El riesgo de corrupción en contratación, la gran sombra en el Plan de Desarrollo

A casi mes y medio del fin de la legislatura 2022-2023, el presidente Gustavo Petro logró la aprobación en el Congreso de su Plan Nacional de Desarrollo.

En medio de la tormenta política generada por la decisión del mandatario de declarar muerta la coalición con ‘la U’, los liberales y los conservadores –que se materializó en la salida de su gabinete de las voces de centro, como las de los exministros José Antonio Ocampo y Cecilia López–, el Congreso les dio el sí a 373 artículos, en muchos de los cuales hubo consenso incluso con voces críticas del llamado ‘gobierno del cambio’.

El proyecto inicial tuvo varias cirugías de fondo desde febrero, cuando llegó a las comisiones conjuntas. Pero en el texto definitivo quedaron varios artículos que encienden las alarmas. Varias de esas alertas sonaron desde el primer momento, y sin embargo pasaron el primer round de las comisiones económicas en marzo, sobrevivieron en las plenarias de Cámara y Senado, hasta convertirse en ley.

Otras sí son recientes. Los congresistas presentaron más de 5.000 proposiciones para cambiar el proyecto original que radicó el equipo del Departamento Nacional de Planeación (DNP), con Jorge Iván González a la cabeza. Incluso, el jueves en la tarde, en las últimas horas de discusión en la Cámara, aparecieron 250 propuestas de última hora, la mayoría de las cuales fueron desechadas.

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Durante el debate, en varios partidos siguió viva la preocupación por la posibilidad de que en uno de los múltiples artículos que propuso el Gobierno para agilizar la compra de tierras para la reforma rural terminara colándose una puerta para la ‘expropiación exprés’. Muchos de esos artículos se hundieron en medio de fuertes discusiones, pero al final acabó aprobándose una adenda que generó protestas. 

La alerta es tal que hasta el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, ya anunció que lo demandará ante la Corte Constitucional. “Pedimos que se revise con lupa el artículo 55, convertido en el 61. Allí podría existir una figura de expropiación que pondría en riesgo la propiedad privada en nuestro campo colombiano”, señaló.

Sin embargo, los funcionarios del Gobierno defienden el artículo y dicen que no se utilizará para expropiar. González le dijo a este medio que los colombianos pueden estar tranquilos. “Si las personas no quieren vender, no venden. Se agiliza la parte istrativa, pero se conservan todas las garantías”, aseguró.

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La iniciativa más polémica vino desde el comienzo y, a pesar de las alertas de Fiscalía y Procuraduría, terminó aprobada. Se trata de los cambios que buscan favorecer la contratación pública con ‘organizaciones de la economía popular’, como las juntas de acción comunal y asociaciones étnicas, populares y campesinas, a las que se les exigirían menores requisitos que a un oferente normal.

Si bien hoy en día el Estado ya puede celebrar contratos de hasta 1.000 millones de pesos directamente con ellas (lo que en la ley se conoce como menor cuantía), se abrió una puerta para que a partir de ahora también se les puedan entregar contratos de mínima cuantía, sobre los 116 millones de pesos.

Estos últimos tienen muchos menos controles y exigencias que los de menor cuantía, y lo que señalan varias voces es la contradicción entre la lucha contra la corrupción y la decisión del Gobierno y del Congreso de relajar los controles en la contratación. “El Ejecutivo va a poder contratar directamente con entidades sin ánimo de lucro. ¿Quién va a controlarlo? A lo largo de todo el país van a estar repartidos ‘contratitos’ de 1.000 millones de pesos”, alertó el representante del Centro Democrático Christian Garcés.

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La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) tampoco quedó conforme con lo aprobado y dijo que representa “un duro e histórico revés” para el sector. Esto, debido a que seis de los artículos (79, 98, 99, 277, 351 y 366) “no solo allanan el camino para expandir la corrupción, sino que también abren un enorme boquete para que prolifere la entrega de obras civiles fallidas, con bajísimos estándares de calidad”. 

De igual manera –según la CCI–, se puso en riesgo la supervivencia de la pymes de ingeniería en las regiones, que deberán competir en desventaja con las organizaciones de la ‘economía popular’, con el agravante de que la contratación de obras que requiere altos estándares técnicos quede en manos inexpertas.

“Teniendo en cuenta que su aprobación limita la pluralidad de oferentes y coarta la libre competencia en ciertos procesos de contratación con el Estado –por cuanto se promueve la contratación directa–, es evidente que se abre un espacio para que la corrupción entre a manos llenas cuando de adjudicar un proyecto de infraestructura se trate”, dice el gremio liderado por Juan Martín Caicedo.

