Activos que podría vender el Gobierno para tapar el hueco fiscal

Las 103 empresas en las que la Nación tiene actualmente participación y que en conjunto suman un valor patrimonial de 78 billones de pesos están siendo revisadas para definir cuáles se pueden vender a futuro, con el objetivo de tener mayores recursos que permitan tapar el hueco que dejó la pandemia. Por el momento, mientras se afina el texto de la nueva reforma tributaria, en el plan de privatizaciones del Gobierno está contemplado deshacerse de 14 billones de pesos para este 2021 y de unos 7,1 billones de pesos para 2022.

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Esos primeros 14 billones de pesos vendrían de la venta del 51,4 por ciento que el Gobierno tiene en Interconexión Eléctrica S. A. (ISA) y los restantes recursos de la revisión de algunas compañías que no son estratégicas y tienen una baja rentabilidad.

“Venimos avanzando para este 2021 y vamos cumpliendo con los cronogramas previstos. Para 2022 se contempla un proceso de optimización de activos. La forma y el contenido se irán definiendo a lo largo del camino”, le dijo a EL TIEMPO el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.

En total, el Estado tiene participación minoritaria en 70 empresas, mientras que cuenta con una mayoritaria en solo 33 de ellas. Es decir, que en la mayor parte no puede ejercer ningún tipo de control y actúa como un accionista más. Estos son los denominados como activos no estratégicos.

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Entre los minoritarios destaca la presencia en decenas de empresas del sector transporte, energía o agro. Por ejemplo, el Estado tiene participación en diversas electrificadoras, centrales eléctricas, acueductos, terminales de transporte, centrales de abastos o fondos ganaderos, entre otros.

Mientras que en la terminal de Manizales posee 30,20 por ciento, y en la de Pasto, 22,42 por ciento; en otras, como la de Medellín, no llega a 0,10 por ciento de participación. Además, está presente en otras como la de Pereira, Bogotá, Armenia, Ibagué, Pasto, Popayán, Cali, Villavicencio, Barranquilla, Girardot, Neiva, Cartagena, Aguachica, Ipiales, Sogamoso, San Gil o Girardot.

También tiene activos denominados como no estratégicos en televisiones públicas como Teleislas, Telecaribe, Teleantioquia, Telepacífico o Telecafé; se encuentra presente en sociedades portuarias como la de Cartagena, Buenaventura o Santa Marta; en centrales de abastos como la de Cúcuta, Bucaramanga o la de Cali, y en fondos ganaderos como el del Huila.

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Incluso, se contabilizan unas 40 empresas en las que la participación no llega ni a 10 por ciento. Entre ellas están muchas de las terminales de transporte o sociedades portuarias ya mencionadas. Además, también aparecen empresas como Lloreda (6 por ciento), Hoteles el Portón (2,62 por ciento), Fosfatos de Boyacá (1,54 por ciento), Compañía Hotelera Cartagena de Indias (0,26 por ciento), Hidroeléctrica de Ituango (0,08 por ciento) o Emgesa (0,03 por ciento).

Por su parte, entre las 33 firmas en las que el Estado tiene una participación mayoritaria están algunas como Electrohuila (83,05 por ciento) o Electrocaquetá (72,35 por ciento). También hay varias con el 100 por ciento, como Sociedad Grupo Bicentenario, Satena, el Instituto Nacional de Cancerología, Indumil, la Imprenta Nacional o Colpensiones.

Detrás aparecen otras como la Bolsa Mercantil de Colombia (11,83 por ciento), el Centro de Diagnóstico Automotor de Nariño (11,93 por ciento), Artesanías de Colombia (24 por ciento) o Colombia Telecomunicaciones (32,5 por ciento), la cual el Estado ha querido vender.

Las carteras que tienen a su cargo más propiedades accionarias son el Ministerio de Transporte, que cuenta con 34 estatales a su cargo; seguido del de Hacienda (con 30), el de agro (con 16) y el de TIC (con 10). Por su parte, en la cartera de Minas hay cinco empresas; en Salud, cuatro; en Defensa, tres; en Vivienda, dos, y en Trabajo e Interior hay una. Adicionalmente, la participación de Avianca no se ha adjudicado a ningún ministerio sino que aparece registrada como de la Nación.

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También destaca que en varias de las empresas la propiedad accionaria corresponde a diferentes ministerios. Es el caso de la Terminal de Pereira, que se la reparten entre el Ministerio de Hacienda, el de Transporte y el de TIC.

Al igual, Previsora Seguros la tienen entre Hacienda y Vivienda; o la Sociedad Portuaria de Buenaventura, entre la cartera de Agricultura, la de Transporte, Vivienda y Hacienda.

Por valor patrimonial, lidera este ranking Ecopetrol, con 46 billones de pesos. Le sigue la Sociedad Grupo Bicentenario, con 8,5 billones de pesos. Detrás, aparecen ISA, Icetex y el Fondo Nacional del Ahorro, que cuentan con 6,7, 3,9 y 2,2 billones de pesos, respectivamente.

En febrero, el Gobierno Nacional, en una carta firmada por el hoy ya exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, anunciaba que se aceptaba la oferta realizada por la estatal Ecopetrol para quedarse con ese 51,4 por ciento de ISA, considerada como una de las joyas del Estado.

En la misiva, se aseguraba que el ministerio estaba de acuerdo en firmar un contrato de exclusividad para que la empresa pudiera perfeccionar esa oferta a lo largo de este primer semestre del año bajo la figura de un contrato interistrativo.

“Si bien el rango de precios planteado puede ser razonable, el Gobierno se reserva el derecho de proponer ajustes al mismo sujeto a los resultados de los procesos de valoración y debida diligencia que adelante de manera paralela a Ecopetrol”, se advertía en la carta hace unos meses.

En el ‘Marco fiscal de mediano plazo’ presentado la semana pasada por el Ministerio de Hacienda ya aparecen los recursos que se obtendrían por la venta de ISA este mismo año. El Gobierno espera finalmente obtener la cifra de 14 billones de pesos.

“El Gobierno se encuentra trabajando en materializar el programa de activos. Estamos en línea con lo que se ha establecido para este fin”, dijo Restrepo sobre la venta de ISA.

Según se conoció anteriormente, esta transacción se pagaría bajo un esquema combinado que incluye la emisión de acciones del 8,4 por ciento de Ecopetrol, pendiente del 20 por ciento ya aprobado por la Ley 118 de 2006, más recursos de caja de la petrolera, endeudamiento y venta de activos no estratégicos.

Ello permitiría que ISA y Ecopetrol sigan siendo públicas, a través de una participación de la Nación de al menos 80 por ciento en la petrolera.

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REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS