Invías e ingenieros chocan por licitación en kilómetro 58 de vía al Llano

Mientras que los s de la vía al Llano, entre Bogotá y Villavicencio llevan varias semanas sufriendo los rigores del invierno, que han obligado a hacer cierres de la vía por los derrumbes en el crítico kilómetro 58 a la altura del municipio de Guayabetal (Cundinamarca), se conoció que hace cerca de un mes, el Instituto Nacional de Vías (Invías) suspendió la licitación.

A través de la resolución 2094 del 28 de julio, que fue publicada en la página oficial de contratación pública (sistema Secop II) y sin ningún despliegue en medios, la entidad determinó parar la licitación argumentando, entre otras razones, las solicitudes de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) y de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), que ameritaron la revisión de asuntos de forma relacionados con el proceso por parte de la unidad ejecutora.

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Aunque el representante a la Cámara, Alejandro Vega, dijo que dicha suspensión se dio porque estos gremios indicaron la necesidad de una licencia ambiental, existen aspectos varios de fondo que harían necesario que el Invías realice un borrón y cuenta nueva en esta licitación, es decir, que termine el proceso en curso e inicie uno nuevo.

Lo anterior porque, además de las incertidumbres ambientales, hay hondas preocupaciones debido a que el plazo fijado para la ejecución de la obra es muy corto, al igual que el presupuesto para la misma, de 124.000 millones de pesos, y porque el tema predial no está resuelto.

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Según pudo consultar EL TIEMPO en el expediente electrónico del proceso, publicado en el sistema Secop II, tanto la CCI como firmas de ingeniería que analizan la convocatoria dejaron plasmadas varias dudas de fondo, relacionadas con temas técnicos, ambientales, prediales y jurídicos.

Dentro de estos documentos está uno remitido el 16 de julio por parte del presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo, quien en la comunicación dijo que que el plazo del contrato, de 11 meses, es insuficiente debido a la magnitud del proyecto y las obras por ejecutar.

En este sentido, la firma de ingeniería Mincivil, comentó que, una vez realizado un programa de obra detallado, con la ejecución en paralelo de todos los ejes del puente,

“concluimos que el tiempo de construcción necesario es de 22 meses”. Y advierte que este plazo no contempla el tiempo previo requerido para la gestión predial y tampoco el periodo de preconstrucción que requiere este tipo de proyectos.

Según la CCI, por experiencia, y teniendo en cuenta la realidad y complejidad de la zona, la sola construcción del viaducto de 740 metros no tomaría menos de dos años, sin tener en cuenta la incertidumbre sobre la gestión ambiental.

En cuanto al tema ambiental, si bien el director del Invías, Juan Esteban Gil, dijo este viernes que la licitación no se ha caído por falta de licencia ambiental, sino que está suspendida, y que por ser una obra de emergencia el tema se resuelve a través de un Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), la CCI concluyó algo muy distinto.

Al respecto, señaló en la documentación que tanto por esta vía como por la del trámite de licencia ambiental el contratista debe elaborar los estudios ambientales necesarios y realizar la gestión para obtener la licencia haciéndose responsable del cumplimiento de la misma.

“En algunos documentos de la licitación se menciona una actividad denominada ‘Complementación y/o ajuste del PAGA’ que no es consistente con lo exigido en el apéndice D. Es decir, existe una incoherencia entre diversos apartes de los documentos de la licitación”, alertó la CCI.

Y dijo que, aún más preocupante, es la incertidumbre sobre el alcance de la gestión ambiental, ya que existe una alta probabilidad de que la Anla no acepte el PAGA y exija una licencia ambiental, lo que tomaría varias actividades previas, es decir, mucho más tiempo en la ejecución del contrato.

De otra parte, al gremio le llamó la atención porque en esta licitación se piense que la gestión predial del proyecto inicie al mismo tiempo que su construcción, en contravía de toda la experiencia vivida para este tipo de proyectos.

Con base en estas incertidumbres, más factores relacionados con los precios de los insumos, al interior del sector de la ingeniería existe la convicción de que el presupuesto publicado por el Invías, de 124.000 millones de pesos, no alcanzaría a cubrir la totalidad de la obra, y en este caso habría necesidad de volver a renegociarlas en un futuro, con todas las implicaciones legales que ello supondría.

Por ejemplo, en los comentarios al pliego de la licitación la firma Alca Ingeniería dijo, que de manera reiterada y como fue la constante desde la etapa de prepliego, le solicitó al Invías revisar y/o ajustar el valor del ítem del Acero de refuerzo, dado que el valor que el pliego es de 4.180 pesos y según un estudio de mercado realizado con diferentes proveedores de la firma, está entre 4.879 y 4.998 pesos a fecha de Julio 2021.

“Solicitamos a la Entidad reconsiderar y ajustar el valor del anterior insumo, ya que el mismo corresponde al ítem que mayor valor representa dentro del presupuesto oficial”, indicó esta firma.

Y citando la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Cámara Colombiana de Infraestructura recalcó que el Invías tiene el deber legal de planear adecuadamente la contratación de la obra, antes de seleccionar al respectivo contratista, garantizando que las variables ambientales, prediales, presupuestales y de plazo, son las idóneas para adelantar la obra que se pretende contratar.

“En caso de no hacerlo, además de violar el deber de planeación, podría incurrir en responsabilidades de índole fiscal, disciplinaria y patrimonial, por cuanto seguramente, en el futuro, será necesario adicionar recursos y extender los plazos, con el fin de que el proyecto sea culminado de conformidad con las especificaciones técnicas y los estándares ambientales exigibles”, indicó en uno de sus conceptos la agremiación.

Por las razones expuestas, la CCI cree que lo procedente es que el Invías revoque directamente el acto istrativo de apertura de la licitación pública, reestructure las condiciones técnicas, presupuestales y jurídicas del proyecto a, y convoque un nuevo proceso licitatorio que fije adecuadamente las características técnicas, ambientales y presupuestales, así como el cronograma de ejecución.