Los comerciantes colombianos volvieron a mostrar su preocupación por los cambios que el gobierno de Gustavo Petro se propone hacer en materia laboral. Y es que una vez se conoció el nuevo proyecto que presentó ayer jueves Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo, al Congreso de la República, el gremio que representa a ese importante sector de la economía, Fenalco, señaló que esa iniciativa vuelve a ser una equivocación del Gobierno, toda vez que se hizo sin la debida concertación del empresariado nacional y otros grandes representantes de la sociedad.
"No se tuvieron en cuenta las sugerencias de diferentes sectores y tampoco fue convocada la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales", señaló Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, quien manifestó que, si bien están haciendo una minuciuosa lectura a ese nuevo intento por sacar adelante una reforma laboral, es importante resaltar que no fueron tenidos en cuenta para la construcción de ese proyecto.
Cabal manifestó que “es momento de una verdadera concertación que solucione principalmente el desempleo y la informalidad” e insistió en la necesidad de que una reforma de esta magnitud debe contar con la participación amplia de organizaciones como gremios, centros de investigación, centrales obreras, partidos políticos, la academia y la concertación real de todos los sectores productivos, propiciando una verdadera participación de todos los actores de la sociedad.
Seis ejes claves para la reforma
Desde cuando se planteó la idea de llevar a cabo una reforma laboral, Cabal ha manifestado la urgencia de que esta tenga en cuenta seis ejes fundamentales con miras a lograr una actualización del sistema laboral colombiano, acorde a las necesidades y los cambios que se vienen dando en este frente. Estos son:
1. Empleos que se ajusten a necesidades de horario y disponibilidad de las nuevas generaciones.
2. Jornadas de trabajo diferenciales para ciudades que trabajan en horarios especiales, para reducir cargas a la infraestructuras de servicios de las ciudades.
3. Exenciones e incentivos estatales para generación de nuevos empleos, estabilidad laboral, aprendices y recreación.
4. Beneficios para los trabajadores por cumplimiento de objetivos e índices acordados con las empresas.
5. Negociaciones colectivas ajenas a intereses políticos con acuerdos pacíficos para mejores condiciones laborales sin menoscabo de la productividad de las empresas y la competitividad del país.
6. Mérito, transparencia y formalización en los empleos públicos, que incluye, entre otros aspectos, una transición hacia la eliminación de los contratos de prestación de servicios innecesarios y hacia plantas de personal suficientes e inteligentes en las entidades públicas.