Antioquia encabeza número de muertes de líderes sociales

No hay un fenómeno de violencia del que se hable más y que cause más indignación desde que se firmaron los acuerdos de paz con las Farc –el 24 de noviembre del 2016– que el aumento de las muertes y amenazas contra líderes sociales.

El caso más reciente fue el atentado con arma de fuego y granada contra Francia Márquez Mina, ganadora el año pasado del Premio Goldman (considerado el ‘Nobel’ de medioambiente), y varios líderes sociales en Santander de Qulichao, Cauca. Caso en el cual un menor fue capturado el viernes en Caloto.

El último informe del Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (Cinep/PPP), publicado esta semana, le ha dado a los investigadores elementos para analizar este fenómeno de violencia a la luz del perfil de los líderes que están siendo asesinados y de la modalidad de exterminio que están usando ahora los autores, intelectuales y materiales.

En los últimos dos años (2017-2018), de acuerdo con el informe del Cinep/PPP, las muertes de líderes comunales y cívicos han aumentado un 71 por ciento. El documento señala que mientras en el 2017 las autoridades dieron cuenta de 20 casos de asesinatos, esa cifra se disparó a 70 en el 2018. Antioquia, con 20, es de lejos el departamento con mayor número de casos el año pasado. Le siguen Meta y Putumayo, ambos con 6, y Arauca, con 5.

Entre tanto, los ataques a defensores de derechos de las comunidades pasaron de 38, en el 2017, a 98 el año pasado, es decir, aumentaron en un 61 por ciento.

Estas cifras –dice el informe– se enmarcan dentro de una situación preocupante de violencia política que para 2018 dejó 648 muertos, 1.151 personas amenazadas y 22 desaparecidos.

Una de las estadísticas que más ha llamado la atención de los investigadores tiene que ver con el perfil de las víctimas. El informe registra que entre los 90 líderes asesinados en el periodo de dos años analizado, 39 de ellos tienen relación directa con temas como reclamación de tierras, sustitución de cultivos ilícitos, oposición a megaproyectos de minería y minería ilegal, y medioambiente, principalmente en la defensa de las fuentes de agua.

Todo parece indicar, asegura Alejandro Burgos, uno de los investigadores del Cinep que participó en la elaboración del documento, que existe una intención de golpear la base de diferentes procesos sociales.

“La nueva manera de acabar con esos procesos es victimizar las pequeñas organizaciones de base que trabajan en las periferias del país; muchas de las víctimas mortales y de amenazas son de juntas de acción comunal y veredal, de resguardos indígenas, de organizaciones campesinas, comités de víctimas, reclamantes de tierras y ambientalistas de medio perfil, entre otros”, asegura.

La otra cifra que analizan los investigadores se relaciona con la identidad de los presuntos responsables: de los 70 casos ocurridos en el 2018, en 61 de ellos no hay información clara sobre los autores, se los identifica como “hombres armados o encapuchados” o solamente como “desconocidos”.

Los investigadores del Cinep sostienen, con base en el documento, que este común denominador no es más que una nueva modalidad de operación de los grupos al margen de la ley, a la que ellos llaman “paramiltarismo de cuarta fase”.

Para el padre Giraldo, miembro del equipo de derechos humanos del Cinep, este tipo de hechos –la falta de claridad sobre los autores– está frenando las investigaciones. “Hace algún tiempo, los delincuentes, para ejercer control e intimidar, se presentaban como paramilitares del ‘clan del Golfo’, ‘Caparrapos’, ‘Águilas Negras’, etc., pero hoy se afianzan en el anonimato, lo que cambia la dinámica, aunque el fin sea el mismo, eliminar las bases comunales”, sostiene.

Para el padre Giraldo y los demás investigadores, este fenómeno, que el Cinep denomina en su informe como “ocultamiento de los autores”, está logrando camuflar los asesinatos de líderes en delitos como robos, atracos, préstamos gota a gota, líos pasionales o problemas de vecindario. “Así las cosas –reza el documento–, las víctimas nunca van a conocer ni siquiera un alias de los autores. Jamás van a conocer la verdad”.

Esta semana, la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura y el Gobierno activarán jueces especiales para agilizar los procesos por ataques a líderes sociales y defensores de derechos humanos.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, sostuvo que hay sentencias condenatorias en casi el 60 % de los casos en juicio. “Lo que queremos es que si ya hemos hecho las imputaciones y las acusaciones y tenemos más de 250 capturados por ataques a líderes sociales, que haya sentencias rápidas”, dijo.

Los juzgados estarán en zonas con más ataques como Nariño, Cauca, Antioquia y Norte de Santander. Según cifras de la Fiscalía, organizaciones criminales (como se identifica a grupos ilegales dedicados al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal) son responsables del 57 % de asesinatos de líderes sociales desde enero del 2016, que son 274, con base en la cifra de los crímenes certificados por la oficina de DD. HH. de la ONU.

Se han tomado decisiones judiciales para aclarar plenamente 157 de los asesinatos. En total, según la Fiscalía, hay 244 detenidos, 68 con órdenes de captura por su vinculación con esos ataques.

REDACCIÓN DOMINGO

EL TIEMPO