'Influencers': ‘Decisión de la SIC de las próximas semanas marcará un antes y después’

Juan Pablo López, director saliente de Investigaciones de Protección al Consumidor de la SIC contó en este especial cómo avanzan las investigaciones sobre publicidad engañosa que adelanta la entidad a los influencers. Habrá noticias pronto.  

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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió en el 2020 una guía de buenas prácticas para los influencers que presenta algunas de las recomendaciones en el sector. Por ejemplo, que efectivamente se identifique cuando una publicación es un anuncio publicitario, lo ideal, con un hashtag con el signo ‘#’ y la palabra ‘publicidad’ o ‘contenido promocionado’ más el nombre de la marca. Esto sin olvidar las reglas generales que establece la Ley 1480 de 2011, el Estatuto del Consumidor, en lo que refiere a que no puede en ningún momento presentarse publicidad engañosa.

Así es, las guías tienen que entenderse como un ejercicio de buenas prácticas en el sector sin que esto excluya en todo caso las normativas de obligatorio cumplimiento que están establecidas en el Estatuto del Consumidor.

Hay sanciones que pueden llegar hasta los 2.000 salarios mínimos, el cierre del establecimiento del comercio, la prohibición de la comercialización de cierto bien o servicio, o hasta la sanción directa contra los es o dueños de las empresas.

Actualmente, se han abierto cuatro investigaciones y esperamos que puedan ser resueltas en las próximas semanas, antes de finalizar este primer trimestre del 2024.

En las investigaciones que cursan respecto de estos influenciadores encontramos el régimen de publicidad engañosa e información engañosa, entre otras temáticas como la entrega efectiva del bien en los tiempos debidamente informados a los consumidores.

No podemos anticiparnos respecto a cuál será la decisión de la SIC, pero seguramente marcará un hito en razón de que serán las primeras decisiones que desarrollarán propiamente la categoría de influenciadores en el régimen de protección al consumidor.

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En Colombia ya existe como tal una regulación aplicable frente a los influenciadores y es la Ley 1480 de 2011, en la que se establecen ejercicios asociados no solo a publicidad, sino también a información, entre otros. Con lo cual es suficiente para poder dar alcance frente a eventuales vulneraciones en el régimen de protección al consumidor por afectaciones de influenciadores a consumidores.