Pasado el susto de apagón, ¿cuáles son las tareas pendientes en el mediano y largo plazo?

"Pasamos los meses con mayores temperaturas y con menos lluvias de nuestra historia en cinco décadas; aun así, sin un segundo de racionamiento de energía y con una preparación de más de un año", destacó el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho.

No obstante, durante abril se vivieron días de bastante incertidumbre porque el bajo nivel de los embalses (que llegó a ser de 28,5 por ciento), junto con la demora en el regreso de las lluvias, revivieron el temor de un racionamiento eléctrico en el país.

Aunque este año se pudo evitar un apagón, a futuro, Colombia seguirá enfrentando fenómenos de El Niño cada vez más fuertes y más recurrentes por cuenta del calentamiento global, por lo que el presidente de Anif, José Ignacio López, resaltó que es clave contar con una política pública que asegure una mayor oferta de energía.

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"Tuvimos una coyuntura difícil y estuvimos a punto de entrar en un racionamiento, afortunadamente, en el fin de semana más crítico empezó a llover. El país no puede depender tanto de esa suerte, necesita unas políticas más claras para contar con un sistema más robusto", manifestó.

El presidente de Anif dijo que la transición energética no se debe plantear como el marchitamiento de un sector, sino como la transición hacia otros sectores donde los hidrocarburos ayuden a apalancarla. "La transición energética no se trata solo de dejar de explorar y dejar de usar hidrocarburos, sino aprovechar los hidrocarburos para hacer las expansiones e inversiones necesarias".

En ese sentido, Sergio Cabrales, profesor asociado de la Universidad de los Andes y experto en temas energéticos, aseguró que no es una buena política tratar de desmantelar las térmicas que funcionan con combustibles fósiles porque son las garantizan la electricidad cuando hay periodos de sequía y ofrecen una mayor potencia en los momentos de mayor consumo, es decir, entre las 7:00 y 10:00 de la noche.

Incluso, durante el fenómeno de El Niño, las termoeléctricas llegaron a suministrar más del 50 por ciento de la energía, cuando en condiciones climáticas normales aportan menos de un 20 por ciento.

A Anif también le preocupa la caída que se ha venido registrando en las reservas de gas natural, pues es fundamental para las familias colombianas y la operación de las termoeléctricas.

"En la medida en que el país siga transitando hacia una caída en las reservas de gas natural y petróleo, vamos a tener faltantes energéticos. Si el país depende de gas y petróleo importado, probablemente tendrá menos recursos para la transición energética, menos recursos fiscales para acelerar la reducción de pobreza, más costos energéticos y menos competitividad y, por tanto, menor crecimiento económico", afirmó el presidente de Anif.

Otro tema que es clave y que actualmente es motivo de preocupación es la institucionalidad del sector eléctrico, especialmente, la interinidad que atraviesa la Creg desde hace más de un año.

"La Creg no está operando de manera regular. Pensábamos que teníamos una institucionalidad muy robusta, pero la coyuntura está mostrando que tenemos unas fisuras porque no debería ser aceptable que en la Creg se tengan unas vacancias tan largas como las que han venido ocurriendo en los últimos meses", expresó José Ignacio López.

De hecho, por la falta de quórum en la Creg, que duró dos meses, el Ministerio de Minas y Energía expidió a comienzos de abril una regulación que no era de su competencia y que le ordenaba a las térmicas generar a su máxima capacidad de forma forzada.

"El Ministerio tomó una función que no era suya, sino de la Creg y comenzó a regular porque no había una Creg operativa debido a que el Gobierno no designó a los expertos comisionados", comentó el director ejecutivo de Andeg, Alejandro Castañeda. 

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No obstante, días después se nombraron a tres comisionados interinos para devolverle a la Creg el quórum decisorio y se emitió una resolución que ordenaba que las hidroeléctricas que tuvieran agua guardada en sus embalses para más de 20 días, debían usarla para producir electricidad.

Estas dos medidas, según manifestó Alejandro Castañeda, llevó a que el precio de la energía en bolsa se desplomara desde casi 1.000 pesos por kilovatio hora hasta los 100 pesos en pocos días. Mientras que las restricciones (componente de la tarifa de energía) aumentaron y le terminaron costando a los colombianos casi 40.000 millones de pesos al día.

Por esto, la tarifa que pagan los colombianos tendrá un incremento que se vería reflejado en las facturas de mayo y junio. De acuerdo con estimaciones iniciales, podría ser de entre 50 y 100 pesos por kilovatio hora.

Para Alejandro Castañeda, aunque desde el punto de vista regulatorio había una mejor preparación respecto al pasado fenómeno de El Niño, no se activó el Estatuto de Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento para "proteger" el agua de los embalses, algo que hubiese sido más eficiente que forzar la generación térmica.

"El sector viene en piloto automático regulatorio desde hace un año. No tuvimos una Creg que debía tomar esas medidas regulatorias y que tenía que hacer un seguimiento diario a este tema para poder tomar decisiones", dijo.

Otra preocupación que tiene el sector es que entre 2027 y 2028 existe un alto riesgo de no contar con la energía firme que se necesita para garantizarles a los s electricidad.

"En la medida en que la economía siga creciendo, se tendrá una demanda de energía más alta. El reto es que buena parte de esta expansión se tendrá que hacer a través de energías renovables no convencionales o repensar cómo se va a tener oferta energética en el mediano y largo plazo", señaló el presidente de Anif.

Aunque en febrero de este año se realizó una subasta de cargo por confiabilidad para cubrir ese déficit, el 99 por ciento de la energía asignada fue solar, la cual no está disponible en las horas de mayor consumo.

Pero también es fundamental, como lo menciona el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta, destrabar los proyectos de generación que no han podido avanzar por trámites de consulta previa, licenciamiento ambiental y conflictividad social.

Esto ha llevado a que seis proyectos eólicos (1.347 megavatios) en La Guajira, que recibieron asignaciones en la subasta de 2019 y que deben garantizar parte de esa energía firme registren retrasos importantes. 

Además, otro proyectos solares y eólicos por cerca de 900 megavatios están en la misma situación. Sumado a esto, en 2023 solo ingresó el 17 por ciento de la nueva capacidad de generación que se esperaba. 
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"Hay que destrabar la ejecución de proyectos en el país porque de lo contrario vamos a estar muy enredados para poder atender la demanda. En promedio, solo el 30 por ciento de los proyectos asignados en procesos de subastas entran en operación comercial", señaló Alejandro Castañeda.

Ante este panorama, el líder gremial también manifestó que es necesario hacer una nueva subasta de cargo por confiabilidad que permita asegurar la energía firme que hace falta y así evitar un racionamiento eléctrico en el futuro.

Pero las alertas no solo están en la generación, sino también en la transmisión de energía porque la ejecución de proyectos está tomando hasta el doble de tiempo estimado inicialmente por temas de conflictividad social y de consulta previa. Los casos más preocupantes están en la región Caribe, Chocó y Bogotá y pueden revivir el fantasma de un apagón.

De acuerdo con José Ignacio López, se requiere que el país sea más atractivo para las inversiones y para esto es necesario contar con una mayor seguridad jurídica y tributaria porque "el país ha visto señales muy confusas e intermitentes en cuanto a subsidios y estímulos tributarios para atraer inversión en el sector energético".

Por su parte, el director ejecutivo de Andeg manifestó que el sector se está "quedando sin los mensajes adecuados para que los inversionistas sepan si siguen invirtiendo o no, y no solo en generación sino también en todos los eslabones de la energía eléctrica, gas natural, GLP y los demás sectores que regula la Creg. El marco institucional es fundamental".