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La senadora Paloma Valencia también advirtió que les van a entregar a los campesinos las zonas de reserva forestal por 30 años y que más personas en el país tendrán que pagar impuestos, pues se estableció una actualización catastral masiva. “Eso significa que los prediales de todos los colombianos se van a disparar y que muchos de clase media que no estaban declarando renta van a terminar pagando”, alertó la congresista del Centro Democrático.

También se aprobó un mico sobre el que había advertido Fasecolda: que los empleados del sector público no tendrán la posibilidad de elegir su a de riesgos laborales (ARL) y se les adjudicará de manera obligatoria Positiva Compañía de Seguros, que es la pública. Esto, según el gremio de las aseguradoras, iría en contravía del principio de libre competencia y crearía un “monopolio estatal”.

Aunque no se aprobaron todas las facultades extraordinarias que pedía el presidente Petro, el Congreso sí le dio potestad por seis meses para modificar los programas de Familias y Jóvenes en Acción, intervenir el Hospital San Juan de Dios de Bogotá, crear una entidad pública para fomentar el mejoramiento de los caminos vecinales y ajustar el Grupo Bicentenario, que reúne a las principales entidades financieras públicas del país.

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De otro lado, Greenpeace denunció que el artículo 227 –que ordena la creación del Programa Basura Cero y abre la puerta a la puesta en marcha de Parques Tecnológicos Ambientales (PTA), los cuales gestionan residuos a través de diferentes maneras como la incineración– podría poner en peligro la salud pública.

Al igual hay alertas sobre el artículo que busca aumentar de manera progresiva del 1 al 6 por ciento las transferencias que deben pagar las empresas que construyan proyectos de energías renovables no convencionales, como la eólica y solar.

“No habrá hidrocarburos ni minería porque ni a la ministra de Minas (Irene Vélez) ni al Presidente les gusta, pero tampoco habrá transición energética porque quién va a invertir cuando le aumentan los impuestos”, cuestionó el senador Ciro Ramírez.

Otra alerta es la de la creación de ‘aranceles inteligentes’ para proteger algunas ramas de la producción. María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), asegura que podría abrir las puertas a innumerables pleitos internacionales con socios comerciales.

“Debemos tener en cuenta que un arancel sin justificación operativamente genera un costo mayor para el importador y también afecta el bolsillo de los colombianos, quienes al final terminan asumiendo la carga pagando por productos importados más caros, lo que sería muy grave en un escenario de alta inflación como la actual”, dijo.

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Al final del debate también quedaron las críticas con las conservadoras metas de crecimiento: “El Plan es poco ambicioso: considera unas tasas promedio por debajo del 4 por ciento. Colombia no va a ser capaz de solucionar su problema estructural de empleo con ese PIB. Por el otro lado, tiene mucha ambición en exceso de gasto”, afirmó el exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo.

Con la aprobación de la hoja de ruta para los próximos cuatro años del gobierno de Gustavo Petro, que contempla inversión por encima de los 1.154 billones de pesos, los esfuerzos de esta istración se enfocarán en cinco ejes: ordenamiento del territorio, seguridad humana y justicia social, alimentación, transformación productiva y acción climática, y convergencia regional.

El documento aprobado incluye la consolidación del Catastro Multipropósito (cuya meta es llegar al 70 por ciento de avance en este Gobierno) y el tránsito hacia el Sistema de istración del Territorio (SAT), así como la formalización, adjudicación y regularización de la tenencia de la tierra con las concesiones forestales campesinas, a través del polémico artículo 61, que se refiere a los mecanismos para la compra de tierra.

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Uno de los pilares del plan que fue aprobado por el Congreso es lo que el presidente llama ‘ordenamiento territorial alrededor del agua y justicia ambiental’. Sobre este punto fueron aprobados artículos que plantean la coordinación interinstitucional para el control de la deforestación —3,1 millones de hectáreas de bosque se han perdido en las últimas dos décadas según el Minambiente—, una estrategia para el control del tráfico de fauna silvestre y la creación de consejos territoriales de agua.

Otro de los cambios más importantes que trae la hoja de ruta del gobierno Petro es la creación de un sistema de transferencias para apoyar a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, bajo la dirección del Departamento para la Prosperidad Social.

Además, el proyecto aprobado permite la creación en firme del programa Renta Ciudadana y el de Hambre Cero. En ese sentido, la meta del Gobierno es que la pobreza extrema y multidimensional bajen a 9,6 y 7,4, respectivamente, en 2026.

En cuanto a la transformación productiva y acción climática, el foco estará en las energías renovables y en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, esto, a través de programas que abogan por la movilidad eléctrica y la creación de un registro nacional de reducción de emisiones.

NOELIA CIGÜENZA RIAÑO

Redacción Economía y Negocios

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