Arremetida de las disidencias en Catatumbo y Valle agudizan la crisis de orden público en el país

En las últimas dos semanas, luego de la escalada violenta de los grupos armados con el ‘plan pistola’ que dejó como saldo el asesinato de 19 policías y cuatro militares, las disidencias de las Farc, específicamente las comandadas por ‘Iván Mordisco’ y alias Calarcá han arreciado sus atentados y disputas en Valle de Cauca, la región del Catatumbo, Meta y Caquetá, lo que ha llevado a un deterioro del orden público.

(Lea: Defensora del Pueblo alerta grave situación humanitaria en Buenaventura por disputa entre el Eln y ‘clan del Golfo’) 

El caso más reciente se registró la noche del domingo en Cali, donde integrantes de la estructura ‘Jaime Martínez’ detonaron 18 kilos en el barrio Los Lagos, oriente de la ciudad.

“Nosotros cuando vemos ataques de este tipo, que es una bomba aparentemente de 18 kilos de pentolita. Esto no es cualquier bobada, y la segunda en más o menos 20 días, pues, aquí ya hay un problema que se debe atender con contundencia”, dijo el alcalde de la capital de Valle, Alejandro Eder.

Este atentado dejó tres uniformados y cuatro civiles heridos, es por ello que las autoridades ofrecieron hasta una recompensa de hasta 300 millones por información que conduzca a la captura de los responsables.

En diálogo con EL TIEMPO, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, encendió las alarmas frente a la creciente ola de violencia que azota al departamento, particularmente en zona rural de Jamundí y en la ciudad de Cali, tras una serie de atentados atribuidos a grupos armados ilegales.

En la entrevista, Toro expresó su preocupación por el recrudecimiento de la inseguridad desde el año pasado y lanzó un llamado urgente al Gobierno Nacional para que asuma su responsabilidad en la recuperación del orden público en la región “La situación es bastante grave”, advirtió la mandataria, señalando que el Valle, al estar en frontera directa con departamentos como Cauca y Chocó, ha heredado problemáticas históricas como la presencia de disidencias armadas y corredores del narcotráfico.

De hecho, la Defensora del Pueblo, Irís Marín durante una visita de dos días al Bajo Calima, Buenaventura, documentó el profundo deterioro humanitario y de derechos humanos que enfrentan las comunidades afrodescendientes e indígenas de la región.

En su declaración, Marín advirtió que la persistente disputa armada entre el Eln y el ‘clan del Golfo’ —este último actuando en alianza con el frente Jaime Martínez de las disidencias de ‘Iván Mordisco’— generó una alarmante crisis que afecta gravemente la vida, integridad y dignidad de más de 4.000 personas. La mayoría de ellas pertenecen al Consejo Comunitario del Bajo Calima y al pueblo indígena Guanán, del Resguardo Santa Rosa de Guayana.

Pese a lo que se vive en Valle, la región del Catatumbo sigue siendo el epicentro de la crisis de orden público. Esa región de Norte de Santander desde el pasado 16 de enero no ha tenido tregua con los constantes enfrentamientos entre el Frente 33 y el Eln, que ya deja un saldo de, al menos, 110 homicidios, 66 mil desplazados y 23 mil confinados.

Ante esa situación, la defensora señaló que la situación de Catatumbo “demuestra que el Frente 33, al igual que el Eln, sigue sin respetar el principio de distinción entre combatientes y civiles, y persiste en responsabilizar a las comunidades por sus crímenes”.

Marín cuestionó si el Frente 33 realmente está comprometido con una ruta de paz y desarme, o si, por el contrario, está escalando el conflicto contra el Eln a costa de la población civil. “Es inaceptable y extremadamente doloroso que los niños estén siendo asesinados y que los responsables pretendan culpar a las víctimas. La guerra no puede seguir siendo normalizada”, concluyó.

En las últimas semanas, el Catatumbo ha sido blanco de múltiples ataques de drones cargados con granadas, dejando un saldo devastador: seis personas asesinadas —entre ellas tres soldados, dos menores de edad y un adulto mayor—, más de 20 heridos.

La ofensiva más reciente ocurrió en el municipio de Tibú, donde se confirmó que el Eln y el Frente 33, estarían detrás de los ataques. Estas organizaciones han trasladado su táctica de guerra con drones, previamente desplegada en el Cauca, hacia el Catatumbo, con el objetivo de consolidar el control sobre enclaves estratégicos del narcotráfico.

“Lo más grave no es solo el número de muertos, sino las claras violaciones al Derecho Internacional Humanitario”, advirtió el mayor general Giovanni Rodríguez León, comandante de la Segunda División del Ejército, quien señaló varios factores clave detrás del uso de estos dispositivos en esa región: el control delictivo del territorio en los límites entre El Tarra y Tibú, la instalación de artefactos explosivos improvisados y el incremento del reclutamiento forzado de menores.

Solo la semana pasada se reportaron más de siete ataques con drones en esta zona, que dejaron un soldado y dos menores asesinados, además de más de 15 heridos.

En otro hecho, un adulto mayor fue asesinado en el sector de Acarí, tras la activación un explosivo improvisado. Según las autoridades, al menos 20 civiles han resultado heridos por estos dispositivos.

Fuentes judiciales le indicaron a EL TIEMPO que los ataques del Frente 33 se debe a que muchos de los integrantes del Eln han optado por refugiarse en las viviendas de los habitantes de la región. “En razón de ello, la comunidad resulta ser la más afectada”, dijo.

A la situación entregada por la defensora, la entidad también reporta que entre enero y abril de 2025, Colombia ha sido testigo de una grave realidad: 69 lideresas y líderes sociales asesinado, 20 firmantes de paz asesinados y 22 masacres con 67 víctimas.

“Norte de Santander, Antioquia, Cauca y Valle del Cauca son los departamentos que concentran el mayor número de víctimas. Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado urgente para frenar esta escalada de violencia y proteger a las comunidades en riesgo. Se debe garantizar la vida, la paz y los derechos humanos en todos los territorios”, señaló la entidad en un reporte a través de la red social X.

Iván Andrés Carvajal Hurtado, consultor en Seguridad y experto en Inteligencia Estratégica, señaló que el Gobierno Nacional “centralizó la solución, pero descentralizó el problema”; a su criterio, siguen los alcaldes y el gobernador de Norte de Santander respondiendo por el orden público del Catatumbo, sin las herramientas y sin el presupuesto. “Hay un obstáculo y es total desequilibrio institucional en cuanto a las reglas de juego, digamos que el Estado no ha permitido delegar unas funciones en los alcaldes y gobernadores y mucho menos delegar presupuestos nuevos para la seguridad”, dijo.

Además, señala que hay un desbalance en la Fuerza Pública. “Los ingresos del sector defensa y de los criminales no son proporcionales porque el presupuesto general es cerca de 500 billones de pesos y de eso, el 10 % le pertenece al sector defensa, como unos 50 billones de pesos que representan 11 mil millones de dólares al año”. Para el experto, en contraste, la renta criminal del país equivale a 16 mil millones de dólares. “Es decir, 400 mil hombres y mujeres en armas del Estado con 50 billones poco tienen que hacer contra más de 15.000 criminales con una renta de 16 mil millones y todas las garantías de movilidad y flexibilidad”.

Redacción Justicia