según el artículo 42 de la Constitución.

La presencia de ADF Internacional en Colombia no solo se da en el plano del litigio. Al tiempo que apoya casos legales, creó un programa de becas, llamado Blackstone Fellowship, para jóvenes abogados. Con estas becas de 10 meses en Estados Unidos ofrece una formación con un enfoque en derecho cristiano marcado por “la integridad, la excelencia y el liderazgo”, según lo describe su sitio web. En Colombia, estudiantes de las universidades Sergio Arboleda, de La Sabana y el Rosario han sido beneficiarios, según lo pudo corroborar esta investigación.

Estos grupos conservadores vienen trabajando de manera coordinada y en distintos encuentros, no solo para influir en la legislación de sus propios países. Otro de los blancos es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, un órgano de la OEA, a la cual critican porque consideran una forma de “dictadura ideológica”, en palabras de la abogada Casillas Padrón.

Tras un foro llamado el Congreso Hemisférico de Parlamentarios, en junio de 2017 en México, tres senadoras del Centro Democrático -María del Rosario Guerra, Paola Holguín y Susana Correa- figuran en la lista de los firmantes de la declaración de 670 legisladores latinoamericanos en contra de lo que ellos describen como “la interferencia de la OEA en la soberanía de los países de la región”.

Ese documento, que llamaron la Declaración de México, cuestiona a la OEA y sus organismos que velan por el cumplimiento de los derechos humanos por, según dice el documento, “adelantar e imponer a los Estados ciertas políticas y perspectivas ideológicas que atentan contra el derecho a la vida, la familia y las libertades de expresión, de asociación y religiosa”. Esas medidas, que no especifican, “exceden el mandato que les ha sido conferido por los Estados , pues interfieren en asuntos que no están contemplados por la Convención (Interamericana de Derechos Humanos), y que, por ende, corresponden a la jurisdicción interna de los Estados”, argumentan.

En una entrevista a EL TIEMPO para hablar de su participación en el Congreso Hemisférico, Holguín dijo que "a mi me invitaron, me invitó Kast que es un congresista chileno que se lanzó a la presidencia. Me invitaron unos congresistas mexicanos, unos amigos colombianos que pertenecen a oenegés provida. Entonces empezamos a hablar a redactar el documento... se hizo el congreso allá se hizo la junta directiva y yo quedé en esa junta directiva".

Critica que la OEA y la Corte Interamericana “se están inventando derechos, a partir de casos muchas veces de legislaciones particulares de algunos países que no están establecidos ni ratificados por ninguno de los Estados miembro, o aludiendo a casos que muchas veces no son parte de la Convención”.

Cuando se le pregunta a Holguín cuáles son los derechos inventados, dice: “Sí, se inventa el derecho a abortar”. “Para mí, píntelo como quiera; para mí, no comprometo a mi partido, el derecho al aborto es el derecho a matar. Y lo que uno ve es una presión para que se vaya mucho más allá de los casos de excepción”, añadió"...“Yo creo que se pintan como derechos cosas que no son derechos…”.

Nina Chaparro, abogada y máster en políticas públicas, responsable del área de género en la ONG legal Dejusticia, precisa que lo que sucede es que hay dos posturas, una de ellas se niega a aceptar la diversidad. “Nuestro Estado laico protege todas las religiones. Y muchos queremos garantizar que ese respeto se extienda a todos. Pero hay otros grupos que sobre su concepción religiosa, conservadora y política sostienen la existencia de sus familias como las únicas válidas, negando la existencia de otras familias, otras personas y otras concepciones ideológicas, y en ese sentido negando derechos”.

Por su parte, Guerra de la Espriella dijo que firmó la declaración porque está de acuerdo con los cuestionamientos al Sistema Interamericano, con relación a lo que ella llama la “deconstrucción de la agenda moral”. Explicó que ella hace parte de una red de políticos cuya agenda es defender valores cristianos y principios, los más importantes la defensa de la vida y la familia. Es una red que tiene cerca de cuatro años y junta a congresistas de diferentes países de América, Estados Unidos y Europa.

“Colombia, como Europa, tiene unas bases cristianas. Y la Constitución colombiana, su inspiración, tiene unas bases cristianas. Hay un movimiento que no es de ahora, es de muchos años atrás, que está buscando deconstruir. Y, como en toda sociedad, hay un grupo de personas que creemos que debemos defender esos principios y hay otros que creen que esos principios están mandados a recoger”, añadió.

Susana Correa, la tercera senadora que firmó la declaración y hoy directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), que coordina todo el gasto social del Gobierno, no quiso atender la entrevista y tan solo confirmó en una respuesta a un derecho de petición, que sí firmó la declaración.

