Arauca arranca el año ‘sitiada’ por guerra entre Eln y disidencias

El crecimiento significativo en el número de integrantes y la expansión territorial de los grupos armados en Colombia anticipan un crítico panorama en materia de seguridad y violencia en este 2025. A pesar de que el Gobierno busca avanzar en la consolidación de la ‘paz total’, las negociaciones no han progresado adecuadamente y expertos vaticinan que es probable que se experimente un estancamiento en las diferentes mesas.

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Cifras oficiales dan cuenta que el ‘clan del Golfo’ pasó de tener 7.062 integrantes a mediados de 2024 a 9.000 a inicios de este 2025, de acuerdo con el último conteo, y sus tentáculos están extendidos en 238 municipios de 16 departamentos; mientras que las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), de ‘Iván Mordisco’, tendrían en la actualidad unos 3.500 hombres entre sus filas, con una presencia en 14 departamentos, teniendo como bastión Cauca, Valle del Cauca, sur de Bolívar, Norte de Santander y Arauca.

Por su parte, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) tendría unos 6.000 hombres con presencia en 19 departamentos, y su estructura más fuerte es el frente de guerra Oriental, que lidera alias Pablito, el cual tiene presencia en Casanare, Vichada, Guainía y Arauca, todos en la frontera con Venezuela.

Precisamente, este último grupo, en su disputa por el territorio de Arauca con las disidencias de ‘Iván Mordisco’, ha sido el principal dinamizador de la violencia en esa zona del país que a lo largo de 2024 dejó, al menos, 13 líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos asesinados y otros 300 homicidios entre enero y noviembre del año pasado, según Medicina Legal.

Lo anterior, sin contar las 41 acciones terroristas realizadas contra los oleoductos Caño Limón-Coveña y Bicentenario, y los ataques contra instalaciones militares, que en su mayoría fueron cometidos por el Eln. Según el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el EMC perpetró 6 acciones terroristas el año pasado en ese departamento.

Mientras que la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, en septiembre de 2024, destacó una intensificación de las disputas entre los Grupos Armados No Estatales, especialmente en el área rural de los municipios de Arauquita, Puerto Rondón y Tame, que dejaron 5.812 personas afectadas por confinamientos y desplazamientos.

En el inicio de 2025, esa dinámica no cambió, pues en los primeros días del año, las autoridades reportaron el secuestro de un firmante de paz y su familia, combates entre el Ejército y el Eln y un ataque terrorista que dejó como víctimas a dos uniformados, quienes se encontraban realizando labores de seguridad en el municipio de Saravena.

Lo anterior evidencia un recrudecimiento de la violencia en ese departamento, lo que ha llevado a varias organizaciones a pedir la intervención inmediata de las autoridades estatales.

En Arauca se mantiene vigente el diagnóstico realizado por la Defensoría del Pueblo, en una alerta temprana: “Un cambio radical en la dinámica del conflicto armado en el territorio”, al iniciarse una confrontación armada entre las dos organizaciones subversivas, que desde el rearme de las disidencias de las Farc “habían compartido tanto el interior del departamento como la franja fronteriza binacional”.

En esta zona, los actores armados se han fortalecido y expandido geográficamente, lo que ha dado lugar a fragmentación y disputas entre estos grupos.

El Eln tiene más de 800 integrantes en armas y redes de apoyo en ese territorio, lo que concentra una tercera parte de las acciones de esta guerrilla en todo el país. Dicha presencia se ejerce a través del frente ‘Domingo Laín’ que es la estructura responsable del 25 por ciento de todos los movimientos de ese grupo armado a nivel nacional.

Mientras que las disidencias, agrupadas en el denominado Comando Coordinador de Oriente con los frentes 10, 45 y 28 que responden a ‘Iván Mordisco’ suman un aproximado de 400 integrantes y redes de apoyo.

Para los grupos criminales, mantener el control sobre una franja de frontera porosa resulta estratégico. Mucho más cuando al otro lado de la frontera existe la posibilidad de realizar, con dificultades manejables dada la corrupción de las autoridades venezolanas, envíos a gran escala de la cocaína que se mueve desde Colombia.

El más reciente informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), señala que en la región de la Orinoquía (en la que está incluida Arauca), a corte de 2023, había sembradas 343 hectáreas de matas de coca.

Para Jorge Mantilla, experto en conflicto, la fuerte presencia de estos grupos armados en Arauca podría desatar “un mayor impacto de la violencia”, una situación que también podría replicarse en el sur de Bolívar y Norte de Santander. “Todos estos espacios ya venían en deterioro”. 

Igual percepción tiene Luis Trejos, director del Centro de Pensamiento UNCaribe de la Universidad del Norte, quien considera que la situación de Arauca es compleja en la medida en que en esa zona hay una guerra horizontal entre el Eln y las disidencias del EMC. “Acá los grupos atacan a quienes creen que son la base social de su enemigo, de ahí el alto número de asesinatos de civiles y secuestros”. “En este departamento hay como telón de fondo un enfrentamiento entre el Eln y la Fuerza Pública; este escenario fue el que frenó los diálogos entre esa guerrilla y el Gobierno cuando atacó a un batallón del Ejército”, indicó el académico.

Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia de la International Crisis Group, advierte de nuevos elementos en la violencia que golpea a Arauca.

“Esta guerra entre dos grupos ilegales no es nueva, pero se pueden destacar nuevos elementos que han recrudecido el enfrentamiento: parece haber tensiones dentro del mismo Eln en Arauca. Todo indica que dentro de ese grupo hay muertos y desaparecidos, lo que se traduce en una purga interna por el liderazgo y direccionamiento de la organización en ese departamento”, dijo la experta. Y el otro cambio registrado por Dickinson es el despliegue de la Fuerza Pública tras el levantamiento de los ceses de fuego, lo que ha provocado la reacción violenta de los grupos que se habían acomodado a las ventajas colaterales de la ‘paz total’, con el consecuente impacto directo en la seguridad de la población civil”.

Gerson Arias, del grupo de investigación de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), asegura que otro factor que se ha visto en Arauca es “el desfase que existe entre la estrategia de seguridad y la realidad en el terreno”, dada la frecuencia y el alcance de los golpes de los ilegales, especialmente del Eln, en contra de la Fuerza Pública. Arauca está entre los cinco departamentos del país con más policías y soldados asesinados en cumplimiento de su deber.

Agrega que el Estado allí tampoco ha logrado resolver un reto histórico: la desconfianza de las comunidades hacia la Fuerza Pública: “Esto requiere una estrategia gradual, pero sostenida, que combine espacios de diálogo, mejor trato a los ciudadanos, un trabajo de contrainteligencia oportuno y una mayor eficacia en las operaciones militares y de judicialización contra los dos grupos armados ilegales imperantes”. 

En esa vía, Trejos advierte que en ese territorio se necesita que el Estado “recupere el monopolio de la violencia”, toda vez que es poco probable que la ‘paz total’ sea el mecanismo a través del cual se logre poner fin a la violencia que, como en el pasado, sigue teniendo en Arauca uno de sus escenarios más violentos.

Redacción Justicia