Noticia

Agencia Nacional de Minería advierte riesgo de pérdida de más de $ 370.000 millones de regalías

La entidad dice que los recursos son esenciales para inversión social en municipios y departamentos.

El empresario ha sido señalado de supuestamente lavar dinero para el Clan del Golfo. — Foto: iStock

Link

Lina Quiroga Rubio

PERIODISTA ECONÓMICA04.12.2024 19:13 Actualizado: 04.12.2024 19:22

Comentar

La Agencia Nacional de Minería (ANM) lanzó una advertencia sobre un grave riesgo para los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) tras un embargo, presuntamente irregular, decretado por el Juzgado Primero istrativo de Quibdó, Chocó.

La medida afecta más de 370.000 millones de pesos, fondos esenciales para municipios y departamentos que dependen de estos recursos para inversión social y atención de necesidades básicas insatisfechas.

Verifique su boleto y revise si fue el ganador de uno de los millonarios premios que se sortean este 27 de mayo. — Foto:iStock

Para la ANM, esta decisión judicial presenta serias irregularidades por que los recursos no pertenecen a la ANM, sino a las entidades territoriales, y su embargo afecta directamente a los municipios y departamentos.

Además, la entidad asegura que se desconoce el procedimiento legal vigente, que asigna a la Defensoría del Pueblo la istración y pago de las indemnizaciones ordenadas por la sentencia judicial.

Sumado a esto, la ANM aseguró que se estaría violando el principio de inembargabilidad de los recursos de regalías, protegido por la legislación colombiana y la Corte Constitucional.

¿Cuáles son los antecedentes de este caso?

Este proceso judicial se origina en una sentencia de 2016 que declaró responsables al municipio de Río Quito, Codechocó, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la ANM por daños ambientales causados por minería ilegal en la cuenca del río Quito.

La condena, confirmada en 2022, ordenó el pago de indemnizaciones equivalentes a 50 salarios mínimos mensuales (65 millones de pesos) a cada uno de los de un grupo que inicialmente era de 7.005 personas y que ahora supera las 19.000.

A pesar de no tener competencias sobre minería ilegal, la ANM señaló que ha presentado su defensa jurídica en todas las instancias. Sin embargo, en julio de 2024 el Juzgado de Quibdó ordenó un primer embargo por más de 370.000 millones de pesos.

Posteriormente, el 12 de noviembre de 2024 el mismo juzgado ordenó un segundo embargo por 445.000 millones de pesos, llevando el total bloqueado a más de 800.000 millones de pesos.

La ANM considera estas decisiones desproporcionadas e ilegales afectan gravemente a las finanzas públicas y comprometen proyectos esenciales en las regiones.

Acciones de la ANM para proteger los recursos públicos

Ante esta decisión del Juzgado de Quibdó, la ANM ha desplegado múltiples acciones para salvaguardar los recursos de regalías y garantizar que las indemnizaciones lleguen a sus destinatarios legítimos:

Oposición al embargo, argumentando su inconstitucionalidad y falta de fundamento legal.
Denuncias penales y quejas disciplinarias contra el juez responsable por presunto prevaricato ante la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.
Acciones de tutela, intervenciones, recursos, incidentes y escritos de coadyuvancia y solicitudes de vigilancia istrativa, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y la Federación Colombiana de Municipios, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y cerca de 31 municipios de todo el país que presentaron acciones de tutela.
Otras entidades y acciones en defensa del patrimonio. La ANM ha puesto en conocimiento de este caso y ha contado con el apoyo de la Secretaría Jurídica y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación, los consejos directivos de las federaciones de departamentos y municipios, la Gobernación del Chocó, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y la Contraloría General de la República, entre otras entidades. Asimismo, se han presentado solicitudes de vigilancia istrativa y se ha radicado una petición para la selección del expediente de tutela ante la Corte Constitucional.
Garantías para el pago futuro, asegurando la inclusión de los recursos necesarios en el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2025, con el objetivo de cumplir con las indemnizaciones establecidas por la sentencia judicial.