En el Congreso Hemisférico de México coincidieron políticos que han participado de la red Political Network for Values (PNV), "una plataforma de representantes políticos para trabajar en red, en un intercambio global y local, promoviendo y defendiendo activamente un decálogo de valores compartidos entre los que se incluye la protección de la vida humana, el matrimonio, la familia o la libertad religiosa".

de PNV se han encontrado en eventos a nivel mundial con gente de ADF. En el comité de expertos de PNV figura Alfonso Aguilar, quien también figura en la junta directiva de ADF. Él hace parte del grupo de conservadores que ha cuestionado la labor de la Comisión Interamericana, porque a su juicio se ha excedido en la interpretación de la Convención Interamericana.

PNV ha realizado tres cumbres, en Nueva York, Bruselas y Bogotá, en las que aborda distintos temas relacionados con lo que denomina “principios sólidos sobre los que construir el futuro”. En ellas han figurado con frecuencia invitados colombianos.

En 2014, en la primera cumbre ‘Fortalecimiento de la familia para el desarrollo sostenible’, realizada en Nueva York, estuvo el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, quien participó en un sobre “amenazas a la libertad religiosa y de conciencia en el mundo”. También la exprocuradora Ilva Myriam Hoyos y el exsenador conservador José Darío Salazar. En este evento se reunieron por lo menos 200 políticos y líderes. Según la relatoría, le dirigieron un manifiesto al secretario general de las Naciones Unidas, en el que le pidieron “la protección institucional de la familia natural”.

El 5 de abril de este año, la red PNV organizó la tercera Cumbre Transatlántica en Bogotá, en el edificio del Capitolio, donde sesiona el Congreso. Su anfitriona fue la senadora María del Rosario Guerra, quien figura en el consejo asesor de PNV. El objetivo central de la cumbre en Colombia fue hablar sobre lo que ellos perciben como una crisis regional debido a la ausencia de valores cristianos. Los participantes fueron enfáticos en proteger a la familia como célula de la sociedad y rechazar el aborto porque va en contra del derecho a la vida.

Dos eventos más tendrían cita en Colombia el 29 de junio. La 49ª Asamblea de la OEA, en la que inscribieron representantes de la sociedad civil entre ellos líderes de grupos religiosos y conservadores. En paralelo, se realizó en Medellín el ‘Foro continental por la vida y la familia’, cuyo objetivo es promover los valores cristianos.

Nina Chaparro, de Dejusticia, relató que un tercio de quienes participaron como representantes de la sociedad civil en la Asamblea de la OEA eran grupos evangélicos que promueven lo que hacen llamar “antiderechos”. “A mí no me parece preciso el término. Ellos son grupos que, defendiendo unas concepciones ideológicas y políticas, niegan los derechos de otros grupos”. Y precisa que la resonancia que querían tener en la Asamblea no fue tal.

Explicó que dentro de la elección de los comisionados de la Comisión Interamericana se esperaba que quedara el colombiano Everth Bustamante, exsenador del Centro Democrático y candidato del gobierno de Duque, pero no logró alcanzar una silla en la Cidh. Por el contrario a la comisión entró la peruana Julissa Mantilla Falcón, a quien se le debe el enfoque de género en la Comisión de la Verdad de Perú.

Justo antes de la Asamblea de la OEA hubo otra movida política significativa. En abril, las cancillerías de Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y Colombia hicieron bloque y le entregaron una nota a Paulo Abrao, el secretario ejecutivo de la CIDH, con una serie de observaciones sobre el funcionamiento del Sistema Interamericano.

La declaración conjunta dice que “los Estados gozan de un razonable margen de autonomía para resolver acerca de las formas más adecuadas de asegurar derechos y garantías, como forma de dar vigor a sus propios procesos democráticos. La declaración plantea que dicho margen de apreciación debe ser respetado por los órganos del sistema interamericano”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia publicó también en su página una nota que decía: “Hacemos un llamado a que se respete el legítimo espacio de autonomía de cada Estado y, en especial, a que los órganos del Sistema tomen en consideración las realidades políticas, económicas y sociales de los Estados”.

José Antonio Kast, excandidato a la presidencia de Chile, había amenizado el ambiente de oposición de los grupos cristianos y conservadores contra la OEA con varias declaraciones en contra de este organismo multilateral. En uno de esos pronunciamientos denunció que “el abuso que ha cometido en el último tiempo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, respecto de dictar órdenes y circulares ejecutivas para promover una agenda de género que sale del marco legal de la OEA y pretende instalar una agenda distinta, no solo en la OEA, sino respecto de cada uno de los países integrantes”.

En la práctica, varios expertos jurídicos aseguran que detrás de comunicados y declaraciones hay una estrategia para limitar la fuerza sancionatoria del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), que ha sido efectivo en investigar graves violaciones de los derechos humanos en América Latina, incluyendo casos de tortura, desaparición forzada o restricciones de la libertad de expresión, incluyendo aquellos ocurridos durante las dictaduras de derecha e izquierda.

Marco Romero, profesor del departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional y director de Codhes, se refirió a lo ocurrido en la Asamblea de la OEA: “Se pretendió elegir un comisionado con mandato más político que experto en derechos humanos, Everth Bustamante. Finalmente se eligieron y reeligieron tres comisionadas expertas en derechos humanos y un cuarto parecido a Bustamante, Stuardo Ralón. Además, pedían cosas muy inocentes pero que realmente no lo son, como que el sistema intervenga menos, es decir, que permitan una mayor autonomía de los países”.

Aclaró Romero que no es la primera vez que los estados quieren reformar el sistema. Hace unos cinco años gobiernos de centro izquierda solicitaron reformas. “Esto demuestra que el sistema funciona, es decir, porque para los gobiernos de derecha e izquierda el órgano les es incómodo”, explicó.

Con relación a si se buscaba limitar al SIDH, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia respondió por escrito a este medio: “Esta es una afirmación basada en una suposición, que el Gobierno no comparte. En el comunicado del 24 de abril se explican las razones que nos llevaron a suscribir la Declaración, las cuales eran de carácter constructivo, no negativo”.

Por su parte, Bustamente, quien no resultó electo comisionado de la CIDH, se defiende diciendo que “durante casi cinco décadas he estado vinculado al tema resaltando mi participación en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra por más de siete años, miembro de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos con sede en Quito y Santiago de Chile por más de diez años, e integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República en el período 2014 - 2018 entre muchísimas otras actividades relativas a la defensa y protección de los derechos fundamentales”.

Y además agregó que es un “error de quienes en los últimos años insisten en ideologizar los derechos humanos, que es la conquista más importante de la humanidad en el siglo XX. Los derechos humanos no son hijos de ninguna ideología”.

Por lo pronto, este tipo de alianzas político-religiosas en Colombia están concentradas en sacar adelante otro objetivo a corto plazo: la creación del Ministerio de la Familia. Dos partidos políticos, Cambio Radical y el Conservador, presentaron proyectos distintos para lograr el mismo objetivo.

El 1.º de agosto, al cierre de este reportaje, se radicó en el Congreso el proyecto de ley de la bancada Cambio Radical, que se declaró independiente del Gobierno. La iniciativa la encabezan la senadora Claudia Rodríguez de Castellanos y la representante a la Cámara Ángela Sánchez, ambas integrantes del Movimiento Carismático Internacional (MCI).

La cartera propuesta por Cambio Radical se llamaría Ministerio de la Familia y Social, mientras que el de los conservadores –que sí son parte de la coalición de gobierno– es Ministerio de la Familia y de la Mujer. Los dos proyectos se sustentan en la familia como núcleo esencial de la sociedad.

El de Castellanos, de Cambio Radical, hace énfasis en el artículo 42 de la Constitución en lo que se refiere a la constitución de la familia por vínculos naturales o jurídicos y por la decisión libre de un hombre y una mujer, de contraer matrimonio.

Ángela Sánchez, representante a la Cámara de Cambio Radical, explico a EL TIEMPO que "las sentencias de la Corte han venido reconociendo como ciertos, bueno pudiéramos decir, derecho a las parejas, pero yo considero que, el núcleo fundamental de la sociedad es la familia y obviamente hay unos derechos adquiridos".

La iniciativa del Ministerio que proponen los conservadores, en su exposición de motivos, explica que incorporará los conceptos de la Corte que derivan en el reconocimiento de familias diversas.

Otro dato es que el proyecto de Cambio Radical propone que el ministerio istre el Fondo de Inversión para la Paz (FIP), que reúne los recursos para la implementación del acuerdo de paz, y que bajo su órbita queden entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad de Víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Estas últimas dos entidades, que hoy dependen del DPS que dirige Susana Correa, se encargan de reparar a las víctimas del conflicto y de reconstruir la memoria histórica del país. Como parte de su trabajo han documentado, por ejemplo, la manera como el conflicto armado afectó a la población LGBTI.

Nina Chaparro, de Dejusticia, considera que es un error incorporar dentro de un Ministerio de la Familia y Social instituciones propias de la justicia transicional que empezó a funcionar tras la firma del acuerdo de paz y cuyas entidades tienen un tiempo específico para funcionar, distinto a un ministerio. Para la abogada, “el tiempo de permanencia, el objetivo y beneficiarios, no son compatibles, no tendría ningún sentido que estén en el mismo ministerio”, dijo.

Una columna a propósito de la Asamblea de la OEA y del Foro Continental por la Vida y la Familia, escrita por el abogado mexicano Luis Antonio Martínez Guzmán y publicada en el periódico de la Arquidiócesis de Medellín, dice “todo lo anterior implica un constante, paciente pero incisivo trabajo desde el 2011, año en que la primera organización provida (Human Life International) pisó la OEA”.

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