¿Por qué no se ha podido levantar la huelga de los sindicatos del Ministerio de Trabajo que ya completa 54 días?

Lejos de limar asperezas, las tensiones entre las organizaciones sindicales del Ministerio del Trabajo en huelga y los directivos de la cartera laboral se han exacerbado en los últimos días. El Ministerio que lidera Gloria Inés Ramírez lleva paralizado desde el pasado 31 de mayo y ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes el Comité de la Huelga le envió una carta al propio presidente Gustavo Petro pidiendo ayuda.

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“La situación ha escalado a su punto más álgido y lamentablemente se ha informado de actos de violencia por parte de los directivos del Ministerio contra los huelguistas”, se puede leer en la misiva.

La situación más crítica se presentó este lunes cuando diferentes funcionarios intentaron ingresar a las instalaciones de la sede central, situada en pleno centro internacional de Bogotá, lo que dio lugar a momentos de tensión con los sindicalistas que estaban en la puerta.

Mientras que el Ministerio asegura que los funcionarios fueron “retenidos” al tratar de ingresar para ejercer su derecho al trabajo, los sindicalistas dicen que les empujaron, entraron a la fuerza —algo que “viola” el derecho constitucional, aseguran— y les exigieron ocupar de nuevo sus puestos.

El problema es que si bien el pasado 2 de julio las partes hablaron de la posibilidad de llegar a un acuerdo para terminar el cese de las actividades, los sindicalistas dicen que lo que se firmó estaba sujeto a que les pagaran los salarios por compensación de los tiempos de servicio no laborado, y como no ha sucedido, siguen en huelga.

Sin embargo, el viceministro Iván Daniel Jaramillo, quien se desempeña como ministro encargado mientras Ramírez regresa de su periodo de vacaciones, dijo que se comprometieron a pagarles siempre y cuando estos manifestaran su voluntad de recuperar los tiempos no laborados, tal y como lo prevé el Decreto 1647 de 1967 y los conceptos de la Procuraduría y la Contraloría, algo que no ha ocurrido.

“Hemos dado la orden de pago a los más de 400 servidores públicos que han suscrito los compromisos de compensación por tiempos no laborados. Animamos a todos a reintegrarse”, manifestó Jaramillo el pasado 6 de julio.

En lo mismo coincidió la procuradora delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social, Diana Margarita Ojeda, quien indicó que “la palabra suscrita se debe cumplir”.

Del lado contrario, Gerson Cifuentes, presidente del Sindicato de Trabajadores Defensores del Mérito (Sintramérito), una de las nueve organizaciones que todavía continúa con el cese de actividades, le dijo a este medio que deben reponer los tiempos de la huelga pero no aceptan la suscripción de un formato de compensación individualizado en el cual se les obliga a “incriminarse” aceptando la no prestación de servicios sin justificación legal.

“Esta situación desconoce el derecho a la huelga del que somos titulares los servidores públicos en el país y nos deja en riesgo de procesos disciplinarios. También desconoce las decisiones judiciales que nos han garantizado el derecho a la huelga”, sentenció.

Debido a esta situación, un grupo de servidores públicos comenzó sus labores desde el pasado 9 de julio. Según la cartera laboral, en los últimos días reabrieron 17 oficinas territoriales y se encuentran trabajando a nivel nacional más de 1.500 funcionarios.

En cambio, siguen con el cese de sus funciones más de 1.000 trabajadores de nueve de las 14 organizaciones que iniciaron la huelga hace casi dos meses. Algunas de las que se retiraron durante este proceso fueron Sinaltraempros, Sinaltraseguridad y Usec.

Pese a la huelga, el Comité le aseguró a EL TIEMPO que en ningún momento se ha dejado de atender al público pues la istración ha ejercido durante este periodo “actos atentatorios con los huelguistas”.

“Atendieron desde diferentes oficinas y desde casa. Está situación es evidente en la página del Ministerio donde ellos indican cada acto atentatorio. Además, los contratistas han desarrollado trabajos misionales y han prestado servicios”, afirmó Maritza Manrique, una de las voceras.

Por ello, el Comité dice que hasta en cuatro ocasiones y por escrito solicitó a la istración que se realizara una mesa de trabajo para conciliar los servicios mínimos.

“La istración ha realizado actos de constreñimiento a los huelguistas primero quitaron las rutas, luego no cancelaron el salario ni la prima, sobre todo, a funcionarios enfermos y con calidades especiales, y ahora los hace firmar actas donde el funcionario se obliga a recuperar el tiempo de la huelga y aceptar que estuvo en cese de actividades y no en huelga violando los derechos humanos y de huelga. Además, fuimos golpeados y ultrajados por estos contratistas”, denuncian a través de este medio.

Ante ello, algunos de los sindicalistas han interpuesto tutelas e incluso varios líderes denunciaron los supuestos incumplimientos de la cartera laboral ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza.

Con el fin de buscar una solución dialogada, en la carta que le enviaron al presidente los sindicalistas le piden que designe a Edwin Palma, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, como interlocutor del Gobierno Nacional en este conflicto en reemplazo de Jaramillo. 

“Creemos firmemente que la experiencia y capacidad de Palma en la gestión de relaciones laborales serán cruciales para reconducir la situación hacia un entorno de diálogo constructivo, evitando el uso de la fuerza y garantizando el respeto por los derechos de los trabajadores”, asegura la carta.

Adicional a ello, para poder acabar el conflicto, en una rueda de prensa realizada hoy propusieron que les paguen la bonificación anual de 50 por ciento a la cual tienen derecho y que se adelanten los estudios técnicos necesarios para que los trabajadores alcancen la nivelación salarial con las otras entidades del orden nacional debido al “rezago histórico” existente.

“En el caso de que la ministra acepte esta propuesta los trabajadores se comprometen a levantar inmediatamente la huelga que ya cumple 54 días. Desde el fin de semana, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo aceptaron su mediación entre las partes y le pidieron a la ministra que acudiera a la reunión del lunes pasado, a la cual nunca llegó y envió delegados sin poder de decisión”, aseguró Eliazar Falla, una de las voceras.